Aunque consideran la realización de un periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados dejará pendiente la aprobación de diversas leyes secundarias derivadas de las reformas constitucionales aprobadas en el marco del llamado Plan C.

Antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el próximo miércoles 30 de abril, el pleno llevará a cabo tres sesiones más en las que discutirán y eventualmente aprobarán las iniciativas del Ejecutivo federal que expiden la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y las modificaciones a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para recordar a las mujeres que han transformado el País.

Discutirán también la reforma a cinco leyes en materia ferroviaria con la que la Presidenta Claudia Sheinbaum busca habilitar 3 mil 500 kilómetros de vías férreas y el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control del Inegi, cuyo proceso comenzó el martes pasado con la emisión de la convocatoria y continuó el viernes pasado con las entrevistas de los 17 aspirantes que lograron llegar a esa fase.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, agregó que, además, hay una miscelánea procesal que modifica distintas facultades y disposiciones en materia de funcionamiento interno de la Cámara que deberá de discutirse antes de la conclusión de periodo ordinario.
Además, los diputados se encuentran a la espera de que el Senado procese las iniciativas de la Presidenta en materia de telecomunicaciones y competencia económica que envió la semana pasada al Senado.

En el caso de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunque fue dictaminada en comisiones, se frenó su discusión en el Pleno, tras la petición de la Presidenta de no aprobarla en fast track.

Monreal indicó que tres sesiones son insuficientes para abordar los pendientes legislativos, por lo que llevarán a cabo un periodo extraordinario de sesiones en el que prevén abordar ocho reformas, entre iniciativas del Ejecutivo que no alcanzarán a procesar, hasta leyes secundarias de la reforma judicial que deben aprobarse antes del 1 de septiembre.

Se trata, dijo, de la iniciativa del Ejecutivo que modifica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y una que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigaciones e Inteligencia.

Estas propuestas plantean la creación de un registro de telefonía móvil al que las instituciones de seguridad "tendrán los accesos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones" y facultan a las instituciones de seguridad del Estado y privadas para solicitar información contenida en cualquier registro para la investigación de los delitos.

En marzo pasado, las iniciativas fueron dictaminadas por la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero el propio Gobierno federal pidió frenar su discusión en el pleno, con el objetivo de revisarlas, además de que bancadas como el PAN y MC presentaron diversas propuestas para evitar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pueda acceder a información telefónica y datos personales de los ciudadanos sin la orden de un juez.

Aunque también se prevé que sea procesada en un periodo extraordinario la reforma en materia de desapariciones forzadas, Monreal indicó que esto depende de que la conclusión del diálogo entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política agregó que otros pendientes que deberán ser aprobados antes del 1 de septiembre son cinco ordenamientos que derivan de la reforma al Poder Judicial.

Entre éstas se encuentran modificaciones al Código de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley de Amparo, así como legislación en materia de jueces sin rostro.

Los legisladores tienen previsto llevar a cabo el periodo extraordinario entre el 9 y el 12 de junio.

No obstante, el viernes pasado la Presidenta abrió la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario en el mes de mayo para abordar la reforma en materia de telecomunicaciones, luego de que ante las críticas por su iniciativa frenó el fast track que pretendían los senadores.

"Si el día 30 nos sorprende y no logramos darle cauce a estas modificaciones que se proponen, ella abrió la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario inmediato, es decir, inmediatamente es otro día. Si el 30 se cierra, la Permanente puede estar convocando para la primera semana del mes de mayo", adelantó Monreal.

Indicó que las facultades que tenía el IFT no pueden quedar en el aire y no puede existir falta de regulación en temas como las telecomunicaciones.

"Las funciones y facultades que tenía el órgano denominado IFT están funcionando. Es decir, las facultades no pueden quedar en el aire y no puede tampoco existir la falta de regulación en temas tan delicados como es la radiodifusión y las telecomunicaciones", sostuvo.

El legislador señaló que incluso con un periodo extraordinario, la Cámara de Diputados dejará pendientes derivados de las reformas constitucionales derivadas del llamado Plan C realizadas durante el pasado periodo ordinario de sesiones.

Entre ellas, detalló, modificaciones en materia de lavado de dinero, para darle más facultades a la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Otros pendientes son la expedición de nuevas leyes, como la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la Ley General para una Alimentación Adecuada y la Ley de Bienestar y Cuidado Animal, todas derivadas de reformas constitucionales, las cuales serían procesadas en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre y en el que las reformas prioritarias seguirán siendo las propuestas por el Ejecutivo federal.

