- Comparece Arturo Fuentes ante el Congreso para explicar razones del aplazamiento, así como la reintegración de carretas de cuota a los activos del Estado.

El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, compareció ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para explicar la razón por la cual se postergó la subasta pública para refinanciar la deuda bancaria de Chihuahua, la cual asciende a 20 mil 404 millones de pesos.

De igual manera, explicó la razón de la reintegración de las carreteras de cuota a los activos del Estado y señaló que la anterior administración pretendía enajenarlas para utilizar los recursos sin atender la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua en materia de enajenación de bienes.

Respecto a la deuda, ante representantes de las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso local, Fuentes Vélez expuso que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) retiró la Garantía de Pago Oportuno (GPO), una de las fuentes que soportan el paquete de refinanciamiento.

En torno a la fecha de realización de la subasta, Fuentes Vélez anunció que será hasta enero próximo, a solicitud de los propios bancos inscritos, fecha para la cual se tendrá una definición de Banobras acerca de su aportación como GPO.
Fueron las diversas instituciones bancarias inscritas en la subasta las que pidieron tiempo para hacer su propuesta de refinanciamiento, añadió.

La participación de Banobras es importante para ofrecer una mayor garantía a los bancos oferentes, aunque no afectaría en mayor medida la expectativa de reducir las tasas de interés de la deuda bancaria del Gobierno del Estado, dijo.

Acerca de la solidez del proyecto de refinanciamiento, indicó que dos calificadoras le han dado altas calificaciones por la fortaleza y solidez del proyecto. En el caso de HR Ratings, dio su más alta calificación, mientras que Moody´s dio la segunda más elevada que puede dar. “Equivale, dijo Fuentes Vélez, a que la una nos ponga un 10 y la otra un 9.5”.

De la participación de Bancomer como agente estructurador de la subasta, mencionó que se optó por ese banco por ser una institución con amplia experiencia en ese tipo de procesos de refinanciamiento.

Añadió que hasta la fecha, ninguno de los otros 12 bancos inscritos en la subasta han expresado reservas por el hecho de que sea Bancomer el agente estructurador.

Dicha institución crediticia es la líder en México y América Latina en colocación o estructuración de créditos sindicados, ya que ha realizado las operaciones recientes más importantes en el mercado financiero del país.

Respecto al tema carretero, Fuentes Vélez informó que anterior administración pretendía vender las carreteras de cuota del estado y disponer libremente del ingreso que esa operación generara, y sin sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua en materia de enajenación de bienes del Gobierno del Estado.

Expuso que, en el decreto 1039/2015 que aprobó el Legislativo en el año 2015, se autoriza el Poder Ejecutivo para que enajene o venda la totalidad o parte de las carreteras de peaje del estado, sin ajustarse a las disposiciones legales establecidas para ese efecto.

En aquel decreto, el Legislativo le dio autorización al Ejecutivo para que dispusiera libremente de los ingresos que generara dicha venta, señaló Fuentes Vélez, quien se refirió al artículo 24 del citado decreto para hacer su afirmación.

Asimismo, se le daba autorización al Ejecutivo para hacer la venta sin necesidad de apegarse a lo dispuesto en el artículo 71 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, en el cual se obliga al Gobierno a aplicar procedimientos específicos para la venta de sus bienes, como la subasta pública.

Indicó que la anterior administración entregó las carreteras de peaje a una empresa paraestatal denominada “Fibras Estatales de Chihuahua, S.A. de C.V.” para hacer posible la venta de las mismas.

Ese hecho motivó que Chihuahua perdiera participaciones federales, ya que, al no aparecer ese concepto en los ingresos propios del estado, a partir de marzo del 2016 se redujo el coeficiente que utiliza el Gobierno Federal para hacer el reparto, añadió.

Actualmente, se llevan a cabo gestiones ante autoridades federales, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Nacional Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con la Asamblea de Tenedores de los bonos carreteros que emitió el Gobierno del Estado, los cuales comprometieron más del 90% de los ingresos que se generan en las casetas de peaje.

Una vez que se recuperen esos activos y una vez que se reintegren a la contabilidad estatal, se verá un beneficio en el incremento de los recursos federales que recibirá el estado, concluyó.