Dos hechos, dos. Que la inseguridad ya es más que el talón de Aquiles de la administración corralista, no se pone en duda y sendos sucesos lo ponen más que de manifiesto.

El primero es el asalto en San Juanito, municipio de Bocoyna, a la Comandancia de Policía de esa sección municipal, donde murió Salvador González Castillo a manos de los sicarios y que se desempeñaba como único agente que resguardaba el inmueble. Tiene como precedente un hecho similar pero en el municipio de Guadalupe y Calvo, lo que hace confirmar la extraterritorialidad existente en el estado y en la que domina el crimen. A ciencia y paciencia de los gobiernos. La Guardia Nacional también brilla por su ausencia y no se necesita ser un gran experto en estos temas para entender que las comandancias, más cuando hay detenidos peligrosos, se deben cuidar cual si fueran muñequitos de delicada porcelana. El otro hecho arroja un abogado más ejecutado de manera pública, con todo lo que eso significa. En Juárez perdió la vida Marco Iván Gloria, un penalista que no alcanzaba ni los 40 años de edad. Es otra cuenta más en el ya voluminoso rosario de abogados asesinados. No nos toca ni conjeturar motivos del crimen, ni avalar vidas que no conocemos, eso es producto de una labor jurisdiccional que lamentablemente no existe en el dependiente Poder Judicial que encabeza Pablo González, el presidente impuesto por Corral en el Tribunal Superior. Lo que sí podemos afirmar desde ahora es que cuando se asesina a un abogado hay un matiz que se debe subrayar: la venganza privada existe, afecta al ejercicio de la importante profesión y eso significa ausencia o vacío de estado. Pero ni Peniche, ni Aparicio Avendaño están para resolverlo: al primero le interesa terminar la construcción de su casa y al segundo asistir con el sastre a confeccionarse trajes que envidiarían los generales nazis. Pues así, cuándo.