A los medios de comunicación. A la sociedad civil mexicana. Somos guardianes y guardianas de la vida y los territorios provenientes de 11 estados de México. Les queremos alertar sobre el impulso de grandes obras de infraestructura y
proyectos extractivos que nos impiden vivir en paz en nuestras ciudades y comunidades.

Nuestras luchas trascienden los sexenios y se enfrentan desde hace tres décadas a la continuidad de la política socio-económica neoliberal implementada por el Estado mexicano y las empresas nacionales y extranjeras. Y hoy, a un año de la toma de protesta del presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos toca hacer el triste recuento de las batallas que tuvimos que librar desde el inicio de la « cuarta transformación » para defender nuestros derechos humanos y los bienes comunes naturales con los cuales convivimos.


De los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), 15 nos afectan directamente en nuestros territorios. Entre
ellos tres de los más mediatizados por la nueva administración: el nuevo aeropuerto internacional
de Santa Lucía en el estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl.


El presidente inició la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía sin tomar en consideración a los pueblos aledaños y sin una manifestación de impacto ambiental correctamente hecha. Pondría en grave peligro a los y las habitantes de la Ciudad de México ya que
se requeriría de 6 millones de litros de agua al día de la Cuenca del Valle de México, misma que
abastece a los capitalinos.


El Corredor Interoceánico, o Tren Transístmico, se pretende imponer por medio de simuladas
consultas que no cumplen con los parámetros mínimos del derecho a la consulta previa, libre e
informada. Los pueblos ya han desconocido estas prácticas que violentan sus tiempos, formas y
espacios de toma de decisiones. Pretende convertir la región en un corredor industrial y energético que dejará a su paso desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas
de organización comunitarias. Pondría en riesgo la soberanía nacional al transformar este territorio en un nodo de tránsito de mercancías del capitalismo global.


En el centro del país, el gobierno mexicano intenta imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM)
desde 2011. Implica la construcción de un acueducto que despojaría a los y las morelenses del
acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto. Este último pasaría por 24 municipios de
Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl. Cualquier erupción de este
volcán activo sería desastrosa para la población.

Hemos enfrentado diversos ataques por resistir
al PIM, entre los cuales el asesinato de Samir Flores, que se mantiene impune. En los últimos
días, recibimos amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, y el abogado del Frente de Pueblos.
Juan Carlos Flores Solís ha sido intimidado y señalado por su defensa.


Las tierras morelenses están también en la mira de la industria minera. La empresa Álamos Gold
pretende iniciar la explotación del proyecto «Esperanza », también llamado « Proyecto Jumil »
en el surponiente del estado, a pesar de que su Manifestación de Impacto Ambiental fue negada
por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y por afectar la zona arqueológica de Xochicalco. Se
trata de un proyecto de extracción de oro y plata altamente tóxico, con impactos a la salud de las
comunidades locales, a su patrimonio y al medio ambiente. Logramos frenar este proyecto en el
año 2013 y hoy reiteramos nuestra determinación a no dejarlo avanzar.


La minería canadiense nos afecta también en la Sierra Norte de Puebla, en particular en Ixtacamaxtitlán, Almaden Minerals pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto. El «
Proyecto Ixtaca » acabaría con el agua de las comunidades del municipio al consumir 5.5 millones de litros de agua al día, y tendría graves impactos en 29 municipios de la cuenca del Río
Apulco. Se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada y las concesiones han sido declaradas ilegales. Pero gracias al amparo legal interpuesto por los y las defensores, la Semarnat
suspendió el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental y el proyecto no ha podido
avanzar.


En la zona del golfo de México en Veracruz, la empresa Azucar Minerals, creada como una extensión de la misma Almaden, quiere explotar el proyecto de extracción de cobre y oro “El
Cobre”. Otra compañía basada en Vancouver llamada Candelaria Mining quiere reactivar el
proyecto “Caballo Blanco”. Ambos están ubicados a proximidad de la central nucleoeléctrica
Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.


En Chihuahua, en la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas sin garantizar el derecho del pueblo a sus
tierras ancestrales y a la consulta: tres a particulares y la cuarta a la minera Evrim S.A. de C.V.,
que pertenece al grupo canadiense Evrim Resources Corp. Resistir a proyectos de muerte en
esta región donde reina una violencia extrema tiene un costo: el compañero Julián Carrillo, de la
Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, fue asesinado el 24 de
octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.


