El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos observa con preocupación que las desapariciones de personas continúan en aumento, y la mayoría permanecen en una situación de impunidad. A pesar de los avances anunciados por el Estado mexicano, no contamos con estructuras operativas que garanticen la búsqueda de personas desaparecidas. En el mejor de los casos los esfuerzos de algunos servidores públicos no encuentran eco en el compromiso del Estado en su conjunto para enfrentar las desapariciones en el país. Persisten deficiencias estructurales en la búsqueda e investigación de las desapariciones forzadas y por particulares que van desde la falta de recursos suficientes y personal especializado, hasta actitudes de servidores públicos que continúan optando por estigmatizar y criminalizar a las víctimas para evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda inmediata y la investigación.

A pesar de los diversos foros y diálogos que el Movimiento ha sostenido con el Gobierno Federal y el Senado de la República, después de más de año y medio, no tenemos una Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares que cree las bases para una búsqueda y una investigación eficaces. Preocupa además que a la aprobación de la Ley General de Desaparición le siga la creación de Instituto Autónomo Forense y una reforma profunda a la procuración de justicia de donde surja la nueva Fiscalía que sea capaz de atajar los altos índices de impunidad y particularmente las graves violaciones a derechos humanos y los casos graves de corrupción que azotan el país. De otro modo las investigaciones seguirán siendo ineficaces.
La falta de una respuesta eficaz a la fecha, ha llevado a que los familiares de personas desaparecidas, movidos por la necesidad de saber el paradero de su familiar y frente a la negligencia de las autoridades, emprendan acciones de búsqueda e investigación por su propia cuenta en contextos de alto riesgo. La ausencia de medidas de protección para los familiares profundiza su vulnerabilidad frente a casos que involucran organizaciones de la delincuencia organizada. En este sentido, lamentamos el asesinato del Señor José Jesús Jiménez Gaona, quien buscaba a su hija desaparecida desde 2011 y era integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, que murió al ser atacado con disparos en Poza Rica, Veracruz, el pasado 22 de junio. Como consecuencia del ataque, su esposa Francisca Vázquez Mendoza fue gravemente herida.
La presente audiencia tiene como objetivo presentar las actuales preocupaciones sobre búsqueda e investigación, en un largo proceso del cual la CIDH tiene ya amplio conocimiento. De este modo sólo nos enfocaremos en los siguientes aspectos: el proceso de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares ante el Senado de la República, la impunidad persistente y la necesidad de contar con una Fiscalía realmente autónoma que permita romper los ciclos de la impunidad y los efectos de la corrupción; y los riesgos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas en el contexto de las brigadas nacionales de búsqueda.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presenta en esta audiencia estos cinco petitorios:
El compromiso del Estado para transitar a un método de dictaminación de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, que permita la retroalimentación de propuestas, dote de un ritmo más acelerado de trabajo y acuerdo, donde participe a la par el Senado, el Ejecutivo y los representantes de los colectivos agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
El compromiso del Estado mexicano por coordinar esquemas de protección de familiares de personas desaparecidas, en riesgo, y particularmente de manera preventiva en el contexto de las Brigadas Nacionales de Búsqueda.
El compromiso del Estado mexicano para que en diálogo con este Movimiento, entable lo más pronto posible, convenios con organismos forenses especializados (como el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Comisión Internacional de Personas No Localizadas ICMP, entre otros) y que en el marco de un plan nacional de exhumación e identificación de personas, se agilicen los esfuerzos por procesar las fosas clandestinas y comunes del país, y la identificación de cuerpos sin nombre a un ritmo de al menos 14 mil al año, como lo demuestra la experiencia internacional.
El compromiso del Estado mexicano por iniciar con las organizaciones de la sociedad civil, incluido este Movimiento, un diálogo serio sobre un Instituto Autónomo Forense y las características que debe tener la nueva Fiscalía General de la República y su Fiscal, cuyos resultados consensados sean materia para una reforma legislativa.
El compromiso de la CIDH y del Estado mexicano de que el Mecanismo de Seguimiento a las Recomendaciones sobre el Caso Ayotzinapa de la CIDH, en virtud de las recomendaciones estructurales del GIEI, dé seguimiento a estos petitorios.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México considera que los esfuerzos del Estado mexicano por alcanzar el estado de derecho, hoy deben ser acompañados de manera cercana por los organismos regionales e internacionales de derechos humanos para superar los obstáculos que, de otra manera, la experiencia nos ha demostrado que no es posible.
Confiamos que el escrutinio internacional fortalece las voces de los familiares de personas desaparecidas que continúan buscando verdad y justicia, y luchando por el derecho de que sus familiares sean buscados, y en el caso de haber fallecido, enterrarlos dignamente.

Aquí puedes ver el documento completo de la audiencia:
http://sinlasfamiliasno.org/audiencia-desaparicion-forzada/