"A mí no me cuesta trabajo decir que nuestra agenda prioritaria es la que plantee la Presidenta de la República. ¿Por qué? Porque no somos un grupo de sueltos o dispersos, nuestra agenda no es propia, no es personal, la agenda nuestra es la agenda de la Presidenta, como prioridad. No nos cuesta trabajo reconocerlo", expresó Monreal.
Discordias en el Senado

Una escena en el piso 14 de la torre de comisiones reflejó el clima de crispación que marcó el periodo de sesiones que concluirá el miércoles en el Senado de la República.

El presidente de la comisión de Estudios Legislativos, el morenista Enrique Inzunza, acallaba de mala manera a la senadora priista Claudia Anaya al calor del debate que afloraba por la cuestionada ley de telecomunicaciones, cuya aprobación, al final, fue del albazo a la postergación indefinida.

Inflexible con el reloj, el sinaloense impidió que Anaya prosiguiera y la zacatecana tuvo que hacer mutis.

"Entiendo que tengan prisa pero no la frieguen", protestó, acalorado, el jefe de la bancada panista, Ricardo Anaya. Y dejó una advertencia: "Van a tener que pasar por encima de nosotros en el pleno...".

Pero la discordia no sólo asoma en la relación que Morena mantiene con la Oposición, sino que también queda de manifiesto con Palacio Nacional.

En dos de las reformas más polémicas promovidas por la 4T, la bancada de Morena ha quedado tablas en un abierto forcejeo con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En una cedió y en otra se impuso, a pesar de la línea que la doctora envió desde Palacio Nacional.

Y apenas el viernes, Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, enrareció el ambiente cuando se interpuso entre los planes de Sheinbaum para sostener que la iniciativa telecom iría al pleno el lunes, a pesar de que en la bancada de Morena ya se había anunciado que la aprobación se postergaría, después de que la Mandataria dijo que no era necesario apurar las cosas.

"Estaba programada para el lunes; seguirá programada para el lunes", avisó. "Aún no hay una decisión de no aprobar esta ley...".

El propio senador recordó que en su mañanera "la compañera Presidenta" habló de la posibilidad "de que no se apruebe la ley de telecomunicaciones".
Periodos extraordinarios

Aunque fue visto como un lance orientado a frenar al polémico diputado federal Pedro Haces quien se presume que no goza de buen cartel en el círculo presidencial-, la bancada morenista detuvo la iniciativa que buscaba embargar el ahorro de los trabajadores y que la Mandataria había advertido que podría vetar.

A principios de febrero, llegó al Senado una iniciativa para introducir la figura de "cobranza delegada" que permitiría el embargo de parte del salario de los trabajadores por créditos de nómina.

"No le veo futuro", aseguró el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la iniciativa fue enviada a la congeladora; en medio del desaguisado, Pedro Haces se deslindaría a toro pasado.

En otro caso, una iniciativa que había sido bien vista incluso por la Oposición, la que intentaba terminar con el nepotismo, la bancada de Morena, encabezada por Adán Augusto López Hernández, se rehusó a acatar la línea que desde Palacio Nacional trazó la doctora Sheinbaum.

La iniciativa original establecía que se pondría un alto al nepotismo a partir de 2027, pero el tabasqueño López Hernández no pudo oponerse a la presión que ejerció su aliado el Verde Ecologista y tuvo que desentenderse de las indicaciones que expresamente enviaba la Presidenta, para que el freno al nepotismo entrara en vigor ese año. Finalmente, Adán Augusto se impuso y se quedó para 2030.

En medio del desconcierto, ya se perfila la posibilidad de que haya tres periodos extraordinarios: uno para el desahogo de la ley de telecomunicaciones, otro para la aplazada ley que tiene que ver con los desaparecidos y un tercero para la iniciativa antilavado de dinero.

La comunicación, en todo caso, no ha fluido en los mejores términos entre la Presidencia y la bancada morenista. Ha sido necesario que la doctora Sheinbaum intervenga para proponer la discusión de un par de periodos extraordinarios en sendos temas: el de los desaparecidos y el de la ley de telecomunicaciones.

Y todo, de último momento, frenando los planes que tenía la bancada liderada por el tabasqueño Adán Augusto López Hernández.

En el caso de los desaparecidos, la doctora recomendó que se escucharan las voces de madres de desaparecidos y de colectivos para que pudieran aportar su voz en el proceso legislativo. Y ahora lo mismo, pero con el asunto de la ley telecomunicaciones.

