Haré un recorrido circular a partir de un “pensamiento despeinado” de S.J. Lec. Nos dice el escritor: “¿Cuál es la forma más justa de emitir un juicio sobre un país? La más simple: sobre la base de su sistema judicial”.

Es certero, ya que es frecuente que esto se vea a través de la lente de lo que hacen los gobernantes con poder ejecutivo o los legisladores, perdiendo de vista que en no pocas ocasiones son los jueces, los magistrados y los ministros del sistema judicial los que ponen el andamiaje por el que camina y avanza la corrupción y el abuso del poder. En la vida cotidiana de miles de seres humanos y vista la sociedad de manera transversal –ricos o pobres, hombres o mujeres–, son millones de seres humanos los que sufren las consecuencias de un sistema judicial que no resuelve los conflictos que están presentes en ese ámbito de los intereses contrapuestos y que piensan que acudir ante un juzgador es el camino hacia la cosa juzgada como instrumento que contribuya a la paz social y a aniquilar la discordia, sólo para desengañarse de que no es así y que a la tortuosidad de los procedimientos, lo caro de la abogacía, sobreviene una tardanza que ni el mismo Job soportaría. Muchas veces de esto nos damos cuenta o tomamos conciencia porque el doliente tiene visibilidad pública o ha alcanzado una notoriedad social, privilegio ciertamente si se le quiere ver así, pero que indiscutiblemente permite poner a consideración social el tema que me ocupa. Pondré como ejemplo un caso significativo que viene de la nefasta era duartista, que se prolonga hasta ahora porque los intereses que se apalancaron durante el gobierno local anterior, se escudan ahora en la administración de Javier Corral. Es el caso del empresario Carlos Chavira Rodríguez es algo más que otra muestra representativa de la corrupción duartista, de acuerdo a los datos y revelaciones dados a conocer por aquel en una entrevista recientemente concedida al periódico digital SinEmbargo, con sede en la capital del país y que circuló profusamente en otros medios a nivel local y nacional. Chavira Rodríguez fue denunciado penalmente por César Duarte sólo después de que el empresario y exdirigente de la COPARMEX Juárez se negó a caer en la extorsión del entonces gobernador quien le exigía 25 millones de pesos para no proceder judicialmente contra él. Según explica Chavira al portal digital, la denuncia ocurrió justo en el momento en que él pretendía la candidatura a la presidencia nacional del referido organismo empresarial en 2012, pero también después de las críticas que desde entonces lanzaba sobre la presunta corrupción y desvíos del erario del exgobernador. La denuncia en su contra consistía en acusaciones de administración fraudulenta en perjuicio del gobierno estatal por casi 21 millones de pesos, según la causa penal 339/13 y por la que se giró orden de aprehensión en febrero de 2013. Chavira como dirigente empresarial convocó y organizó el llamado Primer Expo-Encuentro Empresarial, Cultural y Deportivo “Juárez Competitiva” en 2011. Era la época de la “guerra” contra el narco emprendida por Felipe Calderón y Juárez se había convertido en el foco nacional e internacional de la violencia. El estigma había crecido y había que recuperar espacios públicos arrebatados por el crimen organizado. Por eso Chavira organizó el evento en el que se tuvo la participación de artistas famosos y hasta la presencia de políticos de la talla de Mijail Gorbachov. El 14 de septiembre de 2012 Carlos Chavira y César Duarte se reunieron en las oficinas del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Ahí, dice, le exigió el gobernador que le entregara 25 millones de pesos en efectivo, para que “ahí muriera el tema”. Chavira afirma en la entrevista la obviedad de su negativa e inmediatamente vino la denuncia y el bloqueo para su aspiración a la presidencia de COPARMEX con la complicidad de otros líderes del organismo empresarial como Gerardo Gutiérrez Candiani, Alberto Espinoza Desigaud, Juan Pablo Castañón y Gustavo de Hoyos Walther. Alberto Espinoza asumió la presidencia nacional de Coparmex en calidad de interino una vez que Gutiérrez Candiani pidió licencia para dirigir desde 2012 el Consejo Coordinador Empresarial con miras, según el empresario Carlos Chavira, a obtener la gubernatura de Oaxaca. César Duarte bloqueó a Chavira para apoyar a Candiani quien pretendía dejar a un incondicional en COPARMEX (a Castañón) con el objeto de construir esa candidatura que finalmente nunca obtuvo. Todo esto, denunció Chavira, a cambio de que la COPARMEX no cuestionara los señalamientos de desvío de recursos públicos. Y bastó, acusa Chavira, una simple declaración de Duarte para que la comisión electoral de COPARMEX, integrada por incondicionales de Candiani, le negaran su registro como aspirante a la presidencia nacional del organismo empresarial. Chavira, como perseguido político se refugió en El Paso, Texas y durante casi una década ha enfrentado legalmente todas las acciones legales en su contra. En esa persecución participaron el exprocurador Jesús Murillo Karam y hasta el entonces canciller y posterior candidato presidencial José Antonio Meade promoviendo solicitudes para su extradición. Pero en todo ese tiempo ha ganado los diez procesos penales en su contra, según explica el empresario al informativo digital. Aportando pruebas, documentos y hasta elementos de audio a SinEmbargo, Chavira considera que COPARMEX guardó silencio y se fue convirtiendo en una franca alianza de complicidad y de apoyo a Duarte. Finalmente, en septiembre de 2018 el Juez Sexto de Distrito con sede en Ciudad Juárez ratificó una resolución previa de un juez de Chihuahua emitida en octubre de 2017 en donde confirmó que no hay evidencia de ningún delito y resolvió el sobreseimiento de la causa penal que César Duarte había iniciado en 2012 y que a su vez había derivado en la orden de aprehensión de febrero de 2013. Se trata, pues, de una apresurada reseña de un caso emblemático, que aparte de los agravios que concita, no han bastado diez años para que se resuelva concluyentemente, con punto final, con todo lo que eso significa para un hombre que está presente en la vida económica de una ciudad importante, que tiene familia, que ha padecido un exilio obligado para protegerse precisamente del uso perverso de las instituciones judiciales. No es ningún caso extraordinario, el tema de la corrupción de Duarte se conoce bien, pero el solapamiento sordo, el influyentismo lo han dilatado toda una década, y ese es un reclamo que se hace principalmente a un sistema judicial y a gobernantes que, aprovechándose de su posición, apoyan a sus amigos desde el poder y contra toda racionalidad, como se deja ver en la sucinta relación del caso Chavira. No está de más recordar que el gobierno actual del estado pudo levantarse contra la tiranía, precisamente por los agravios que se consumaron en el Poder Judicial, convertido en una simple intendencia obediente de consignas. Es una obviedad que esto debe cambiar, y se sabe por todas partes, porque esto da pábulo a frustrar no nada más proyectos económicos, sino legítimas ambiciones de competir por proyectos políticos desde las organizaciones intermedias de la sociedad, cual es el caso. Ofrecí un recorrido circular porque esto tiene mucho qué ver con otro “pensamiento despeinado”: “La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Pero su conocimiento a menudo sí”. En este bastón se apoyan los Duarte, los Candiani, los Castañón, los Desigaud, los De Hoyos, y ahora ciertos amigos del gobernante que para ser de la élite excluyente, camina por la misma senda soliviantando a sus amigos y funcionarios.