Ya sólo un decreto presidencial salvaría a Jaime Bonilla. Sus afanes reeleccionistas y el abuso de poder que lo sostiene se deteriora todos los días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad dijo que no, y ese «no» debe prevalecer. La inconformidad crece y lo que hoy son días legales, mañana pueden ser una insurgencia cívica, que llegado el caso no tolerará ni los dos años que ganó.

Por otra parte, ya la corrupción asoma en su gobierno. Que no se salga con la suya, a la usanza priísta de la que viene, es fundamental no nada más para Baja California, sino para el país entero.