Las familias llamaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a investigar las irregularidades en los centros penitenciarios

El viernes 2 de julio informaron a la familia de Guillermo “N” que se suicidó en el penal de Otumba tras permanecer varios años en prisión, pero ni su madre, ni su hermana creen esa versión, y hoy, junto a decenas de personas, marcharon a ese Centro de Prevención y Readaptación Social para exigir justicia, sanciones a los responsables de su muerte y parar los abusos que se cometen en los reclusorios.

Madres, padres, hermanas, hermanos, entre otros familiares dieron diversos testimonios de los viacrucis y abusos que viven tanto las personas privadas de su libertad, como quienes los visitan o les llevan alimentos.
Algunos con coraje, otros con dolor, contaron cómo los internos de Otumba y de otros reclusorios como Tenancingo son víctimas de custodios que los golpean, los envían a áreas de castigo donde incluso los torturan y les piden cuotas que van empobreciendo a las familias.
Tal como lo denunciaron diputados locales la semana pasada, al señalar que existe una red de corrupción en los centros penitenciarios que cobra por todo, las familias acusaron que son extorsionadas por custodios que piden dinero para ingresar a los penales, permitir la entrada de alimentos, ir a enfermería y en general para prácticamente sobrevivir en prisión.

Entre los custodios de Otumba señalados se encuentra a quien apodan “El Acapulco”. Lo responsabilizan de maltratos, cobros ilegales e incluso de que tiene su propia cuenta bancaria donde deben depositar para que los internos no permanezcan en áreas de castigo o no los maltraten.
El fundador de la organización Presunción de Inocencia y organizador de la protesta, Humbertus Pérez Espinoza, dijo que ese custodio es señalado como presunto responsable de la muerte de Guillermo.

Hoy su madre exigió justicia para él. Con lágrimas y coraje sostuvo que no se suicidó.

Además de los reclamos por los abusos en los penales, las familias también denunciaron que personas privadas de su libertad son inocentes, pero les fabricaron delitos, hubo detenciones arbitrarias y en algunos casos llegaron a torturarlos para que aceptaran su culpabilidad.
Sin pruebas, pero sin el dinero que a algunos les pidieron, sus familiares fueron sentenciados o están procesados por delitos que nunca cometieron, pero narraron, fueron imputados por la policía judicial ahora ministerial, y en varios casos, avalados por el Poder Judicial.

Las familias llamaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a investigar las irregularidades en los centros penitenciarios, las violaciones a derechos y también pidieron la intervención de Profeco, pues los alimentos que se venden en las cárceles han aumentado su precio hasta 200 por ciento.

Familiares se mostraron desesperados porque no hay dinero que alcance para ayudar a los internos, ya que les cobran de todo en las cárceles y acusaron que las autoridades no escuchan sus reclamos.