"En su balanza, la Justicia no te pesa lo que tienes, sino lo que te falta." Jorodowsky Después de tanto debate sobre la reforma judicial en México, se concedió el primer amparo de fondo que declaró inconstitucional sobre las reformas del 2024 fue concedido recientemente por el juez federal Agustín Archundia Ortiz, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Jalisco. Esto es un fuerte golpe para la presidenta de Morena, que si bien es cierto puede ser modificada por un Tribunal Colegiado, también lo es que el barco se mueve un poco

Los argumentos del argumento del juez: La sentencia determinó que la reforma es incompatible con la esencia de la Constitución de 1917, argumentando que el Congreso de la Unión excedió sus facultades al sustituir la carrera judicial y los exámenes de oposición por tómbolas o esquemas de azar. También acusó violaciones graves a los derechos humanos y vicios en el procedimiento legislativo. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación celebró este fallo histórico. Si bien el amparo representa un golpe legal directo a la reforma, sus alcances actuales cuentan con características muy específicas. El núcleo de cualquier civilización funcional radica en su capacidad para administrar justicia de forma imparcial, técnica y pacífica. Cuando el Estado falla en su rol de garante de la seguridad y el orden, el concepto de justicia se deforma. El fenómeno de la justicia en malas manos —ya sea mediante la corrupción de los tribunales estatales o la mal llamada "justicia por mano propia" ejercida por la ciudadanía— representa una de las mayores amenazas para la democracia. El presente ensayo analiza cómo la pérdida del monopolio de la fuerza y la degradación institucional transforman el ideal de equidad en un ciclo primitivo de violencia y revancha. Por el momento, la protección constitucional no tiene efectos generales. Beneficia exclusivamente a las personas que promovieron el juicio de amparo (tres integrantes del Poder Judicial) frente a la implementación de la ley. Al ser una sentencia de primera instancia, aún no es definitiva. Puede ser impugnada por el Ejecutivo o el Legislativo mediante recursos de revisión, por lo que el caso se trasladará a un tribunal colegiado y, eventualmente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), El auge de la justicia por mano propia no surge de un vacío; es la consecuencia directa de un Estado ineficiente y corrupto. Cuando los ciudadanos perciben que las leyes protegen al delincuente o que la impunidad es la norma, el tejido social se fractura. Sin embargo, delegar la aplicación del castigo en la masa o en tribunales vecinales no constituye un acto de justicia, sino un retroceso hacia la ley del talión. La indignación colectiva carece de la rigurosidad procesal necesaria para separar el juicio objetivo del linchamiento ciego. En esas circunstancias, la supuesta solución termina siendo un crimen idéntico o peor que el que se pretendía castigar. Desde una perspectiva ética y legal, la diferencia entre justicia y venganza radica en la neutralidad de un tercero. Los sistemas jurídicos modernos se crearon precisamente para arrebatar la facultad de castigar a las partes afectadas, evitando que el sesgo emocional nuble el veredicto. Cuando la justicia cae en manos de una turba enardecida o de jueces corrompidos por el poder, se pierde la proporcionalidad de la pena. La ira del momento es incapaz de medir la culpabilidad con precisión, lo que inevitablemente abre la puerta a la ejecución de inocentes y a la normalización de la crueldad como herramienta política o social. La justicia en malas manos desmantela los cimientos de la vida comunitaria y nos devuelve a un estado de naturaleza donde impera la ley del más fuerte. Para frenar esta degradación, no basta con condenar la violencia civil o la corrupción judicial; el Estado debe recuperar urgentemente su legitimidad mediante la transparencia, la eficiencia operativa y el acceso real a una defensa justa para todos sus ciudadanos. Desatender el reclamo de orden de la sociedad es validar, por omisión, el caos de quienes deciden tomar la ley bajo su propio arbitrio. El primer argumento que sostiene la gravedad de esta crisis es la impunidad sistémica. Según estimaciones de organizaciones como México Evalúa, la tasa de impunidad en el país supera el 90% en la mayoría de los delitos graves, y la cifra negra —delitos que no se denuncian o no abren carpeta de investigación— ronda el 93%. Un sistema donde solo una mínima fracción de los delitos recibe una sentencia justa pierde su capacidad de disuasión. A nivel internacional, esto sitúa a México en una posición de vulnerabilidad extrema, donde el ciudadano común asume que denunciar es una pérdida de tiempo y el criminal sabe que la probabilidad de enfrentar consecuencias es casi nula. El segundo factor crítico es el diseño y la implementación de sus reformas. La transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) iniciada en 2008 buscaba homologar a México con los estándares internacionales de oralidad y presunción de inocencia. Sin embargo, el colapso de las fiscalías locales, la falta de capacitación de las policías como primeros respondientes y la persistencia de figuras violatorias de derechos humanos —como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa— estancaron el progreso. A esto se suma la reciente reforma judicial de 2024, que introduce la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Mientras el gobierno argumenta que esto democratiza la justicia, organismos internacionales como la ONU, la CIDH y diversas agencias de calificación financiera advierten que la medida vulnera la independencia judicial, politiza los fallos y aleja a México de las mejores prácticas globales basadas en la carrera judicial y la meritocracia. Finalmente, la corrupción y el acceso desigual a la defensa legal terminan por sepultar la efectividad del modelo. En México, la justicia suele ser un privilegio de quien puede financiarla. Los defensores públicos están saturados, atendiendo cientos de casos simultáneamente, lo que contrasta con los recursos de las fiscalías o de acusados con alto poder adquisitivo o vínculos con el crimen organizado. El flagelo del nepotismo y el soborno dentro de los tribunales erosiona la confianza ciudadana, un pilar fundamental para que cualquier sistema de juicio sea considerado legítimo en el concierto internacional. México posee un marco constitucional avanzado y ha intentado modernizar sus procesos, los resultados prácticos lo posicionan en los puestos más bajos de los rankings internacionales de justicia. No es necesariamente el peor planeta en papel, pero su ejecución real sufre de un divorcio absoluto entre la norma y la práctica. Superar este colapso requerirá más que reformas políticas superficiales; exige un fortalecimiento real de las capacidades de investigación local, la garantía irrestricta de la independencia de sus jueces y una lucha frontal contra la impunidad que devuelva la certeza jurídica a la sociedad. Sin mas, basta mirar el descredito de la justicia en México, solo con estar un rato en los diversos medios de comunicación sobre el actuar en la aplicación de la justicia nos da un parámetro del tamaño inequívoco de la reforma judicial. Salud y larga vida Profesor por Oposicion de la Faculta de Derecho de la UACH. X profesor_F Instagram profesorf