No cualquier legislación penal se lleva bien con la democracia. Aunque algunos simpatizantes de la represión per se piensan que sí, están profundamente equivocados. De mucho tiempo atrás está la propuesta garantista que pone límites al estado y al gobierno y establece prerrogativas para los gobernados, frecuentes víctimas del abuso policial y ministerial de todo tipo.

Ahora se cocina por el gobierno de la Cuatroté una reforma en esta delicada materia, la enésima, porque en México se ha fracasado reiteradamente en este ámbito tan importante del Estado de derecho. Por lo que se conoce, sería una reforma autoritaria, en algunos casos que lleva al extremo de la suspensión de facto de derechos humanos y garantías inobjetables. Cuando el estado no puede, se recarga en su abuso para combatir la delincuencia prácticamente en términos selváticos y eso no puede ser. Hay que detenerlo. Entre nosotros, y no obstante que hicimos una reforma penal de avanzada sentada en piedras angulares como la presunción de inocencia y en contra de la tortura, por señalar sólo dos aspectos, los abogados y sus agrupaciones brillan por su ausencia, en términos generales. Caen en la excepción los trabajos que está publicando en redes sociales el maestro, jurista y político César Cabello Ramírez, en un tiempo diputado y preconizador de una reforma penal conciliable con el sistema democrático. Reconocerlo tiene la finalidad de subrayar voces meritorias y profesionales que se levantan en el foro, pero faltan muchas más antes de que se decrete lo que se está cocinando y que nos lleva al borde de mecanismos propios del estado de sitio, cuando se supone vivimos en una democracia. Ojalá y se levante una barrera de opinión que disuada a quienes nos quieren llevar a la orilla donde sólo se cocina abuso policial, falta de profesionalismo en el ministerio público, ausencia de garantías reales y la tradicional tortura que entre nosotros no termina de abolirse.