Ya lo dijo José Luis Rodríguez, “El Puma”: “no soy yo”. O sea, sí soy yo, pero no nomás soy yo (fue lo que le faltó agregar al cantante). La semana pasada, en una notota, titulada: “Cuando la judicatura se incomoda con la luz púbica”;[1] se puede leer: a muchos jueces y magistrados no les gustó que los medios informaran sobre una determinación que permitió la libertad de un imputado por un delito grave; no les gustó que la sociedad supiera; no les gustó que se hablara; no les gustó, sobre todo,

que el debate saliera del círculo cerrado de los expedientes para instalarse donde siempre termina: en la conversación pública; lo que debería escandalizar es un Poder Judicial que pretende resolver en silencio absoluto, sin explicación social, sin transparencia y sin rendición de cuentas; y la reacción institucional ha sido aún más preocupante: “varios actores judiciales han salido a ‘defender’ decisiones antes de que sean revisadas por tribunales superiores, y otros incluso han deslizado mensajes que rozan el prejuzgamiento”.[2] En resumen, la nota destaca que esta reacción: “puede percibirse como un prejuzgamiento”;[3] “puede comprometer la apariencia de imparcialidad”[4] y “puede debilitar la confianza pública en que la revisión será objetiva”.[5] Y abunda en que la independencia judicial “no se construye con blindaje mediático”;[6] y que la justicia “se debilita cuando se encierra, se ofende y se defiende a sí misma antes de explicarse”.[7] El mismo medio, en otra nota —“Independencia judicial no es impunidad”—,[8] reiteró: “Hay una verdad incómoda que el Poder Judicial de Chihuahua parece no querer escuchar: la independencia judicial no puede convertirse en un escudo para la impunidad”; “la ciudadanía entiende sin necesidad de tecnicismos: un homicida está libre y se burló del tribunal”; y en lugar de una explicación clara, lo que apareció fue un pronunciamiento firmado por decenas de jueces y respaldado por algunas magistradas. El mensaje central es el mismo: esto es un linchamiento, esto es presión y esto es un ataque a la autonomía judicial”. Claro que esta salida de tono no debería de sorprender a nadie; es claro que en el seno del Poder Judicial no hay quien pueda, salvo contadisisisisísimas excepciones, debatir con holgura porque no son capaces de juntar dos o tres frases con sentido, menos dos o tres ideas; la estrategia de los magistrados es desplazar el tema y escurrir el bulto (dicho en términos coloquiales, hacerse pen#$@%&). ¿Ven lo que pasa cuando se politiza la administración de justicia a ese extremo? Un montón de improvisados y mentecatos, más preocupados por conseguir prebendas y beneficios personales, que por la administración de justicia; y un presidente del Tribunal de Diciplina más ocupado en idioteces y nimiedades que en verdaderamente cumplir con su cometido; porque, en efecto, como lo señala la nota: aquí puede haber responsabilidades muy serias. Debate que resulta de extraordinaria actualidad porque en la misma semana, se publicó una nota, otra, titulada: “Detectan irregularidades por más de $140 mdp en Poder Judicial”:[9] en donde se da cuenta que se encontraron posibles irregularidades en el manejo de recursos del anterior Poder Judicial, luego de revisar la Cuenta Pública 2024; y que, de acuerdo con lo expuesto, “más de 140 millones de pesos no fueron regresados retornados , a pesar de que no se comprobó que se hayan utilizado conforme a la ley”. De nuevo, la sugerencia formulada al Poder Judicial por la Auditoria Superior es una estupidez y demuestra no sólo la ignorancia de quien la emite, sino su complicidad con el régimen. Dice el artículo 107 de la Constitución Política local que: “El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; se integrará por cinco personas electas por la ciudadanía a nivel estatal conforme al procedimiento establecido en el artículo 101 de esta Constitución; y tendrá a su cargo la vigilancia y disciplina en los términos que indique esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y demás disposiciones aplicables”;[10] que debe examinarse conforme a lo preceptuado por el artículo 247, fracción I, de la Ley Orgánica, que establece que al Pleno del Tribunal de Disciplina, le corresponderá: “Ordenar la práctica de visitas, en cuanto a desempeño, calidad, administrativas, de control interno, y todas aquellas que se consideren pertinentes y necesarias, en los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial”.[11] Si quieren actuar con seriedad, deben empezar a investigar DE INMEDIATO no sólo las acciones u omisiones de la pasada administración; sino los de la actual porque, le recuerdo al retardado que hizo esas sugerencias, la actual administración entró en funciones desde el 1º. de septiembre, es decir, cuatro meses completitos del 2025. Sin que se puedan olvidar los despidos masivos e injustificados (es decir, realizados a lo baboso). Y, oootra vez, el presidente del Tribunal de Disciplina debería implementar una estrategia y una agenda de trabajo que investigue, en serio, a los órganos administrativos, pasado y actual; lejos de estarse sacando selfies taradas como si le pagaran para eso. Me anticipo, si me quieren hablar por cualquier motivo, ustedes dense, al final de cuentas dos de los monitos que ahí siguen, me acompañaban en el Consejo y como dice el refrán: el que nada debe nada teme. Ooooobvio, todo es culpa del quitapón quien —desde que está donde está, con sus tentáculos extendidos en todas direcciones y sus ventosas trabajando a la potencia de una Koblenz—, como el rey Midas, pero al revés, todo lo que toca lo hace mi%#$&. 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