Pasó el 7 de junio de 2010, pero el caso sigue abierto en 2017. La Corte Suprema, la institución judicial de mayor rango en Estados Unidos, decide este mes de junio si la familia Hernández tiene derecho a demandar al agente fronterizo Jesús Mesa por la muerte del joven.

“No porque sea mexicano y estuviera en suelo mexicano tenía derecho a matarlo”, dice la madre, María Guadalupe Güereca, siete años después de la muerte de su hijo menor, en una colonia del oeste de Ciudad Juárez. “¡Claro que no!”.

Una Corte Suprema muy dividida

Jesús Hernández, el padre de Sergio, de 63 años, salió de casa sin decir nada el 21 de febrero de 2017. Vive en el extremo sur de Ciudad Juárez, donde la ciudad se confunde con el desierto, en un barrio de calles sin asfaltar y casas sin agua corriente. Se adentró en la tierra solitaria y se arrodilló.

Rezó. “Señor que sea tú voluntad”. Mientras este padre que sobrevive limpiando autos oraba en México, ocho magistrados de la Corte Suprema escuchaban los argumentos de los abogados en Washington DC.

La Corte Suprema no está ante un dilema penal, sino constitucional. No está decidiendo si el agente fronterizo fue negligente al disparar a Sergio Hernández, tan solo está valorando si la familia de un ciudadano extranjero tiene derecho a demandarlo ante las cortes estadounidenses.

Fue una audiencia incompleta, con ocho magistrados. En febrero todavía no había jurado su cargo el noveno, Neil Gorsuch, propuesto por el presidente Donald Trump.

También estuvo muy dividida. Los jueces progresistas consideraron que la muerte ocurrió en tierra de nadie: no queda claro dónde acaba la jurisdicción estadounidense y dónde empieza la mexicana. Los conservadores temen que una victoria de la familia Hernández abra la puerta a miles de demandas por muertes causadas por Estados Unidos en todo el mundo. Ahora en junio tienen que resolver el caso.


La familia de Sergio Hernández pide que la Constitución Estadounidense tenga validez en ese punto fronterizo en el que los dos países se unen en el río. Si así fuera, al adolescente mexicano le protegería la Cuarta Enmienda contra la brutalidad policial injustificada y la Quinta, que no dejaría inmune ante la justicia al agente fronterizo.



"Son libres de matar a un nacional de México en territorio mexicano sin consecuencias", acusa el abogado Robert Hilliard a la Patrulla Fronteriza.

“Ahora mismo la frontera es una zona de muerte libre”, acusa Robert Hilliard, el abogado de la familia que defendió el caso ante la Corte Suprema.

“Hay una anarquía porque la Constitución no tiene efecto en las fuerzas de seguridad que se encuentran en territorio estadounidense. Son libres de matar sin consecuencias a un nacional de México en territorio mexicano, pero también un ciudadano estadounidense en territorio mexicano”, sostiene.


reportaje de UNIVISION