El caso Duarte se procesa con opacidad. A lo más que se llega es a un manojo de señales que da pábulo a pensar lo que mejor venga en gana: que ya mero lo atrapan, que nunca lo atraparán… y así hasta donde quiera.

De cierto les puedo decir que el expediente original que abrió la resistencia contra la tiranía duartista en septiembre de 2014 está vivo en la Fiscalía General de la República y en espera de una decisión que puede ser que se le dispensen todos los atropellos o que se decidan a ejercer la acción penal en su contra. Se trata del expediente mejor fundado y más sentido en Chihuahua, a pesar de la traición de Javier Corral a Unión Ciudadana. Empero, hoy quiero escribir sobre el futuro de la extradición. López Obrador dijo que ya estaba aprobada, cualquier cosa que eso signifique; a su vez Corral le ofreció unas rayadas pasadas de tueste. Pero eso es una cosa y el camino que dispone la ley y los tratados marcan tiempos ineludibles y de estar en Estados Unidos el defenestrado Duarte, todavía faltaría tiempo para pasarlo a territorio nacional y sentarlo frente a un juez competente. Empiezo con un ejemplo: Zhenli Ye Gon, que se inmortalizó con la frase de “copelas o cuello”, y al que le encontraron 205 millones de dólares norteamericanos, fue aprehendido en Maryland en 2007 y fue hasta el 22 de octubre de 2016 cuando ingresó al Penal del Altiplano, producto de una extradición solicitada por el gobierno mexicano a los Estados Unidos. Y es que hay un procedimiento homólogo al que se le seguiría a César Duarte y que empieza así: una solicitud que presenta ante el gobierno de los Estados Unidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que se trata de dos estados soberanos. Luego el gobierno mexicano debe cumplir que se dispongan las formalidades del procedimiento por el solicitante. Una vez que esto sucede, el Departamento de Estado realiza un acto que podríamos llamar “de admisión de la solicitud a trámite” y turnarla a un juez para que gire una orden de captura con fines de extradición, lo que implica abrir una dilación para que el extraditable se excepcione de los cargos, ofrezca pruebas y se desahoguen. Todo esto puede derivar en una decisión del juez avalando la extradición, misma que es atacable con varios recursos que pueden llegar hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos, que tendría la última palabra. Suponiendo que la Corte falla en contra del extraditable, el gobierno norteamericano –quiero decir, su ejecutivo federal– queda autorizado para entregar a las autoridades mexicanas que lo reclaman al delincuente en cuestión, en este caso Duarte. Todo esto se lleva un buen tiempo. En el caso de Zhenli Ye Gon la tardanza fue de nueve años, para hablar en números cerrados. Si alguien está pensando que se trata de la celeridad con la que se conduce el gobierno mexicano, campeón en números absolutos de extraditados a Estados Unidos –“El Chapo” Guzmán incluido– está equivocado. Aquí en México cuando se sigue el procedimiento legal es breve, y sumarísimo cuando simplemente se entrega subrepticiamente sobre el puente a los delincuentes. Si todo esto es así, quiere decir que César Duarte seguirá gozando de su libertad por un buen tiempo, gastándose los millones que robó a Chihuahua y burlándose de todo mundo. No sería el trofeo que Corral buscó para su quinquenio y entonces el vulgar ladrón tendría la oportunidad de encarar nuevos escenarios en su ventaja. Estoy claro que la negligencia de Corral le permitió huir. Lo mejor en esto será que ya no nos sigan engañando con la inminente detención, que de darse en los Estados Unidos sería el inicio de una etapa de años, si nos atenemos al ejemplo puesto con el chino narcotraficante. Por lo pronto, Unión Ciudadana, sin muchos aspavientos, continua en su batalla y busca nuevas formas de combate al corrupto. Entre otras, hablar con la verdad.