Los saldos sobre el Encuentro Chihuahua podrían ya formar parte de los “problemas contemporáneos de México”, según se alude en el subtítulo de la tan llevada y traída reunión convocada por el gobierno local, cuya resaca mediática se debate casi casi en ver cuánto y cómo se gastó para tal ocasión.

Por lo pronto, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, ya se deslindó, y Alejandra Chavira, directora de Relaciones Públicas, según algunas columnas periodísticas, ha perdido de a poco la sonrisa que le dibujó el gobernador al adular su intervención para que el Encuentro resultara en lo que resultó: un autodestape con porra venida del centro nervioso del país, todo con miras a asegurarle competencia al tabasqueño líder de MORENA, colocado nuevamente en los cuernos de los lunáticos dueños de las encuestadoras rumbo al 2018.
Hasta columnistas como Isaías Orozco tuvieron que recurrir al economista Thomas Piketty para “explicitar” la propuesta, según dice, más relevante de Javier Corral durante dicho Encuentro: proponer el aumento, cuando menos, del 50 por ciento al salario mínimo de los trabajadores en México. El “cuando menos” es una trampa verbal, como esas que utilizan los supermercados para engañar a sus cautivos clientes, y aunque es raro, ya se sabe, engañar a los cautivos, como a los consumidores de la Coca-Cola, más rara es la propuesta del gobernador.
Porque seguramente muchos vieron en ello, con un hálito de sorpresa, un gran hallazgo; pero en nuestro país eso ya no es ninguna revelación, todo por culpa del secretario de Educación, Pablo Cuarón (el rimado es involuntario), quien desnudó al rey justo al inicio del quinquenio al decir que éste había hecho promesas de campaña dictadas por el corazón y no por la razón al rechazar –primer gran desencanto– que habría becas al cien por ciento para los estudiantes universitarios.
Ante la obviedad, no es necesario que Jáuregui se deslinde, porque el referido Encuentro sí fue costeado con recursos del erario: baste con que los funcionarios hayan utilizado sus tiempos e infraestructura pública para ver cómo se organizan electoralmente, juntos, partidistamente, rumbo al 2018. Cuando desde el movimiento cívico clamamos porque las puertas del Palacio de Gobierno se abrieran, la exigencia no incluía pasatiempos como este, porque hacerlo sería parecerse, en mucho, a los devaneos políticos recurrentemente practicados por el “vulgar ladrón”, al que hoy se persigue simbólicamente fuera del país. Parece que hacer una diferencia cuesta mucho trabajo. Pero no debe tener ningún costo –político por supuesto– actuar en consecuencia.