Hablo exclusivamente a título personal. Sin la elegancia de quien me antecedió en el uso de la palabra y con la franqueza que me caracteriza. Es un hecho que no es público, pero es común a muchos, a todos los que estábamos ahí esa noche en esa sesión privada de Pleno, que a requerimiento expreso de la Magistrada Bercely Holguín, el Magistrado Leo Alvarado respondió, palabras más palabras menos, que la consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no era necesaria porque siempre cabía la posibilidad de argumentar el contenido específico de la decisión que adoptáramos, sobre la base de un acuerdo plenario de mayoría indiscutible.

Yo estaba equivocado en ese entonces. Me apena, me avergüenza y así lo asumo, mi falta de confianza en muchos de ustedes y en sus, más que probadas, voluntad e inteligencia para construir consensos. Sí, me equivoqué; pero nunca, jamás, he estado tan contento de estar equivocado; porque la decisión de este día, demuestra que sobre cualquier diferencia, es posible el entendimiento sobre la base de la sana intensión. No puedo continuar sin hacer, antes, otra vez, una alusión personal. Yo le ofrezco, señor Magistrado Julio César Jiménez Castro, en público, lo que hace unos días —y Usted no me dejará mentir— le oferté en privado: le ofrezco una disculpa, porque mis diferendos con Usted no fueron jamás, de índole personal; sé, estoy consciente de ello, de que ha existido, por lo menos de mi parte hacia Usted, ocasión de agravio, las razones o sinrazones que haya tenido yo salen sobrando, porque la incidencia de diferendos de tinte individual quedan en nada, cuando se asiste a la bonhomía de la que Usted, ha dado cabal muestra al declinar en sus aspiraciones legítimas para transitar hacia un consenso unánime que es el que hoy nos reúne. Ese gesto, señor, lo caracteriza, lo honra, lo define; y no sabe cómo lamento el no haber podido coincidir con Usted en ocasión de circunstancias más propicias. Continuo: estamos aquí para definir el rumbo del Poder Judicial en el Estado de Chihuahua. Desde hace mucho tiempo he defendido, una y otra vez, en público y en privado, la noción de que nuestro papel como integrantes del mismo no puede prescindir de un ingrediente político por la simple y sencilla razón de que, por mandato constitucional, formamos parte de esa institución más extensa que se llama: “Gobierno”. La encomienda primordial a nuestro cargo es, sí, administrar justicia; pero ésta no es posible sin la concordia y el entendimiento. Primero entre nosotros, pares, entre pares; y luego, con el resto de los poderes del Estado. Este gesto que hoy nos congrega sirve como hito para guiar las acciones inscritas en el futuro inmediato: son muchos, y muy demandantes, los retos porvenir, no sólo en lo que toca a esa administración de justicia a la que ya he hecho alusión, sino también en la organización del Poder Judicial; y cito un solo ejemplo: la justicia laboral, pendiente de definirse no sólo en lo sustantivo sino, más importante aún, por lo que a nosotros toca, en lo adjetivo y en todo aquello que le es inherente como pueden ser los recursos humanos o simplemente la infraestructura material. Más allá de los avatares que debamos de enfrentar, sirva esta jornada como indicador, como referente, como presupuesto, pero sobre todo, como instrumento orientador de que el diálogo y el consenso son los instrumentos privilegiados para transitar en esta construcción permanente que, a falta de una mejor definición, debemos de llamar: “justicia”. Defender, con pasión y convicción lo que se cree que es correcto, honra a quien así procede; pero ceder de las pretensiones individuales en beneficio de un bien colectivo, así definido por la mayoría —o qué mejor, por todos los involucrados—, es algo que va más allá de cualquier definición o concepto porque trasciende la mera palabrería para traducirse en hechos. Nosotros, los servidores públicos del Poder Judicial, no somos, ni debemos ser, entelequias, pozos de sabiduría o técnicos impecables, somos eso simplemente: servidores. Ciudadanos comunes y corrientes, con una aptitud o habilidad singular, quizá, cuyas circunstancias individuales nos han llevado a la elevada encomienda de administrar justicia al caso particular. El resto, lo de hoy, por ejemplo, es solamente una cuestión de orden, de acomodar las cosas en su justo lugar y medida, para que funcionen mejor en beneficio de ese otro al que acabo de referirme: del ciudadano común y corriente que confía, que espera, que sea verdad plena, pujante, vital y satisfactoria, el mandato taxativo contenido en el artículo 39 de la Constitución General de la República de que: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Enhorabuena, compañeras y compañeros, por esta jornada; y que, lo que hoy ha ocurrido, sea por el bienestar de los chihuahuenses. A Usted, Magistrado, Julio César Jiménez Castro, vayan estas palabras con el respeto y el aprecio que no tuve ocasión de demostrarle. A Usted, Presidente, le deseo todo el éxito en su futura encomienda y sepa que en cualquier circunstancia cuenta con mi cabal apoyo en lo que sea menester para que el Poder Judicial sea ocasión de orgullo y confianza para los chihuahuenses. Es cuanto.