En una entrevista que Javier Corral concedió ayer a Carmen Aristegui, se puso en claro cómo fue que encontraron en la ciudad de Parral, probablemente allá por septiembre de 2017, los documentos que llevaron a la integración de la denuncia de la “Nómina Secreta”

Estaban en un sótano y en una caja fuerte, afirmó. Llegaron los ministerios y la fuerza pública de la mano de un testigo cuya identidad se mantiene en reserva, aunque todo mundo sabe de quién se trata. Hasta aquí, nada que no se sepa directa o conjeturalmente. Sin embargo, ahora nos enteramos de un dato interesante del cual teníamos conocimiento indirecto: en esa caja fuerte se encontró, en palabras de Javier Corral, un proyecto de “sobreseimiento” que el procurador general de la república del mandato de Enrique Peña Nieto puso en sus manos, seguramente para obtener su anuencia –revela el entrevistado– bajo el término del asunto del Banco Unión Progreso de Chihuahua, que el tirano trató de crear para acrecentar su poderío financiero y que abortó, precisamente por la denuncia de septiembre de 2014 que interpuse ante la PGR. Este hecho, la revelación del “sobreseimiento”, permite concluir que Javier Corral Jurado es un gran traidor a la lucha cívica anticorrupción, porque tenía por deber con la misma (así se comprometió públicamente) a hacerlo saber de manera abierta por todos los chihuahuenses. Pero no lo hizo porque desde aquel tiempo se quiso apoderar y tener el monopolio de la lucha anticorrupción en Chihuahua, para continuar sacándole jugo con provechos personales. De haber tenido ese conocimiento, la historia pudo tomar otro curso. Ahora sabemos de sus fracasos, precisamente porque nunca ha entendido que la lucha anticorrupción, para ser eficaz, debe ser transversal, apegada al derecho, sin utilitarismos y dobles propósitos.