El gobierno mexicano adquirirá la central Dulces Nombres, uno de los activos que Iberdrola tiene en Nuevo León, con la sanción de más de 9,000 millones de pesos que el regulador le impuso a la compañía el año pasado.

Fuentes cercanas a la negociación han confirmado a Expansión que el acuerdo entre el gobierno federal y la compañía incluye que Mexico Infrastructure Partners FF –el vehículo a través del cual se hará la compra– adquiera el activo con todos los procesos legales que ésta tiene, incluyendo la sanción.

Así, Iberdrola se habría librado de pagar el monto que se le impuso por comercializar electricidad desde esta central que funcionaba bajo la modalidad de autoabasto, según argumentó el regulador en su momento. Y el gobierno federal –ahora a través del fondo– habría adquirido la obligación del pago.
“Ya no hay activos relacionados con la sanción del lado de Iberdrola. Ahora, la sanción la tiene el Estado. Sabemos que es un tema muy complicado, pero sí, efectivamente ahora la multa la tiene el Estado”, dijo una de las fuentes del gobierno federal que ha participado en las negociaciones.

Una de las fuentes explicó que el monto de la sanción habría sido descontado de la cantidad total que el gobierno federal pagará por las 13 centrales.

La operación está valuada en alrededor de 6,000 millones de dólares, pero la cifra total aún no ha sido concretada. El gobierno federal dijo en abril, cuando se anunció la compra, que este monto podría variar al término de la negociación.

La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía fueron consultadas, pero no respondieron a una solicitud de comentarios. Iberdrola declinó comentar respecto de la operación.

“En este caso se venden las sociedades y con las sociedades van los litigios asociados”, dijo otra de las fuentes cercanas a la negociación que también habló bajo condición de anonimato.

La española recibió en mayo del año pasado una sanción histórica por 9,145 millones de pesos. Meses después, solicitó un amparo ante uno de los juzgados especializados en competencia, que suspendió el pago que debía hacer la española por el periodo en que el caso se resolviera de fondo.

El 14 de noviembre pasado se celebró la audiencia constitucional, el último paso donde se definiría qué pasará con la sanción. Pero hasta ahora, la sentencia no ha sido publica