- Si no cambian las instituciones y la clase política nunca se dejará de “normalizar” el problema; la única manera de enfrentarlo es dejar de ver la corrupción como algo necesario.

Hay que partir de que la corrupción como elemento inherente a los mexicanos es una burbuja imaginaria que es fácil romper, observaron los expertos que integraron el sexto panel "Normalización y Racionalización de la Corrupción", del Encuentro Nacional Anticorrupción 2018, en la capital del estado.


Alejandro Poyré, profesor e investigador en temas de democracias, libertades y prosperidad, fue el moderador es este panel y opinó que la corrupción es una prioridad a resolver en todos los gobiernos y países.


Como primer participante, Fernando Nieto Morales, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México (ColMex) estableció que la corrupción sí está normalizada en México pero no debe continuar así.


Advirtió que este delito es tan tolerado en el país, que su frecuencia, percepción o victimización es cercana a la del robo, toda vez que se considera un medio factible, razonable e incluso necesario para resolver problemas cotidianos.


El hecho de que en muchas de las estructuras sociales, políticas y económicas se haya convertido en un modo de vida, tiene tres factores de riesgo importantes: reglas poco creíbles, rentabilidad percibida y normas descriptivas


“Es decir, en la medida en que las reglas la permiten o la alientan, que las personas se convencen de que no tienen otra opción, que es provechosa y que es permisible, tolerable o inevitable”, precisó.


No obstante, también los funcionarios han contribuido a esa percepción pues de dos mil funcionarios federales entrevistados, una tercera parte de la muestra considera “normal” que les den regalos o dinero.


Un aspecto que los hace proclives, es que ven que otros compañeros lo hacen, entonces su mente lo racionaliza y cognitivamente lo admite como productiva, arguyó.


“Lo que tendríamos que estar haciendo es modificar la expectativa de consecuencias, porque de otra manera no va a ‘desnormalizarse’. Si entendemos los factores de riesgo podemos diseñar intervenciones mucho más acotadas, puntuales y con mejores miras, para transitar de un modelo punitivo a uno preventivo”, arguyó.


A su vez, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, refirió como ejemplo de la normalización de la corrupción al “factor ultracorrupto que ocurrió en México” a través del caso de la Compañía Operadora de Teatros SA de CV (Cotsa).


Su sistema simboliza la permisividad como regla de Estado, pues permitía que la gente entrara a la hora que quería pues había funciones continuas, que los niños corrieran en los pasillos y otra serie de trasgresiones, sin consecuencias.


Esto era un acto de corrupción “normalizada” que te hacía pensar en que estaba bien e incluso se arraigó el concepto de “mexicanidad”, pero una nueva cadena de cines tipo estadio, demostró que no tenía que ser de esa manera.


“En un sistema muy corrupto quien llega con un alfiler y pincha la burbuja de esa corrupción imaginaria, le demuestra a todos los que estaban dentro y que pensaban que era normal, que no era cierto, se dan cuenta y cambian. Tomó dos semanas cambiar el comportamiento de 1.5 millones de personas”, puntualizó.


Enfatizó que aunque la tecnología ha hecho un papel trascendental en romper esas burbujas, se trata de construir instituciones para el tipo de personas que realmente somos, con controles específicos.


“Si no cambian las instituciones, si no cambia la clase política, nunca vamos a dejar de normalizar el problema porque quienes la prefieren normalizada (la corrupción), son ellos. La única manera de enfrentar a la corrupción en el mundo es una coalición”, puntualizó.


Oliver Meza, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica Región Centro, cerró el panel al señalar que hay que pensar en las “ventanas” o tácticas de interacción entre Estado y ciudadanía, que además de un riesgo son oportunidad cuando se saben administrar.


Acotó que se ha investigado que solo dos de cada 10 ciudadanos aceptan que es válido dar “mordida” para evitar una sanción, pero en su mayoría la justifican si participaron en el acto de corrupción: “Y así se forma la cultura del Estado y de la ciudadanía”.


Finalmente refirió que el costo promedio de un acto de corrupción es de dos mil 200 pesos, que si se mide en el 20 por ciento de los 119 millones de mexicanos que dicen estar dispuestos a pagarlo, significan 78 mil millones de pesos anuales, que es 10 veces mayor al monto de la “Estafa Maestra de Veracruz”.