Debido a los beneficios que representa el nuevo modelo de Justicia Cívica, del cual la ciudad de Chihuahua es pionera a nivel estado, funcionarios de Cuauhtémoc y miembros del Fideicomiso para la Competitividad Ciudadana (FICOSEC),

estuvieron en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para conocer la forma de operarlo, con intenciones de buscar su implementación en aquella ciudad.


Los funcionarios escucharon por parte del subdirector Francisco Lezama Cisneros, las ventajas del nuevo modelo que busca evitar que las faltas administrativas escalen a delitos, resolver algunas controversias vecinales a través de la mediación e ir al fondo de los problemas para evitar la reincidencia, entre otras bondades de impacto comunitario.


A su vez, el comisario de la DSPM, Gilberto Loya Chávez, mostró la remodelación que se lleva a cabo en la comandancia Norte, (similar a la de la comandancia Sur), que contará con salas de audiencias y áreas de tamizaje o identificación de factores de riesgo de la persona detenida, pues bajo este esquema se le escucha y se le ofrecen alternativas de tratamiento cognitivo-conductual.


Juan Carlos Rentería, director administrativo de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, manifestó que aprovecharon la disposición del director Gilberto Loya para visitar y conocer tanto el tema de Justicia Cívica como el de Policía de Proximidad, pues buscan empaparse en ambos aspectos antes de ponerlos en marcha en aquel municipio.


La comitiva de funcionarios estuvo integrada por: Juan Carlos Rentería, director administrativo de Seguridad Pública de Cuauhtémoc; Jorge Ayala y Juan Sagarnaga por la Academia de Policía; Edgar González, director regional de FICOSEC y Ricardo Ramírez, presidente local de FICOSEC en Cuauhtémoc, además de Luis Carlos Ramírez Flores del área de prefectura.


Desde mediados de 2018 el municipio de Chihuahua comenzó el proceso de implementación del nuevo modelo de Justicia Cívica, que tiene por objetivo atender las causas que generan la conflictividad social y acercar a la comunidad a medios alternativos para solucionar sus controversias. Así como transitar del arresto, multa o amonestación a un mecanismo que atienda factores de riesgo que originan las faltas administrativas.