Que se vayan al diablo con sus instituciones": la frase usted ya la conoce, la escuchamos por primera vez en 2006, en boca del que se convertiría en Presidente 12 años después y que se ha hecho una triste realidad, al desaparecer entre otros organismos al en el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y debilitar al INE.

Los ataques de AMLO al Instituto Nacional Electoral (INE) a la luz de los que piensan son totalmente ilógicos, ya que basados en la ley, dicho organismo le dio el triunfo que lo llevó a la presidencia de la Presidencia de la República, y avaló las gubernaturas de las pasadas elecciones y le negó al expresidente Felipe Calderón a él y a Margarita Zavala, el registro de su partido personal México Libre, porque no llenaba los requisitos legales. El debilitamiento del INE es una maniobra totalmente electoral, la táctica es que la gente no crea en dicha institución, que ha sido reconocida mundialmente por su eficiencia, para que tenga motivos para descalificarlo, si en las elecciones del 2022 los resultados le son adversos, pero no sólo eso, sino que sabedor de que el titular termina su periodo en 2023, tenga la opción de colocar a uno de sus incondicionales en dicho puesto para las elecciones del 2024. Las acciones para desprestigiar al INE y no darle los recursos necesarios para cumplir con su cometido al igual que la desaparición de organismos independientes que han sido herramientas ciudadanas para ejercer sus derechos nos lleva a una concentración de poder, que los que saben de política lo llaman totalitarismo que nos es otra cosa que un régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del estado. Si, México está en camino de llegar a ése término señalado por los grandes teóricos de la política mundial, ya que al eliminar todos los contrapesos que le impiden el poder absoluto, cayendo en una forma de organización del Estado en el cual se administra de manera rigurosa sus componentes población, territorio y poderes públicos, a éstos últimos los ataca disminuyendo el presupuesto como lo hace también con el Poder Judicial. El 31 de Agosto de 1990 cuando todavía mandaba el PRI y había de facto mayor división de poderes y hasta oposición, el escritor Mario Vargas Llosa dijo que en México había una “ la dictadura perfecta", y ahora que el poder legislativo no le quita ni una coma a las iniciativas presidenciales tal vez podríamos utilizar un término latino que señalaría que en nuestro país hay una dictadura plus cuam perfecta. Y hablando de términos, existe una máxima dentro del derecho en el cual se señala que “nadie está obligado a hacer lo imposible”. Es obvio que los diputados y senadores lo desconocen porque aprueba todo sin quitarles una coma, y esta frase se puede aplicar a los que viene para 2022, en donde el INE tendrá elecciones, consulta ciudadana y revocación de mandato. Dicho organismo hizo ajustes a su presupuesto para el ejercicio 2021, luego del recorte de 870 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, con lo que el presupuesto de la autoridad electoral pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados en el Anteproyecto a 19 mil 593 mdp. Para el próximo año se lo redujeron prácticamente a 15 mil 12 millones de pesos. Se habla de que el INE tiene fideicomisos por 1,300 millones de pesos, pero lo que no saben los legisladores es que ese dinero ya está comprometido por Ley, para sueldos, rentas y/o compras de edificios de las oficinas en toda la República, jubilaciones, retiros voluntarios y mantenimiento de los módulos de atención ciudadana sin olvidar a los partidos políticos y si se toma ese dinero, como dice el Secretario de Gobernación y los que ocupan asientos en ambas Cámaras, se incurriría en delitos administrativos y hasta penales. Para las elecciones de 2022 se considera una Lista Nominal de 11.6 millones de electores, se estima la instalación de 21 mil 68 casillas, la contratación de 708 supervisoras y supervisores electorales, así como de cuatro mil 218 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. En el caso de la Revocación de Mandato se están considerando los 300 distritos de las 32 entidades federativas, un listado nominal de 92.4 millones de personas, estimado de 161 mil 490 casillas, la contratación de 5 mil 430 supervisoras y supervisores electorales y 32 mil 421 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, así como 484 mil 470 personas para integrar las Mesas Directivas de Casilla. Para el caso de la Consulta Popular, se prevé una Lista Nominal igual a la de Revocación de Mandato, la instalación de 96 mil 591 casillas, la contratación de dos mil 55 supervisoras y supervisores electorales; 16 mil 226 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales; la insaculación de 12.01 millones de ciudadanas y ciudadanos, así como 289 mil 773 funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. Lo anterior demuestra que los diputados, no tienen la menor idea del costo del proceso electoral y aprobaron sin quitarle una como a lo enviado por AMLO, sin pensar en las consecuencias reales sólo recordando la consiga presidencial que sostener a estos organismos es costoso y que sus resultados son escasos, por lo que su propuesta es que al ser eliminados, por eso: “ al diablo las instituciones”.