Si las actuales políticas en materia de drogas están viendo la regulación como una medida para controlar el tráfico y uso de drogas en el mundo, entonces deben enfrentar dos grandes retos: la corrupción y la debilidad de las instituciones.

Esto de acuerdo con el reporte "Regulación. El control responsable de las drogas" de la Comisión Global de Política de Drogas, donde además de recomendar a los gobierno transitar a un modelo donde el Estado tenga el control de las drogas, consideran una buena solución que los países en desarrollo comiencen con la regulación gradual y con conocimiento de científico del problema.

Las drogas son consideradas el mercado de productos ilegales más grande del mundo, ya que el aumento de la demanda y la respuesta prohibicionista de los gobiernos ha propiciado la expansión de este mercado controlado principalmente por grupos criminales.

"La producción y el tráfico de drogas están despiadadamente motivados por las ganancias (...) este comercio criminal socava las instituciones estatales y obstaculiza el desarrollo sostenible (...)", señala el documento.

Durante la presentación del estudio, Maria Cattaui, exsecretaria general de la Cámara Internacional de Comercio y miembro de la Comisión Global, las políticas prohibicionistas de represión y punitivas tienen un costo aproximado de 100 millones de dólares por año, sin contar los costos de la corrupción, la violencia y otros problemas aparejados con esa política.

No hay lógica económica en la prohibición. Los costos son enormes: corrupción, violencia, salud pública, violaciones de los derechos humanos, miles de millones gastados en la aplicación de leyes ineficaces. Maria Cattaui, exsecretaria general de la Cámara Internacional de Comercio.

El estudio "Asumiendo el control. Caminos hacia políticas de drogas eficaces", publicado también por la Comisión pero en 2014, se calcula que en México los traficantes de cocaína gastaron al menos 500 millones de dólares en 1998 en sobornos, y que a partir de 2011 los grupos de narcotraficantes mexicanos y colombianos lavaron hasta 39,000 millones de dólares al año de la venta al por mayor de drogas.

Los cárteles se aprovechan de comunidades pobres
El estudio expone que las consecuencias no intencionales de la guerra contra las drogas recaen en las regiones y comunidades más vulnerables, pues son más propensas a ser víctimas de los cárteles.

Las organizaciones delictivas flexibles y oportunistas se sienten naturalmente atraídas por las comunidades empobrecidas, los estados frágiles o los países sensibles a la corrupción. Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas.

Los beneficios de hacerlo es que que se minimizan los costos de producción o tránsito y se maximizan los beneficios, además de que generalmente las instituciones sufren de desorganización, carecen de fondos y capacitación, y los ciudadanos no confían en ellas.

"Cuando la violencia e intimidación se normalizan en la vida cotidiana, y la corrupción se vuelve endémica dentro de la policía, el sistema judicial y la política, los ciudadanos pierden la fe en instituciones que consideran ineficaces e irresponsables, el Estado de Derecho se ve socavando de manera crítica y el crimen organizado se fortalece aún más", afirma el informe.


Fuente: /adnpolitico.com