La Comisión Reguladora de Energía, la entidad encargada de vigilar el buen funcionamiento de la industria eléctrica en México, impuso una multa de nueve mil 145 millones de pesos (466 millones de dólares) a Iberdrola Energía Monterrey, filial de la empresa energética española Iberdrola, por vender electricidad a los socios de su planta en Monterrey que opera con un permiso de autoabastecimiento.

El regulador dijo en una resolución administrativa que la empresa comercializaba la energía generada en la central eléctrica Dulces Nombres, que administra Iberdrola Energía Monterrey, entre sus socios consumidores, una acción que contraviene, argumentó la autoridad, lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

"La actividad de generación y suministro de energía eléctrica que la permisionaria realiza a sus socios, a cambio de una contraprestación económica, constituye una venta o enajenación, actividad que no le fue ni se le tiene permitida en virtud de la prohibición expresa que prevé la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento", dijo el ente regulador, en el documento de resolución sobre el procedimiento administrativo contra Iberdrola.

La figura de autoabastecimiento es una modalidad de permiso de generación de energía eléctrica prevista en la LSPEE, que permite a personas físicas o morales asociarse para operar una planta y generar electricidad para su propio consumo, sin que exista un pago por ello para alguno de los socios.

El sector privado, de acuerdo con la legislación vigente, puede participar, además de la generación, en la importación y exportación de energía eléctrica, siempre que sea para uso propio o para venderla exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa eléctrica estatal.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en contra de esta figura, bajo el argumento de que grandes corporativos de la industria energética como Iberdrola, Enel, Mitsui y Saavi la utilizan para revender electricidad a otras compañías como las de consumo Femsa, Walmart y Bimbo.

El gobierno del titular del ejecutivo intentó cancelar todos los permisos de autoabasto a través de una reforma constitucional, misma que no fue aprobada por el Congreso en abril.

No obstante, los cambios a la Ley de la Industrie Electrica que propuso López Obrador en marzo de 2021 y que aprobó el Congreso no fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que con ella la CRE adquirió factultades para revocar los permisos de autoabasto que no cumplan con las disposiciones de la legislación mexicana, aunque claro que las empresas sancionadas pueden presentar amparos ante las acciones de la autoridad.

Bajo esa legislación, la Comisión inició un procedimiento administrativo en contra de la filial de Iberdrola en enero de este año, a propósito de su permiso para generar energía.

A lo largo del mes siguiente, la compañía española estuvo en comunicación con las autoridades y ofreció documentación en su defensa, la que al parecer no fue suficiente para comprobar su inocencia.

La contravención a la Ley habría ocurrido entre enero de 2019 y agosto de 2020, de acuerdo con la resolución de la CRE.

No es claro si Iberdrola tiene a su disposición recursos legales para evitar la multa y la compañía no se ha pronunciado al respecto de lo anunciado por las autoridades.

Esta y otras acciones, como la reforma constitucional desechada el mes pasado, forman parte de una estrategia de la administración federal actual por intentar recuperar el control estatal del sector energético luego de su apertura a los capitales privados --nacionales y extranjeros-- en 2013. La estrategia busca además aumentar supuestamente las capacidades de las empresas estatales CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), en detrimento de los privados.

La estrategia ya ha traído desencuentros gubernamentales con compañías extranjeras, algo que ha minado la confianza para invertir en el país, por el cambio de reglas que ha intentado imponer el actual gobierno para dar un giro de 180 grados a la apertura aprobada en el sexenio pasado.

En septiembre de 2021 el gobierno ejecutó el cierre de una terminal de almacenamiento de hidrocarburos localizada en Tuxpan, Veracruz, perteneciente a la estadounidense Monterra Energy, una medida que esa empresa considera ilegal y por la cual ya advirtió que se defenderá a través de un arbitraje internacional.

Este año la propia Iberdrola fue demandada por la CFE por 190 millones de dólares, como parte de un arbitraje internacional que inició en marzo de 2021 a propósito de una multa contra la europea.

El sector energético no ha sido el único donde el gobierno actual, encabezado por el partido en el poder, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha contravenido los intereses de empresas privadas.

En 2020, tras una polémica consulta, el gobierno canceló la construcción de una planta de producción de la cervecera Constellation Brands en Baja California. Este año además, México suspendió parcialmente las actividades de la extractora de materiales para la construcción Vulcan Materials en el estado de Quintana Roo y luego suspendió su permiso de exportación, por presuntas violaciones ambientales.