El extractivismo minero nos afecta a todas y a todos a nivel nacional ya que es una de las actividades que más agua consume. En Zacatecas, el gobierno pretende construir la presa Milpillas
para acaparar el agua del río Atenco y abastecer en agua a mineras y a la cervecera Grupo Modelo de forma directa o indirecta. Desde 2018, el gobierno estatal ha desplegado una estrategia
de división, corrupción e intimidación en contra del Movimiento en Defensa del Territorio y del
Río Atenco para imponer este proyecto.


Otra cervecera que el estado privilegia por encima del derecho humano al agua es la Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Un acuerdo firmado en 2015 con la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la compañía obtener el derecho de consumir
20.000 millones de litros de agua potable por año. Si bien el presidente afirmó en septiembre que
la empresa no debería instalarse en esta zona árido-desértica, la construcción de su nueva planta
de 400 hectáreas no ha parado y ya lleva el 45% de avance.


En el estado de Chiapas, el agua está siendo acaparada por la empresa Coca-Cola, que extrae
más de 1 millón 300 mil litros diarios a través de los dos pozos de su planta ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Ahora busca abrir un tercer pozo y para limpiar su imagen,
intentó construir un humedal artificial para tratar aguas residuales dentro de un área protegida, en
complicidad con el ayuntamiento. Pero gracias a la lucha de la población local, el proyecto no ha
podido avanzar.


La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México. En el
frente de esta batalla están también los pequeños productores y las pequeñas productoras de
Michoacán que día a día trabajan la tierra para protegerla ante al avance del crimen organizado
que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria.

Ante el acaparamiento de nuestras tierras, la
tala de nuestros bosques y el desplazamiento de nuestras comunidades, son ellos y ellas quienes
resguardan el tejido comunitario, y detienen el cambio de uso de suelo y el robo de agua de
nuestras comunidades.


Por todo lo anterior y lo que falta, hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, medios de comunicación, instituciones públicas y sociedad en general a
construir y defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosques
y montañas. ¡Organicémonos de manera conjunta frente a la violencia, la injusticia y por la
vida! Urge deshacer los mecanismos que permiten desde hace décadas que los gobiernos y las
empresas destruyan nuestros bienes comunes naturales y pisoteen nuestros derechos. Le exigimos al gobierno respetar nuestro derecho a la libre autodeterminación para decidir sobre el
tipo de desarrollo sustentable y colectivo que queremos en nuestros territorios.


En particular exigimos:

- Procurar justicia para los compañeros Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en
Chihuahua y todos los defensores y las defensoras de la vida y los territorios asesinados y
criminalizados en México;

- Respetar el derecho a la autodeterminación de los más 20 pueblos originarios que integramos el Frente de pueblos originarios en Defensa del Agua en Santa Lucía;

- Cancelar el Corredor Interoceánico, proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de muerte en el Istmo de Tehuantepec y respeto a la libre autodeterminación de
sus pueblos originarios;

- Cancelar el Proyecto Integral Morelos;

- Cancelar todas las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y
Chihuahua;

- Declarar los territorios de Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua libres de Minería;

- Respetar la autonomía de los ejidos de Zacatecas que ya han dicho “NO” a la Presa Milpillas;

- No otorgar a la cervecera Constellations Brands el derecho de consumir 20.000 millones de litros de agua potable al año en Mexicali;

- No otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas;

- No organizar consultas simuladas y manipuladas sobre megaproyectos;


FIRMAMOS:

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIIDTT);
ASAMBLEA DE RESISTENCIA DE AMILCINGO;
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS ZEFERINO LADRILLERO;
COLECTIVO TIOKÓ MONTAÑA DE GUERRERO;
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE DE MEXICALI;
CONSEJO TIYAT TLALLI;
COORDINACIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COLONIAS DE XOCHIMILCO;
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y
TLAXCALA;
FRENTE DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DEL AGUA;
LA ASAMBLEA VERACRUZANA DE INICIATIVAS EN DEFENSA DEL AMBIENTE (LAVIDA);
MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL RÍO ATENCO;
MOVIMIENTO MORELENSE EN CONTRA DE LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES;
MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DEL BOSQUE Y CUENCAS DE AGUA DE TANCÍTARO;
NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA POPULAR (NCCP);
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS;
OTROS MUNDOS CHIAPAS;
PLATAFORMA VECINAL Y OBSERVATORIO DE LA COLONIA JUÁREZ 06600;
RADIO COMUNITARIA AMILZINKO;
RED EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA SIERRA TARAHUMARA;
RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA);
RESISTENCIA CIVIL DE BAJA CALIFORNIA;
UNIÓN DE COMUNIDADES Y EJIDOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, DEL AGUA Y DE LA
VIDA (ATCOLHUA);
UNIÓN DE COOPERATIVAS TOSEPAN