Es común encontrar noticias respecto al aumento en las tasas de criminalidad. Robos de todo tipo, delitos de alto impacto, etc. En Chihuahua ya hace tiempo que estas noticias, lamentablemente, son comunes.

La responsabilidad de la seguridad pública, claramente, tiene que ver con los cuerpos policiacos. Desde la falta de equipamiento, hasta los numerosos actos de corrupción y deficiencias en su trabajo, que generan detenciones arbitrarias y la liberación de delincuentes, son reclamos agrios y añejos. No obstante, es frecuente que se voltee a ver a lo que hay, y quiénes están, detrás de lo que sucede en las instituciones de seguridad. No hay que olvidar, que la responsabilidad recae antes que nada, en el gobierno. Las decisiones y actuaciones de los altos funcionarios, son las causantes en gran medida de la señalada corrosión.


Tal descomposición si bien tiene un componente individual, como las motivaciones del elemento policiaco en sus acciones. También trata de la impunidad, arbitrariedad y la agenda oculta de los altos funcionarios, quienes crean el ecosistema ideal para su proliferación. Esta clase de corrupción, es la que merma a un nivel nuclear a las instituciones de seguridad desde varios frentes. Por un lado, se tiene al deterioro de la moral de la institución, lo cual elimina valores de honor, compromiso, responsabilidad, que deben regir a estos cuerpos. Por otro, destruye la capacidad de ejecutar de forma correcta el trabajo: la persecución y detención de los criminales.


Los hechos ahí están. El pasado 4 de junio El Financiero publicó la noticia respecto a la detención de nueve agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, acusados de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.


El New York Times publicó un artículo “Detenciones arbitrarias: la fabricación de delincuentes en México” donde citó algunos testimonios de funcionarios –sin especificar de qué nivel- documentados por Amnistía Internacional México. Todos ellos apuntan a la burocracia mexicana como principal generadora de esta problemática. “Los detenciones en flagrancia le sirven al Estado, sean legales o no” indicó uno de los personajes entrevistados. Surge entonces el cuestionamiento respecto a la principal fuente de responsabilidad. El policía, tiene una gran responsabilidad, no puede negarse. Sin embargo, son las autoridades de alto rango las que tienen la principal responsabilidad. Marcan la pauta hacía los peldaños inferiores. Desarrollan los procesos de selección, contratación y administración. Pero principalmente, son quienes ejercen el poder y mandan. En lo tocante, al deslinde de la responsabilidad de esta corrosión a un nivel de entidad federativa, toca hablar de los gobiernos estatales.


En Chihuahua, el actual gobernador del estado, emprendió desde el inicio de su administración una campaña de búsqueda y detención sin precedentes de funcionarios de la anterior administración. Sin ahondar en la culpabilidad, es de resaltar y analizar, cómo las decisiones y comportamiento que ha tenido dicho funcionario y su equipo -encargado de esta empresa- en torno a las investigaciones y enjuiciamiento de aquellos personajes ha lesionado a los valores de las instituciones de seguridad.


Existe alguna correlación? Consideramos que así es. La forma en la que se han seguido dichos procesos, sus resultados, y la demagogia e intervencionismo por parte del titular del ejecutivo no han dejado más que basura a lo largo del camino y un dejo de impunidad y arbitrariedad, percibido por todos. Y sí, también por los cuerpos policiacos.


¿Dónde queda la moral de los buenos elementos si quienes nos gobiernan, están empeñados en violar las leyes, y por menos estarán comprometidos con capacitar e incentivar las mejores prácticas?


A continuación se hace un recuento de estos eventos funestos por parte del titular del ejecutivo y algunos de sus funcionarios cercanos, que respaldan nuestra hipótesis


En fecha 29 de enero de 2018, el periódico La Jornada, anunció la existencia de una supuesta denuncia interpuesta por ex funcionarios de la administración duartista, debido a extorsiones del Gobierno del Javier Corral. Específicamente se señala al ex asesor jurídico del Gobierno Estatal Maclovio Murillo, César Augusto Peniche Fiscal del Estado y al Gobernador Javier Corral Jurado.


El día 31 de enero de 2018 El Economista publicó un artículo donde se citan extractos de un audio, donde supuestamente Maclovio Murillo entre otras cosas, le contesta a una persona no identificada. “Mira, cabrón, si yo fuera el pinche Secretario de Gobierno ya te hubiera chingado”, “yo si sabría cómo usar la charola”.


Por su parte, el 23 de mayo se publico en youtube un audio que mantiene la Magistrada Adela Alicia Jiménez Castro y quien al parecer, es el Gobernador Javier Corral, dando instrucciones sobre como se debería proceder en una sesión en la que se abordaría la problemática respecto al relevo del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua.


Vemos que varios de los perseguidos, han sido liberados o tribunales federales han resuelto, la violación del debido proceso por parte de la Fiscalía del Estado. Así lo señaló El Heraldo de Chihuahua, en su publicación de 11 de julio de 2020. “Desde el 27 de marzo de 2017 se han ejecutado 47 órdenes de aprehensión, sin embargo menos de una docena están en prisión sujetos a proceso penal”.


Recientemente, el gobernador, en vísperas de elecciones, declaró respecto a la investigación en contra de María Eugenia Campos Galván y el supuesto vínculo que existe con el exgobernador César Duarte. Valga destacar, la circunstancia pre electoral en la que dichos comunicados se han realizado. El uso faccioso de las instituciones de seguridad, en contra de rivales políticos, al parecer.


Todos estos eventos, minan la credibilidad respecto a las intenciones detrás de las acciones que han llevado a juicio a funcionarios sospechosos de la comisión de delitos. Ello irradia hacía otras áreas.


Se genera desconfianza en las entrañas de las instituciones. Este efecto no es menor en los cuerpos policiacos, quienes ven, cómo, los gobernantes, administración tras administración, siguen una agenda particular o política en la toma de decisiones respecto a la seguridad pública. En consecuencia, ese comportamiento es natural que termine primando. La búsqueda de las intenciones particulares, irán siempre primero, antes que la persecución criminal, la seguridad de la sociedad y la justicia.


Por todo lo dicho, en Semáforo de Gobernanza y Justicia consideramos que el comportamiento del Gobernador, ha socavado las instituciones de seguridad, al utilizar a la fiscalía de forma facciosa en la persecución de personajes, que culpabilidades a parte, debe procurarse el debido proceso, no pasar por encima de él. Así se logran las sentencias condenatorias y en última instancia procuración de la justicia. Todo ello, deja mermada la moral de las demás instituciones de seguridad. Por lo que se enciende la luz de nuestro semáforo en color: