Dialogan representantes de las dependencias estatales que integran el ProJAM con autoridades municipales y de comunidades indígenas para resolver de forma integral y coordinada las problemáticas de cada región.

Comprometidos con mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas trabajadoras del campo y sus familias, las 24 dependencias de la administración gubernamental que integran el Programa de Atención a Personas Jornaleras Agrícolas Migrantes (ProJAM) se reunieron con autoridades municipales y representantes de comunidades indígenas en el Centro Cultural Bocoyna.


Lo anterior como parte de la cuarta sesión 2019 del ProJAM, coordinada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde las y los enlaces del Gobierno del Estado escucharon las principales problemáticas de la región para atenderlas de forma integral con el trabajo coordinado entre las instancias.


La reunión fue presidida por la secretaria del Trabajo, Ana Luisa Herrera, quien explicó que en estos encuentros bimestrales, se acercan los diferentes servicios del Gobierno del Estado a los municipios para que tengan conocimiento de esta organización interinstitucional y de la capacidad del Estado para atender las distintas necesidades.


“Le ponemos cara y nombre a las y los funcionarios con quienes pueden acercarse para beneficiarse de los programas gubernamentales” dijo la funcionaria.


Recordó que el ProJAM, por encomienda del gobernador Javier Corral Jurado, tiene como objetivo reconocer la dignidad de las personas jornaleras agrícolas y darles el trato tal como les corresponde, por lo que se busca sensibilizar de ello a todos los actores, productores, autoridades de los tres niveles de gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil.


Como parte de la sesión, el director de la Inspección del Trabajo, Marco Antonio Gaytán, expuso las obligaciones patronales especiales que marca la Ley Federal del Trabajo para las y los patrones del campo, las cuales representan derechos laborales para las personas jornaleras.


Entre las obligaciones destacan contar con un transporte digno y seguro, proporcionar agua potable y baños, brindar servicios de guardería a los hijos de las personas trabajadoras, proporcionar asistencia médica o traslados al lugar más cercano, entre otras.


También se informó sobre la campaña piloto de credencialización a personas jornaleras coordinada por la STPS y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), la cual coadyuva en la identificación de la población jornalera agrícola existente, dándole seguimiento a la Recomendación General 36/2019 sobre la situación de la población agrícola en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).


Hasta el momento, a través de la campaña piloto, se han entregado más de 120 credenciales durante la primera serie de visitas a comunidades.


La cuarta sesión 2019 del ProJAM contó con la asistencia del subsecretario de la STPS, Juan Ramón Herrera Pedroza; el alcalde de Carichí, Santos Cordero; el secretario del ayuntamiento de Bocoyna, Pablo Vázquez Davalo; el encargado de asuntos indígenas de Bocoyna, David Zavala, así como las enlaces y los enlaces de la administración gubernamental.