Desde los programas del Servicio Nacional de Empleo se atienden en seis meses a 150 repatriados y 200 jornaleros agrícolas.

En seis meses de la actual Administración se han apoyado a 150 repatriados a México, por la frontera norte, para que lleguen con bien a su destino, ya sea el interior del estado o a cualquier parte del país, informó la directora del Servicio Nacional de Empleo, Ana Rocío Escobar Rivero.

Esos apoyos han sido posibles gracias al programa de Movilidad que maneja la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, agregó la funcionaria.

Escobar Rivero dijo que a través del programa de Movilidad Laboral del Servicio Nacional de Empleo se ha apoyado a casi 200 jornaleros agrícolas a volver de las regiones donde se encuentra el trabajo a su lugar de origen y en sentido contrario.

Esos jornaleros viajaron a Sinaloa, Sonora y Durango, explicó en rueda de prensa.

Juan José Domínguez, jefe de la Inspectoría Local de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal, dijo que mediante una mesa interinstitucional se gestiona la participación de diversas dependencias de los diferentes órdenes de Gobierno, para atender las necesidades de los jornaleros y sus familias, quienes año con año vienen a laborar en los municipios de la entidad.

Explicó que se trabaja para integrarlos al trabajo formal mediante la incorporación al régimen obligatorio del IMSS, con todos sus derechos inherentes como servicios de salud, habitaciones adecuadas, servicios higiénicos.

Agregó que se busca también romper el ciclo que los vincula a gastar los recursos de su trabajo a precios elevados por la falta de opciones para abastecerse de satisfactores.

“La premisa fundamental es evitar el trabajo de menores de quince años, no sólo porque es violatorio de la ley, sino porque los priva de su derecho fundamental de ser niños. No permitimos el trabajo infantil y actuamos con el rigor de la ley en los casos que los detectamos”, indicó.

A su vez, el procurador de la Defensa del Trabajo, Rubén Acosta, explicó que la capacitación está dirigida no solamente a la procuración de justicia, sino también a brindar la seguridad y prestaciones que la ley establece, puesto que además de los trabajadores agrícolas, existen personas que laboran en el área de la construcción y que no reciben el trato que deben por parte de sus empleadores.