Centralmente la organización Artículo 19 –defensora de la libertad de expresión e información– ha demostrado que el litigio estratégico rinde dividendos en favor de las libertades públicas y en contra del talante autoritario de la clase política y la partidocracia reinante en el país.

A su impulso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el día de ayer una histórica resolución que obliga al Congreso de la Unión a reglamentar el gasto público en información oficial. El sentido último de la resolución es inequívoco: se debe dar el paso para acabar con la discrecionalidad de los gobernantes en la tarea de la compra de espacios informativos que las más de las veces se traduce en la apología de los funcionarios, en la persuasión manipuladora y en el patrocinio de la reproducción del poder en quienes lo ocupa. Sí bien la Corte no ha mantenido una línea consecuente en todas las materias que aquejan al país, es de reconocerle que en este caso haya asumido una posición encomiable, que puede ser la piedra angular para dar solución a un añejo problema en las relaciones del gobierno con los medios de comunicación. Ley de por medio, ya no habrá pretextos para regular lo que es, sin duda, una necesidad dado el dispendio de recursos públicos que se emplean en esta materia con fines apologéticos y de propaganda. Se ha dado un paso, pero faltan otros esenciales. El amparo que se falló favorablemente a los intereses de la sociedad, lo único que hace –no es poca cosa– es reconvenir las omisiones del Congreso de la Unión en esta materia, el no asumir que se debe tener una ley que norme este gasto delicado y sensible, que de paso ayudaría a las instituciones electorales a tener una normatividad que le facilite su mejor trabajo. Esto significa que no está dicha la última palabra y que esa ley debe estar lista a más tardar el día último de abril de 2018. El Congreso no tiene más obligación que procesar y votar una ley, ya que la Corte sólo le obliga a eso, mas no el contenido de las normas que la integran, función legislativa que no está en sus manos. Podríamos decir, entonces, que está ganada parte de la batalla y que lo más importante queda pendiente y en peligro, dado los regateos que los representantes en el Congreso puedan sacar adelante, como es ya habitual. Hay que prepararse con una movilización nacional para que se emita una ley que realmente satisfaga los intereses de la sociedad. No podrá conquistarse de otra manera. Una felicitación a Artículo 19 por su loable tarea y sus esfuerzos sostenidos. Adelante.