El gobierno federal decidió sacar del mercado a las industrias de generación eólica y solar mientas dura la contingencia.

Esta es la razón por la que están muy nerviosas las empresas, extranjeras y mexicanas, que desde 2015 confiaron, licitaron y obtuvieron contratos para generar energía eléctrica renovable en nuestro país.


El valor aproximado de las inversiones relacionadas con este sector ronda los 30 mil millones de dólares.


Sin embargo, con este anuncio de la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el precio de sus acciones y de sus activos corre el riesgo de caer a plomo cuando decidió sacarlas del juego.


En efecto, a partir del 3 de mayo fueron suspendidas las pruebas de distribución de energía eléctrica de las plantas solares y eólicas que se encontraban en proceso de operación comercial y también se negó autorización para aquellas que aún no han puesto a disposición de la red eléctrica la producción por venir.


También están en problemas aquellas plantas de energía renovable que ya contaban con licencias previas de distribución. El Cenace amenazó con que esos contratos serán revisados para “determinar su viabilidad” futura. Lo cual implica que podrían ser revocados.


Esta decisión afecta al 15% de la producción actual de electricidad del país, pero sobre todo podría lesionar dramáticamente la inversión futura en energías y tecnologías renovables.


Resulta paradójico que, justo cuando el mundo y el país necesitan repensar su relación con la naturaleza y el planeta, México decide retroceder las manecillas de su reloj optando por favorecer la energía que se obtiene de los hidrocarburos.


Es consenso mundial que para luchar contra el cambio climático se requiere más del sol y del viento y menos del petróleo.


En el presente el país cuenta con 67 parques solares y 62 eólicos que podrían cerrar. El acuerdo dictado por el Cenace, que lleva la firma de Ignacio Villa Carpia, se publicó el 29 de abril, y fue ratificado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el pasado 15 de mayo.


Desde entonces las empresas que ganaron las licitaciones internacionales, desde el año 2015 a la fecha, se muestran muy alarmadas.


Si el gobierno federal no les permite subir a la red de transmisión la energía que estaban generando, en breve sus parques solares y eólicos se volverán un cementerio de celdas fotovoltaicas y molinos oxidados.


Los acuerdos dictados por el Cenace y la SENER dicen que estas medidas se mantendrán “durante la contingencia provocada por el SARS-Cov-2 (Covid-19);” el problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo terminará tal contingencia.


Así como puede ser en julio de este año, podría ser en diciembre o en febrero del año próximo. Argumenta la autoridad que las energías generadas a través del sol o del viento no son confiables, ni suficientes, ni ofrecen la mejor calidad en el servicio.


Responden las empresas que eso es una mentira: desde hace varios años en México este tipo de energías son proveídas sin intermitencias graves y, en caso de que falte el sol o el viento, el resto de las fuentes generadoras suplen en automático cualquier deciencia.


Tampoco es cierto que sean más caras que las fuentes ligadas a los hidrocarburos. Nada es más barato que un watt obtenido con tecnologías renovables.


Sin embargo, en una cosa tiene razón el gobierno, las plantas generadoras de electricidad –que obtuvieron licencia de operación antes de 2015– cobran mucho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por distribuir su producto.


Lo que se conoce como el porteo, y que representa un costo de cerca de 5 mil millones para la CFE, debería eliminarse.


Ahora que, no por estos pecadores se vale ametrallar el futuro de toda la energía renovable del país, en particular de aquellas plantas instaladas después de 2015, las cuales no reciben ningún subsidio para el porteo de parte de la CFE.



EL UNIVERSAL