En días pasados el Diario de Chihuahua día a conocer la destitución del Magistrado Agrario Rafael Gómez Medina del Distrito Judicial número 5 en la ciudad de Chihuahua.

El colmo del actuar de este magistrado fue el acoso laboral en contra de la licencia Olivia Rascón, quien se desempeñaba como Secretaria de Acuerdos del Tribunal Agraria. Es asunto es importante por tratarse de un funcionario federal, además de que como lo había señalado en diversos artículos era protegido por sus pares. El magistrado falsifico firmas para beneficiar a litigantes, quienes ya no podrán ser beneficios en sus acuerdos y sentencias En par de años abogado incluyendo el suscrito interpusimos un gran número de quejas las cuales también son parte de la integración de la carpeta de investigación que está integrando la Fiscalía General de la Repúblico, lo cual en los Tribunales no ha había ocurrido, en este tenor también la Presidencia de la República y el Senado de la República están haciendo las indagatorias pertinentes. Con esto se crea un antecedente y esperamos que se sigan las investigaciones pertinentes. Finalmente. Todas las denuncias que fueron presentadas en su contra no encontraban oídos, el Tribunal Superior Agrario ni siquiera daba señales de investigar, tuvo que ser la Fiscalía General de la República quien tuvo sin más hacer las investigaciones pertinentes. Todas las denuncias presentas sobre hechos que pueden ser constitutivo delitos tienen que ser investigados, con los hechos narrados en las quejas y denucias por acoso laboral y sexual. Despues de unos años los reclamos no eran escuchados, considero que los campesinos del Estado de Chihuahua, tendranla experanza de que les atiendan sus asuntos conforme a derecho, que los funcinarios públicos trabajen con respeto y desde luego que a los litigates se nos trate adecuadamente. Puedo terminar puedo terminar que ahora los Tribunales de Control Costitucional tengan sentencias mas apegados a la Constución actitud de abuso de autoridad, falta de probidad , ilegalidad, imparcialidad y inefiencia que debe tener todo funcionario publico, en el caso que nos ocupa no existe, ya que los mi representado y el suscrito tenemos la duda razonable de que no exista dolo o mala fe, y de resultar que el Magistrado actua desconociendo las leyes es aun mas grave lo cual vulnera en forma directa en perjuicio de los campesinos como lo establece en el articulo 17 de la Constitucion General de la Republica. Este es un ejemplo, las autoridades tedran que ser investigando a los magistrados agrario.