Rafael Espino de la Peña propone que se articulen todas las herramientas y documentos para promover un ambiente de ética en el desempeño del servicio público.

La corrupción en México, “lastimosamente”, es un tema que ha estado presente por mucho tiempo en la agenda pública, siempre acompañado por conductas como la impunidad, el soborno y el tráfico de influencias, aseguró el senador Rafael Espino de la Peña.


Por ello, el legislador de Morena presentó una iniciativa para establecer en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que todos los entes públicos promuevan una “política de integridad”, que sirva como un instrumento fundamental para el combate a la corrupción.


Dicha política, explicó Espino de la Peña, estaría encaminada a articular todas las herramientas y documentos para promover un ambiente de ética en el desempeño del servicio público.


Consideró que este mecanismo sea adoptado inicialmente por los entes fiscalizadores, es decir, las entidades que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, es decir, la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus respectivos pares en los estados del país.


Es necesario que los entes fiscalizadores, en su papel de generadores de las políticas públicas en materia de combate a la corrupción, cuenten con una política de integridad, ya que ellos son los encargados de elaborar y actualizar las reglas o disposiciones para la
vigilancia, control y combate a la corrupción, expresó el senador.


Posteriormente, precisó, todo ente público referido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe implementar su política en la materia, desde las cabezas de sector, los órganos desconcentrados, organismos descentralizados, empresas productivas del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos y toda entidad que utilice recursos públicos.


Espino de la Peña señaló que es incongruente que la Ley General de Responsabilidades Administrativas sólo se dirija a los particulares para contar con una política de integridad y que los entes públicos no estén obligados a tener la propia.


Puntualizó que es fundamental coadyuvar en la creación de un ambiente ético en la administración pública y dotar de bases normativas a las políticas de integridad para su correcta aplicación y valoración y así avanzar en la implementación de acciones orientadas a
combatir la corrupción en México.


La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios legislativos, Primera.