La administración de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, empezó como un gobierno abierto y con franca preocupación por problemas sociales como la vivienda, el medio ambiente, la tolerancia ante la represión de movimiento sociales;

incluso fue muy notorio que cuando había una manifestación, él, a cuerpo presente, abordaba a los manifestantes, con la preocupación manifiesta de llegar acuerdos. ¿Pero qué pasó después de dos años de su gestión?

Los diversos sectores con reclamos sociales como los trabajadores de la salud del Hospital General de Especialidades e Infantil en Sonora, Integrantes de la asociación civil Viudas de Policías del Estado de Sonora, los galleros, Madres buscadoras, despedidos de UES, Libre Tránsito, Maestros jubilados y pensionados, sectores urbanos que reclaman seguridad y demandantes de vivienda. Entre otros.

También hay grupos de jóvenes que están articulados en ligas socialistas como Organización Comunista Revolucionaria (OCR) que buscan un espacio donde exponer sus propuestas teóricas, políticas y sociales, así como una variedad de actores políticos, desde comentaristas, politólogos y culturales donde no encuentran el espacio adecuado,

En ese contexto, un grupo de pensadores y activistas estamos viendo la forma de elaborar un programa que permita que estos grupos podamos converger y buscar un plan de acción que nos lleve a ganar reclamos y espacios.

En el caso de la vivienda, que puede ser nuestro aporte, vemos con preocupación cómo el gobierno del estado en lugar de atender y crear puentes para el entendimiento ha decidido formar grupos parainstitucionales que, por medio de la violencia y la corrupción, pretenden desplazar a los legítimos movimientos reivindicativos.

El término “Para..” se hizo famoso en la denuncia de los grupos militares alejados de la institucional para confrontar a movimiento legítimos, y ahora lo grave es que en Sonora se está impulsando grupos parainstitucionales que se dedican a la venta irregular de terrenos propiedad del estado, bajo amenazas y más de una vez han quemado viviendas, agresiones físicas y es con ellos con quien públicamente y a escondidas tratan la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) y la Comisión de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora (CEBYC).

Hace unos días, uno de estos grupos presumió que pueden asesinar cualquier líder, ya que “no pasa nada, no nos hacen nada”, y este nivel de agresiones contra ciudadanos es algo inédito en el escenario político estatal.

Para fortalecer a estos grupos impulsados y motivados desde dentro de las instancias de gobierno les dan un reconocimiento como “líderes” y ellos mismos sin ambigüedades dicen, así como funcionarios, que tal dependencia solo tratará con los parainstitucionales.

Este tipo de grupos parainstitucionales fueron activos en el movimiento estudiantil de la década de los 60, 70 y 80 del viejo siglo en la Universidad de Sonora (UNISON) y este grupo tipo fascista se agrupaba Movimiento Mexicano de Integración Cristiana y eran conocidos como MICOS. Después de ese grupo, hasta hoy, no se había visto que aparecieran grupos parainstitucionales en Sonora; y hoy los estamos viendo.

Si estos grupos violentos y sobre todo sus patrocinadores logran imponerse en el sector urbano, es posible que los extiendan a otros sectores sociales, si esto llegara a suceder sería un retroceso histórico que no solo afectaría las libertades constitucionales sino también las causas de luchas legítimas.

La iniciativa que impulsará un grupo promotor independiente cuyos reclamos sean legítimos y organizar un plan de acción que termine con un Paro cívico estatal sería de trascendencia en el estado.

La clase política hegemónica no puede confundir su control estatal con el absolutismo; en el estado nadie puede adjudicarse la representación de todos los sonorenses, porque deben recordar que todos han sido elegidos por una minoría. En Sonora apenas se logró que el 50.7% de padrón saliera a votar, incluso en municipios urbanos como San Luis Río Colorado emitió sufragios solo 39.83%, seguido de Nogales con 40.20% y Agua Prieta con 43.54%. Y si a esto le restamos los votos de la oposición, los ganadores llegaron con menos del 30% de la aceptación de los sonorenses.

Son esos miles que no se sienten representados por ninguna opción institucional y el Paro cívico estatal puede ser una referencia para cambiar la correlación de fuerzas en el estado y poner en la agenda y en la mesa la atención de los reclamos sociales.

César Del Pardo Escalante