Xóchitl Gálvez, la principal candidata a la presidencia de la oposición, dijo que ve en riesgo la equidad de la contienda electoral por el uso de los programas sociales gubernamentales como un elemento para coaccionar el voto a favor de la candidata oficial Claudia Sheinbaum.

Para Gálvez, los llamados “servidores de la nación” o trabajadores de la Secretaría del Bienestar, están violando la ley electoral al acudir de casa en casa advirtiendo a los electores que en caso de votar en contra de Sheinbaum perderán los recursos que hoy el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les otorga con base en diferentes programas sociales, como es la pensión para los adultos mayores, las becas para los jóvenes o los apoyos a los agricultores, entre otros.

“En un gobierno de mentiras esta es la mentira más dolosa del sexenio, usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto”, dijo la candidata de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD), durante una conferencia de prensa.

Ante estos actos indebidos e ilegales que escucha en sus giras de trabajo, Gálvez solicitó una reunión con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, para platicar del problema y buscar la forma en que el Instituto, la entidad encargada de organizar las elecciones en México, pueda lanzar una campaña masiva en televisión, radio, prensa escrita y redes sociales para concientizar a los electores que los programas sociales no son de ningún partido y no deben usarse para condicionar su voto.

Galvez incluso dijo que en caso de que el INE argumente que no tiene recursos para financiar tal campaña, ella donaría la mitad de los anuncios espectaculares que le corresponden a fin de apoyar el ejercicio de concientización.

La candidata opositora incluso presentó algunas propuestas de anuncios espectaculares que podría usar el INE con ese propósito, aunque advirtió que la institución cuenta con gente muy creativa para dar el mensaje correcto. Ella sugirió que al menos en los espectaculares el INE diga:

“Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno, NO pertenecen a ningún partido político; son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de su voto”.



Alianza Progresista

Gálvez incluso dijo que los riesgos en la equidad de la elección por la coacción del voto no sólo los está percibiendo ella. Otras organizaciones han también comenzado a alzar la voz ante el temor de que la elección en México pueda convertirse en una elección de Estado.

Para la candidata opositora, el hecho de que la Alianza Progresista, una organización mundial que agrupa a diversos partidos de izquierda, esté ya hablando de una posible violación al marco democrático en México por la coacción del voto, hace ver que el problema de una votación cargada a favor de Sheinbaum es real y está presente.

La Alianza Progresista, en la que participan 93 países, al parecer ya hizo, de acuerdo con Gálvez, una advertencia de una posible elección de Estado en México, principalmente por las medidas que está tomando el actual gobierno para asegurarse que su candidata Sheinbaum no pierda, pese a tener supuestamente un amplio margen de ventaja de dos dígitos --de acuerdo a diversas encuestas--, ante su más cercana competidora.

“Es impresionante como durante cinco años los servidores de la nación han metido a la cabeza de la gente el miedo de que si van a un evento mío [les quitarán los programas sociales]. . . [A la gente le] da miedo que les quiten el programa social”, agregó la principal candidata de la oposición. “Ese voto duro que ellos tienen está basado en eso, en la coacción, en la extorsión”.

Sobre la posibilidad de tener la reunión con la presidenta del INE, Gálvez dijo sentirse confiada de que sí ocurrirá y de que además espera lograr que la dependencia encargada de organizar las elecciones en el país tome cartas en el asunto para evitar que esa estrategia de coacción, vía programas sociales, progrese.

Gálvez, de 61 años de edad, incluso dijo que en caso de ganar la elección ella buscaría que todos estos programas sociales tuviesen auditorías y contaran con patrones claros de beneficiarios a fin de que instituciones académicas pudiesen verificar el uso de los recursos y dar con ello más transparente a estos ejercicios de transferencias de fondos que el gobierno actual y los gobiernos anteriores han utilizado, en ocasiones, con fines político electorales.