El pasado 18 de mayo, un medio digital publicó un editorial (visible en el sitio https://chihuahuaendirecto.com/en-el-tsje-essantiago/); transcribirlo se comería la columna; los puntos centrales del texto, en lo que nos interesa: Existe una “presunta” operación política dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); ahora ya es descarado el apoyo a Santiago de la Peña en el Tribunal Superior de Justicia, vinculado a la presidencia del órgano;

La nota habla de operación interna y externa dada la dependencia política y falta de estructura propia; así, la presidencia del TSJ habría recurrido a apoyos provenientes del Estado, ligados a la Secretaría de Hacienda local, para sostener reuniones y operación política; Rumbo a 2027, dentro del Poder Judicial existe incomodidad por una creciente división interna ante el escenario político-electoral de 2027 y el eventual relevo en la presidencia del TSJ; ¿qué va a hacer Rubén Aguilar, por ejemplo, que todo le debe a Santiago, su padrino y artífice estrella, empero que le había jurado fidelidad a César Jáuregui? En ese sentido, la orden de De la Peña es controlar la exposición pública y poner especial cuidado sobre videos y fotografías de reuniones para limitar evidencia pública sobre participantes y apoyos, y Por lo pronto, “el grupo de Santiago mantiene control e influencia, dentro del propio Poder Judicial”. Dice el artículo 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: “Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral […] que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley […]”.[1] Y el referido artículo 52, dispone lo siguiente: “Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en […] servicios; empleos y demás beneficios indebidos […]”.[2] Es decir, dado que existe, o puede existir, una operación política activa dentro del TSJ vinculada al grupo de Súpersecretario y la presidencia de dicho órgano —y que, como he afirmado en distintas ocasiones, durante meses, existe un claro contubernio entre éste y la gente que acomodó a su antojo y con la que ha pactado apoyos inconfesables (que implica correr a medio mundo del TSJ), para tenerlos contentos y actuando a su favor—, quien claramente llegó impulsada desde Gobierno del Estado, el tribunal se estaría alineando rumbo a 2027 y parte de la estructura estatal estaría participando en esa operación de manera ilegal. La acusación no es menor […] He ahí el auténtico problema: no se trata de los funcionarios involucrados en esta trama delictiva, ni de los operadores, ni de las reuniones; el verdadero problema es el silencio del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); porque si existe una acusación pública de operación política dentro del TSJ, utilización de estructura estatal, alineamiento rumbo a 2027 y control deliberado de evidencias gráficas, el TDJ no puede actuar como espectador. Su función no es esperar denuncias cómodamente sentado, sino proteger la integridad institucional. He ahí el auténtico problema: no se trata de los funcionarios involucrados en esta trama delictiva, ni de los operadores, ni de las reuniones; el verdadero problema es el silencio del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); porque si existe una acusación pública de operación política dentro del TSJ, utilización de estructura estatal, alineamiento rumbo a 2027 y control deliberado de evidencias gráficas, el TDJ no puede actuar como espectador. Su función no es esperar denuncias cómodamente sentado, sino proteger la integridad institucional. Si todo es falso, debería abrir una investigación para desmentirlo; si hay algo cierto, debería investigarlo para sancionarlo; lo único injustificable es la inacción. De nuevo vemos al inútil de su presidente de güevonazo, paseándose por aquí y por allá, declarando barbaridades e infundios y tomándose fotitos (¡ay! Rete monas, eso sí) mientras en torno suyo la corrupción se traga al Poder Judicial (PJ). Cuando el órgano encargado de vigilar a los juzgadores no mira y deja de ser árbitro, corre el riesgo de convertirse en cómplice por omisión. Si la acusación primigenia es grave, la pasividad institucional es peor, porque un TDJ que no cumple con su cometido por posibles (y más que probables) interferencias políticas dentro del PJ manda un mensaje devastador: que la autonomía judicial es un discurso para ceremonias y no una obligación que deba defenderse. Si el TDJ no abre de oficio las respectivas investigaciones, entonces acepta una de dos cosas: o que las acusaciones le importan un pepino o que el control político sobre el órgano ocupado en vigilar dejó de escandalizarlo. Ninguna de las dos hipótesis lo deja bien parado. Contácteme a través de mi correo electrónico o sígame en los medios que gentilmente me publican, en Facebook o también en mi blog: https://www.luisvillegasmontes.com Luis Villegas Montes. Ofna. (614) 438 4832 y Cel. 223 3337