- Daniel Vázquez, César Chávez, Jorge Emilio Iruegas, Pablo Héctor González y Cecilia Soto participaron en el Cuarto Panel del ENAC sobre “Procuración de Justicia e Impunidad"..

La profesionalización de los servidores públicos y los adecuados mecanismos de medición, son la clave para erradicar la corrupción, analizaron los panelistas del cuarto foro “Procuración de Justicia e Impunidad" del Encuentro Nacional Anticorrupción (ENAC), en la capital de Chihuahua.


Como moderadora participó la articulista e investigadora, Cecilia Soto, quien señaló que el ENAC deberá entregar conclusiones factibles para reducir los índices de corrupción, así como medidores adecuados sobre los incumplimientos legales.


Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor investigador con énfasis en Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, fue el primer participante del panel.


Opinó que es más importante aplicar procedimientos e investigaciones funcionales, que incrementar penalidades.


Informó que en México se cometen 38 millones de delitos al año, pero muy pocos son denunciados y eso bloquea la correcta indagación o sanción, pues solo se pueden medir fragmentos.


Lo anterior se traduce en que el índice de impunidad, es decir, delitos que no recibieron sanción, es de un 95 por ciento, tan solo en los registros de 2010 a 2016.


Mencionó que México es el peor posicionado por estos indicadores, comparado con los competidores económicos más cercanos, pues la investigación identificó que está ligado directamente al ingreso económico per cápita.


“Por cada unidad de corrupción perdemos poco más de siete mil dólares, pero se potencia cuando hay interacción con la impunidad y llega a 8 mil 359 dólares de PIB per cápita”, explicó.


Puntualizó que hay un problema de “impunidad estructural” debido a que no hay sanciones prácticamente en ninguna de las responsabilidades para los servidores públicos y cuando se aplican, el 70 por ciento son muy bajas.


“Lo que nosotros tenemos es una corrupción endémica, en donde el Estado lejos de ser una aliado en la lucha contra la corrupción se convierte en un abierto obstáculo, no solo no ayuda sino que está para bloquear”.


“Es un problema de captura estatal…tenemos democracia sin controles y contexto de redes de macrocriminalidad…en un régimen político integrado por cinco elementos, entre los que destacan la negación, la simulación, la corrupción y la impunidad”, agregó.


César Chávez Flores, exvisitador general (subprocurador) de la Procuraduría General de la República (PGR), del 2009-2012 y 2015-2016, en su intervención sugirió componentes para integrar a las fiscalías Anticorrupción.


Los prioritarios, subrayó, deben ser los de casos emblemáticos cometidos por funcionarios públicos, según el nivel, el monto del quebranto y la trascendencia mediática.


Apuntó que al perseguir el delito solo en las administraciones y no en las que están en función, es selectividad de justicia y “es otra forma de impunidad”.


Agregó que el manejo del recurso público, del enriquecimiento ilícito y delitos de cohecho y extorsión, debieran ser los tres bloques fundamentales a abordar por las fiscalías Anticorrupción.


Jorge Emilio Iruegas, fiscal anticorrupción del Gobierno del Estado de Oaxaca, enfatizó que este tipo de fiscalías requieren disponer de personal verdaderamente profesional que las administre.


“Uno de los mayores actos de corrupción es que el funcionario público no tenga los conocimientos necesarios para desempeñarse en el campo”, apuntó.


Pablo Héctor González Villalobos, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (STJE), fue el cuarto participante del panel y consideró que el fenómeno de la corrupción está vinculado a la lógica del crimen organizado.


“La corrupción en la mayoría de los casos responde a redes y hablar de redes es hablar de organizaciones y por lo tanto la corrupción inserta en este contexto, es una corrupción que tiene todas las características del crimen organizado”, precisó.


Agregó que es necesaria una ley que combata el crimen organizado desde los estados, con herramientas como la figura del agente encubierto, más criterios de oportunidad para reinserción y accesos a bases de información, porque la legislación federal no funciona.