El gobierno de AMLO advierte que deberá expropiar suelo a ejidos y comunidades cercanas a la base aérea para llevar a cabo el proyecto del nuevo aeropuerto.

Los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudieran estar marcados por la expropiación de tierras ejidales y comunales aledañas a la base aérea de Santa Lucía, pues la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) propone que la compra de terrenos se realice durante el primer trimestre de 2019.

De acuerdo con un documento elaborado por la dependencia y al que tuvo acceso Expansión, la adquisición del suelo será facilitada a través del Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).

Las expropiaciones son consideradas una “acción prioritaria” que deberá concretarse dentro de los primeros tres meses del 2019, según indica el plan de la Sedatu. La dependencia propone que haya “diálogo y acuerdos” con los actuales propietarios para lograr que las expropiaciones sean de forma “concertada”.

Luego de que el equipo de López Obrador decidió cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco , anunció que la opción más viable sería conservar el aeropuerto actual de la Ciudad de México, además de construir nuevas pistas en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Adecuar la actual base militar para su uso comercial requiere que el gobierno federal identifique el suelo necesario para expropiarlo y contar así con reservas territoriales suficientes para la construcción o ampliación futura del proyecto.

“Se llevará a cabo la expropiación concertada con núcleos agrarios, para la adquisición de suelo de respaldo al proyecto aeroportuario, para viviendas y proyectos estratégicos”, según el documento de la Sedatu.

La dependencia federal ha identificado dos zonas de impacto: la primera en un radio de 10 kilómetros a la redonda de la base área (donde existen seis municipios) y la segunda a 20 kilómetros (donde hay otros 16 municipios).

Dentro de esas zonas susceptibles de impacto existen 101 núcleos agrarios, de los cuales 98 son ejidos y tres comunidades; el gobierno deberá identificar los terrenos que habrán de ser expropiados.

Para gestionar la adquisición el suelo, el gobierno lopezobradorista prevé “diálogo y acuerdos agrarios con ejidatarios y comuneros para lograr una expropiación concertada”.

En el sexenio foxista, las autoridades intentaron sin éxito un acuerdo con los propietarios de terrenos en el poblado de San Salvador Atenco y sus cercanías, también en el estado de México, para construir el fallido aeropuerto que sustituyera a la actual aeródromo de la capital del país.

La Sedatu ha identificado que en la zona de impacto cercana a Santa Lucía existen 1.2 millones de viviendas, de las cuales poco más de 250,000 están abandonadas; además de que existe una gran cantidad de vacíos urbanos y baldíos desaprovechados.

Los municipios mexiquenses más próximos a la base área y que podrían resultar más afectados son Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla, además de Tizayuca, en Hidalgo.

Como parte del proyecto integral del nuevo aeropuerto, la Sedatu propone un plan para que la zona alrededor de Santa Lucía mejore su entorno, infraestructura, vivienda, áreas verdes, conectividad y supere sus problemas de marginación y violencia.

El documento de Sedatu no detalla los recursos económicos que serían necesarios para realizar las expropiaciones, sin embargo, se prevé que el gobierno presente al Congreso el 15 de diciembre su propuesta de paquete económico para el próximo año y, los diputados deberán aprobar partidas presupuestales para que la administración federal liquide los contratos del anterior proyecto en Texcoco y comiencen los nuevos trabajos en Santa Lucía.



Fuente: expansion.mx