Por la ausencia de justicia, México es un gran almacén de agravios. Aquí llega a pausas, si es que llega. Somos la tierra en la que surte todo sus efectos la conseja que reza: “justicia diferida, justicia denegada”. Y cada vez, en los casos emblemáticos, la justicia hay que buscarla fuera de casa.

Esto tenderá a agudizarse por dos factores que convergen en este tiempo mexicano: la desorbitada presencia e injerencia de las fuerzas armadas en los asuntos reservados para las autoridades civiles, por una parte; por la otra, la tendencia a minar la independencia del Poder Judicial de la Federación. Esto viene a tema porque se han cumplido diez años de la desaparición de los Alvarado por el ejército en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Diez años de vacío y de dolor, pero no de inactividad reclamante de derechos humanos esenciales. Hay una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que espera su cabal cumplimiento, porque marcaría que las desapariciones forzadas han de estar proscritas en nuestro país. Pero al parecer, parafraseando vieja frase, que México ha topado con el ejército en este delicado tema. Por lo pronto, desde esta columna se recuerda el detestable hecho y se exige justicia. Ojalá y ahora que esté en tierra chihuahuense López Obrador se subraye la exigencia. Si a derecho vamos, en este asunto no hay para dónde hacerse, salvo que prevalezca la lógica de que a los militares no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa.