Hace justo 100 años, en 1926, se presentó el quiebre definitivo entre la Iglesia católica y el Estado mexicano, marcando el paso de la resistencia civil y legal al estallido violento de la Guerra Cristera.

Lo que ocurrió ese año fue una escalada radical de provocaciones gubernamentales y respuestas de la sociedad civil que culminaron en el derramamiento de sangre en agosto y el posterior alzamiento en armas. Los antecedentes y sucesos clave se desarrollaron a través de los siguientes hitos: El 4 de febrero de 1926, el periódico El Universal publicó una entrevista al arzobispo de México, José Mora y del Río; en ella, el prelado declaró de forma contundente que la Iglesia no reconocía y combatiría los artículos anticlericales de la Constitución de 1917 —específicamente los artículos 3°, 5°, 27° y 130°—; El presidente Plutarco Elías Calles, masón irredento y furibundo anticatólico, ordenó la clausura inmediata de conventos, la expulsión de sacerdotes extranjeros y el cierre forzoso de escuelas religiosas; En junio de 1926, la confrontación ideológica tomó forma de decreto penal. El Ejecutivo emitió la conocida “Ley Calles” (Ley de Tolerancia de Cultos), una reforma diseñada para castigar penalmente cualquier desacato del clero: La ley prohibía a los sacerdotes usar sotana en la vía pública, eliminaba por completo la personalidad jurídica de las iglesias, sancionaba la educación religiosa y facultaba a los alcaldes civiles para decidir el número máximo de sacerdotes permitidos en cada municipio, asfixiando la operatividad de la Iglesia; La respuesta civil de la feligresía no se hizo esperar, encabezada por la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), quienes articularon una resistencia en dos frentes: Se organizó un freno económico nacional para presionar las finanzas del gobierno, consistente en no comprar billetes de lotería, reducir al mínimo el consumo de gasolina, electricidad y artículos de lujo, y evitar el uso del transporte público, y Ante la imposibilidad de cumplir con la Ley Calles sin someterse al control absoluto del Estado, el Episcopado Mexicano —con la autorización explícita del Papa Pío XI— tomó una medida inédita y drástica: suspender los cultos públicos en todos los templos católicos de México a partir del 31 de julio de 1926. Ese día, en una atmósfera de pánico y devoción, miles de fieles acudieron a las iglesias a bautizar y casarse en masa antes de que las puertas se cerraran indefinidamente, y Con los templos vacíos de sacerdotes, el gobierno federal ordenó que juntas civiles locales tomaran posesión y control físico de los inmuebles. Esto provocó el choque frontal con los jóvenes laicos que se habían organizado para custodiar los edificios sagrados. Ése fue el punto de no retorno; el 3 de agosto, se desató el Sitio del Santuario de Guadalupe en Guadalajara; en este lugar, el ejército federal abrió fuego contra los jóvenes de la ACJM, perpetrando una matanza que sepultó la vía pacífica, inició una resistencia civil y terminó por convertirse en el prólogo sangriento de una guerra civil que dividió a México por tres años. ¿Por qué la masacre del 3 de agosto de 1926 quedó en la penumbra histórica, mientras que el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco se convirtió en un hito de la memoria nacional? Por una razón muy simple: El poder, la ideología y el control cultural moldean el recuerdo colectivo. En efecto, a pesar de compartir la misma trágica esencia —población civil e indefensa masacrada por la barbarie y el aparato represor del Estado—, sus destinos en el imaginario público fueron radicalmente opuestos. La historia oficial, al final del día, no la escriben los muertos, sino los intereses políticos de quienes sobreviven para contarla. En el caso concreto, el monopolio de la narrativa oficial posterior a la Revolución lo tenía el Estado mexicano surgido de la Revolución, mismo que construyó un relato oficial unificado. El grupo en el poder se autoproclamó como el único heredero legítimo de la “modernidad” y el “progreso” de la nación, lo que conllevó a estigmatizar la rebelión y a la censura por parte del Estado: En la especie, por ejemplo, al triunfo del aparato militar e institucional del gobierno de Plutarco Elías Calles, los hechos del Santuario de Guadalupe del mes de agosto de 1926 se registraron en los libros oficiales simplemente como el sofocamiento de una revuelta ilegal, sepultando el carácter de víctimas que tenían los jóvenes civiles. Había, hubo, hay, un férreo control de los medios de comunicación y de los testigos. El heredero de esa barbarie es el gobierno actual; plagado de priistas insepultos vestidos con chaleco guinda que no dudaron en llamar a la porquería que dirigen “4.ª Transformación”; es decir, movimiento heredero, descendiente directo, de ese régimen represor y falsario que dominó por entero tres cuartas partes del siglo XX en México. Me queda claro que, México, no padece falta de memoria, sino que cuenta con una memoria selectiva; recordamos lo que confirma nuestros prejuicios y borramos lo que obliga a revisar nuestros mitos. El 2 de octubre no debe olvidarse, el 3 de agosto tampoco, pues si el Estado va a decidir cuáles muertos merecen memoria y cuáles no, la historia deja de ser conciencia y se convierte en consigna; y eso es, precisamente, lo que quiere este régimen de pacotilla. En ésas estamos, mexicanos. Contácteme a través de mi correo electrónico o sígame en los medios que gentilmente me publican, en Facebook o también en mi blog: https://www.luisvillegasmontes.com Luis Villegas Montes. Ofna. (614) 438 4832 y Cel. 223 3337 Mail: [email protected]