Comuneros de San Miguel Xaltocan denunciaron ayer que el acuerdo firmado hace ocho días con el gobierno federal para desalojar las 128 hectáreas donde se construirá la entrada principal del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, fue incumplido.

70 hectáreas de cebada tenían sembradas los comuneros de Xaltocan; esperaban cosecharlas en breve

Durante la toma de esas 128 hectáreas, entre el 8 de junio y el 14 de noviembre, los comuneros sembraron 70 hectáreas con cebada. Entre los 12 compromisos suscritos con la Secretaría de Gobernación, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, uno de los puntos era respetar la siembra del cereal hasta la cosecha, para que los comuneros la comercializaran, ya que el gobierno no se las quiso comprar.

Tras la firma del acuerdo, publicado el domingo pasado por Excélsior, maquinaria pesada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), resguardada por efectivos de Policía Militar, trabajó sobre la zona sembrada con la cebada; destruyó los plantíos y aplanó el terreno para hacer caminos por donde circulan ya los camiones que transportan el material para la construcción, denunciaron los comuneros.

El malestar del grupo de 170 comuneros, que había estado en plantón permanente sobre las 128 hectáreas —que están en litigio por parte de dos presuntos propietarios, Inmobiliaria Zumpango y Raúl Romero Zenizo—, provocó que el grupo de 722 comuneros del lugar volvieran a establecer comunicación, pero, además, que una parte del pueblo indígena de San Miguel Xaltocan se uniera al repudio por el incumplimiento del acuerdo de la semana pasada.

20 mdp recibiría el pueblo de San Miguel Xaltocan para la rehabilitación de la iglesia del lugar. Sólo les dieron 2

Parte del pueblo de Xaltocan se unió al disgusto de los comuneros, ya que esta semana recibieron una noticia que no les agradó en lo absoluto.

En los acuerdos del 10 de marzo de 2019, durante la consulta indígena para la construcción de la nueva terminal aérea, una de las obras comprometidas, además del reparto de 617 hectáreas entre los comuneros, fue la rehabilitación de la iglesia del lugar, con una suma de 20 millones de pesos. Hace tres días funcionarios de la Sedatu llegaron con los pobladores para entregar dos millones de pesos para la reparación del templo y les avisaron que el resto, los 18 millones, serán prorrateados durante los próximo 4 años.

Este hecho, según la denuncia de los pobladores, indignó a la comunidad y temen que los demás compromisos asumidos desde marzo del año pasado y ahora los convenidos con los comuneros, como la inversión de 384 millones de pesos en obras de infraestructura, no se realicen en los tiempos establecidos.

Los doce puntos del acuerdo incumplido, entre los que están la inversión de 384 millones en obras de infraestructura, la convocatoria para una asamblea electiva entre los comuneros y el respeto a la siembra de cebada hasta su cosecha fueron firmados por Rabindranath Salazar Solorio, titular de la subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación; por Sedatu, los subsecretarios Daniel Fajardo Ortiz, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Ordenamiento Territorial, Ricardo Cervantes Peredo; por la CND, Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas y, por los comuneros, José Luis González Martínez.

Este desencuentro entre el gobierno y los comuneros, más la sorpresa de no haber obtenido lo comprometido para la rehabilitación del templo provocó, según pobladores, que la gente se organice para tomar otras medidas. Aunque no se adelantaron a decir cuáles podrían ser.

Se espera que en las próximas horas los comuneros se reúnan con gente del poblado para definir un plan de acción, sobre todo porque, según los pobladores, las autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ya respaldaron a los de Xaltocan.

En un intento por salvar el acuerdo y para que los pobladores de Xaltocan no tengan un plan de acción, Carlos Benítez Urióstegui, director de Consensos de la Segob, pidió a los comuneros no romper el lazo de comunicación, toda vez que cancelaron un recorrido de inspección por la zona; y a nombre del subsecretario Rabindranath Salazar se comprometió a deslindar responsabilidades de este incumplimiento.