El sacerdote católico Aristeo Baca, acusado de abusar de una menor de edad, dirige en Ciudad Juárez un templo, una clínica, un asilo y un colegio que en conjunto, como asociación civil, se denomina Santa María. Con ese carácter es que recibe del erario cantidades millonarias, previo acuerdo con el gobierno del estado, vía la Secretaría de Desarrollo Social.

Pues resulta que la Auditoría Superior del Estado, en su ejercicio de 2017 y dentro del rubro Ayudas a instituciones sin fines de lucro, emitió una observación, la 079, tras detectar que la Asociación Desarrollo Comunitario Santa María, que dirige Baca, no comprobó recursos por 3 millones de pesos que le fueron entregados el 19 de octubre de ese año por Desarrollo Social, según el oficio de autorización presupuestal DP-8530/2017. De acuerdo a la documentación en poder de la ASE, la asociación que dirige el sacerdote que hoy enfrenta otras acusaciones de tipo penal, no proporcionó la documentación comprobatoria de la aplicación del recurso otorgado por el gobierno, según el oficio de respuesta No. SDS/0157/2018 fechado el 23 de mayo de 2018. La ASE tampoco pudo verificar la existencia de lineamientos o reglas de operación del programa que justifique la entrega de dichos apoyos, indispensables para la regulación y operación del objeto del convenio. En suma, para la ASE se trata de un “pago injustificado”. De acuerdo a fuentes reservadas de la institución, “este apoyo fue entregado de manera discrecional sin que se contara con reglas de operación vigentes que se hicieran del conocimiento de la población en general, las bases y requisitos para ser beneficiario, con lo que se contravino el principio de compensatoriedad, en contravención en las disposiciones normativas del informe técnico de resultados”. De ese tamaño están las faltas de las que mundanamente ha de responder el cura católico ante las autoridades correspondientes. Y habrá qué esperar, también, de qué tamaño es la explicación y la voluntad de esas autoridades para administrar la justicia e iluminar las sombras de omisión y corrupción que se avizoran en el caso.