• Desde hace 9 años, no se escatiman recursos para garantizar la atención de sus necesidades médicas, físicas y emocionales, a la que por ley tienen derecho.

• Sobre las presuntas irregularidades en la compra de algunos medicamentos ocurridas en el pasado, el IMSS demandó la intervención del OIC, con el que colabora con toda la información, al igual que con la ASF.


Desde que ocurrió la tragedia en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda apoyo incondicional a las niñas, niños, adultos y familias afectadas, sin escatimar recurso alguno para garantizar la atención a sus necesidades médicas, físicas y emocionales, a la que por ley tienen derecho.


Se creó el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), el cual se integra con pediatras, rehabilitadores, psicólogos, psiquiatras, neumólogos y personal administrativo, que atiende de forma permanente (incluidos fines de semana) a los miembros de las familias que de forma directa fueron afectados, así como a sus familiares.


Es importante destacar que además de otorgar la atención a las familias a través de médicos del IMSS, también se les cubre el costo por la subrogación que requieran en servicios privados, incluyendo el traslado, alimentación y hospedaje.


Respecto de los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas en la compra de algunos medicamentos por parte del CAICE ocurridas en el pasado, el Seguro Social demandó la intervención del Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, y colabora con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) proporcionando toda la información documental que requieran para las investigaciones que actualmente llevan a cabo.


Con este propósito, el IMSS separó de su cargo, hace dos meses, a la persona responsable de la administración del CAICE, con la finalidad de garantizar la transparencia, objetividad y profundidad que las investigaciones requieren.


Asimismo, reitera su compromiso de continuar proporcionando atención prioritaria a través de los servicios médicos y de los apoyos económicos vitalicios a que tienen derecho las y los afectados.