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¿EXISTE LA JUSTICIA IGUAL PARA TODOS? POR: FROILÁN MEZA RIVERA

Por Redacciòn, 2017-10-23 08:11:22

“Pasará dos años y medio en la cárcel por robarse una bocina”. Así dice la cabeza de la nota que informa de la sentencia y la condena que recibió un raterillo de poca monta por el robo de una bocina con valor de 3 mil 500 pesos. En otra nota, se supo que el Ministerio Público solicitó que al ex presidente municipal de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, se le aplique una penalidad de 3 años (que fue confirmada por el juez del caso este domingo 22 de octubre) porque el señor está acusado y enfrenta un juicio por haber cometido peculado (es un robo con otro nombre) en perjuicio del erario estatal por un monto de 246 millones de pesos.

Al ratero común y corriente, quien se llama Jorge Arturo Ruiz Carreón, el juez de Control le dictó la sentencia “por robo agravado” y le negó el derecho a la condena condicional, ya que “cuenta con antecedentes penales”. Al ex alcalde Garfio Pacheco, quien reconoció en audiencia el día 20 de octubre que es culpable de todo lo que se le acusa, se le hizo el favor de cambiarle el juicio normal por un juicio conocido como “procedimiento abreviado”, que tiene la ventaja de que, con tal de que se declare culpable, el acusado se ahorra un proceso más largo y se le da -como es costumbre en este tipo de procedimientos- una condena relativamente baja. Otra de las ventajas por las que el imputado aceptó este nuevo juicio, fue porque obtendrá una condena condicional, que significa que saldrá en breve tiempo en libertad, con la única condición de ir al juzgado a firmar cada mes. El “raterillo” de poca monta, Jorge Arturo Ruiz Carreón, no tendrá esa ventaja porque como está fichado por anteriores delitos, “representa un peligro para la sociedad”. El ex presidente municipal de la capital de Chihuahua, bajo la óptica de las dos partes “antagónicas” (el fiscal y el juez), no representa ningún peligro para nadie, ni siquiera porque haya defraudado la confianza de toda la sociedad por la vía de disponer, de agenciarse para su beneficio personal y para el beneficio del grupo político al que pertenece, muchos millones de pesos que son (eran) de propiedad social. ¿Cuál peligro, pues? ¿Son comparables ambos delitos? Jorge Arturo Ruiz Carreón, el ratero de poca monta, se arriesgó a entrar a un domicilio ajeno, donde lo pudieron haber golpeado o hasta matarlo si lo descubrían adentro, por un botín que necesariamente hubiera malbaratado, porque a alguien como él, nadie le paga nunca el precio de lista del artículo robado, sino una mínima fracción. Garfio Pacheco no se arriesgó en lo mínimo, porque su peculado lo perpetró al amparo del poder superior del gobierno del estado bajo el que se cobijaba en una red de complicidades que apenas ahora se está descubriendo en toda su complejidad. El de Garfio Pacheco fue asimismo, como el de Jorge Arturo, un delito “agravado”, es decir, que de acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, no alcanza libertad condicional, en teoría. Pero como el lector ya podrá ver, la justicia en Chihuahua es muy elástica, se puede moldear, se estira, se afloja en unos casos, pero en otros es tan rígida, que si el imputado no tiene dinero, recibirá el máximo castigo posible. Pero para ilustrarnos sobre el carácter de la justicia en el estado de Chihuahua, están otros ejemplos. Acá la gente sabe desde siempre que es más penado robar vacas que robar dentro del gobierno. El Código Penal del Estado de Chihuahua vigente y su Código de Procedimientos consideran más grave el robo de ganado que el delito de peculado, en efecto, porque para el primero se contempla una condena mínima de 3 años, mientras que para el peculado, relacionado con las afectaciones al patrimonio de toda la sociedad, la condena mínima es solamente de 6 meses. ¿Por qué es así? Porque simplemente, desde que México se independizó de España, acá se formó una casta de hacendados y ganaderos que, además de poseer cientos de miles de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva y a la agricultura, fincaron desde el siglo Diecinueve, lazos comerciales y financieros y se consolidaron como socios con capitalistas de Durango, de la Comarca Lagunera y de Coahuila, para constituir bancos, para fundar fábricas de jabón, para producir electricidad, para hacer cerveza, para explotar minas, para explotar miles y miles de hectáreas de algodón y las fábricas que extraían el aceite de sus semillas. Todo era propiedad de estos grupos, de esta élite social que, una vez que terminó la Revolución Mexicana, se repuso con prontitud de las expropiaciones que sufrió de parte de Francisco Villa y de los gobiernos revolucionarios que hasta los habían expulsado del país. Pero durante el siglo Veinte, ellos mismos se convirtieron en la nueva clase dominante, reinante en la economía, amos y señores del estado, donde las leyes se hacían y se siguen haciendo hoy en este nuevo siglo, a su antojo y de acuerdo a sus intereses de clase. ¿Otro ejemplo? Sépase que en el estado de Chihuahua se constituyó desde hace algunos años, una Fiscalía Especial para combatir y tratar el robo de nuez pecanera, que es uno de los principales cultivos en Chihuahua. Acá se está realizando una gigantesca reconversión productiva en el campo, que descarta los cultivos tradicionales y que emplea las tierras ahora para las plantaciones de nogaleras, que por cierto se están acabando el agua subterránea de los acuíferos amenazados o en veda, en perjuicio del suministro para las poblaciones. Y entonces, aquí va el anuncio: la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Robos y Fraude al Sector Agropecuario (conocida como “Fiscalía de robo a ranchos”) informó públicamente –advirtió, pues, amenazó a los pobretones para que ni se les ocurra querer hacerlo- que el robo de nuez va a ser castigado con penas que irán de un año y medio a cinco años de prisión, dependiendo del monto de lo robado y que va a ser considerado desde una nuez, ¡como para que nadie se atreva siquiera a embolsarse una pinche nuececita tirada si pasa por uno de estos ranchos sagrados! Ahorita apenas empieza la temporada de cosecha, pero se supo que el año pasado, la feroz fiscalía de los nogaleros atrapó en flagrancia a varios y “peligrosos” ladrones de nueces, como por ejemplo a un menor de edad y a otros cuatro cómplices por el rumbo de Camargo, así como a dos hermanos de la colonia Lázaro Cárdenas, quienes robaron doce kilos en el cruce de la Coordenada 45 con la Coordenada 101. Y vaya usted a saber si estos terribles enemigos de la humanidad están todavía refundidos en las mazmorras de la burguesía. Cabe la pregunta, entonces: ¿existe la justicia igual para todos? ¿Las penas son iguales para todos en proporción a la gravedad del delito y al monto del quebranto ocasionado? Pues ya se ve que no; que la justicia en el actual sistema capitalista se ofrece, se otorga no sobre la base de que todos somos iguales ante la ley, sino que se aplica en base a la posición de la clase social a la que pertenece el imputado. A mayor fortuna y capital, a mayor influencia política, menor penalidad. A menor fortuna (o escasez total de ella), a nula influencia política y social, mayor pena. Inversamente proporcional, exactamente. Pero no podemos dejar ir la ocasión para recordar que la única solución posible a las injusticias, sean legales, laborales, sociales de todo tipo bajo este sistema basado en su división en clases, es la toma del poder político por parte de la más amplia mayoría de los trabajadores de este país y el necesario cambio de modelo económico en favor de los que menos tienen y de los que más sufren.



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