Otro tema que evidenció la complicada relación que mantienen la bancada y la Presidenta quedó al descubierto con el espinoso asunto de la senadora chihuahuense Andrea Chávez, protagonista de una anticipada campaña de promoción de su imagen.

A principios de abril, la Mandataria anunció que enviaría a Morena una carta para recomendar que prohibiera la promoción anticipada de aspirantes a candidaturas.

"Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene haber reglas (y) no se debe adelantar nadie. (...) No es un asunto de llegar por llegar al poder. Todos debemos dar ejemplo", razonó.

Varios días después, la polémica senadora dijo que estaba de acuerdo en la propuesta de la Presidenta, y se vio forzada a dejar de promover su imagen rotulada en ambulancias y unidades móviles.

De acuerdo con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la "compañera Presidenta" había revisado el caso con él mismo y los coordinadores parlamentarios en el cónclave que suelen sostener los lunes.

"Lo conversamos,lo conversamos. No es un secreto que todos los lunes nos reunimos con la compañera Presidenta y vamos tocando temas y ahí se expresó la preocupación de que Morena debe tener reglas claras", detalló.
'Sello distintivo: el autoritarismo'

Para el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, "la gota que derrama el vaso, y es con lo que va a terminar este periodo, es la discusión de lo que ellos llaman la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que en realidad es la 'ley censura': una trampa, un engaño porque utilizaron el argumento de que se necesitaba una reforma para evitar que gobiernos extranjeros pudieran contratar spots en México.

"Ciertamente cerramos muy mal el periodo con esta ley censura, pero lo importante es que esta ley censura no es un hecho aislado es mas bien parte de un plan de corte autoritario".

En entrevista, el ex candidato presidencial opinó que, durante los tres meses del periodo ordinario, "el sello distintivo ha sido el autoritarismo, la soberbia y la cerrazón; no escuchan argumentos, no escuchan razones, pero agregaría uno más que es el que ahora detecto: la ausencia de dignidad y de vergüenza, porque recibir un documento de 226 páginas a las 10 de la noche y estarlo votando a las 10 de la mañana, es ya no solamente la cerrazón y la soberbia, sino la falta de dignidad de los legisladores que aprueban por consigna lo que les ordenan desde Palacio Nacional.

"Tenemos una aplanadora de corte populista. Ya vivimos un régimen autoritario, pero era distinto; no digo que era el mejor, pero era distinto. Porque ese régimen autoritario que tuvimos por más de 70 años lo que buscaba era, sí, controlarlo todo, pero lo que ellos intentaban para que todo cupiera adentro del régimen, y entonces coptaban a la Oposición, a los intelectuales, a los medios de comunicación".

Anaya explicó que "los regímenes populistas no funcionan así: más bien lo que hacen es dividir, excluir y polarizar; ellos no escuchan a los demás. No estoy diciendo que uno sea peor que otro son autoritarios ambos regímenes; lo grave en este caso es que lo que ellos prometieron fue democratizar al País, una renovación de corte moral y en realidad están recurriendo a las prácticas más viles y vulgares del autoritarismo.

¿Y cómo puede solventar esta situación la Oposición?

Es complicado y por momentos muy frustrante, porque en muchas ocasiones, como hoy, los argumentos están de nuestro lado, la razón nos asiste, pero sabemos por definición que vamos a perder la votación.
Morena no quiere declaratoria
Entre tanto, han prosperado iniciativas relacionadas con el rechazo a la intromisión extranjera, con la creación del "INAI del Pueblo" un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y con la reforma al Infonavit, que a decir de la Oposición pone en riesgo los ahorros que los trabajadores conservan en la subcuenta de vivienda, y que, paralelamente, crea una empresa filial que manejaría a discreción una bolsa de 2.1 billones de pesos.

Además, una ley para reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (para salvar a la empresa) y una reforma para digitalizar trámites.

Uno de los temas pendientes que más han llamado la atención, advertido por la bancada de Movimiento Ciudadano, es el que tiene que ver con el establecimiento del salario base a maestros, personal de salud y de seguridad pública equivalente al salario promedio del IMSS (de 18 mil pesos), y que el salario mínimo de los trabajadores no esté por debajo de la inflación.

La reforma constitucional fue aprobada entre septiembre y octubre por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y está documentado por la propia Secretaría de Gobernación que ya fue avalada por 31 congresos estatales, cumpliéndose el requisito constitucional para que sea promulgada. (Se cuenta con los acuses de recibo del Senado provenientes de 23 Congresos estatales).

No obstante, de acuerdo con el senador Clemente Castañeda, el Senado de la República, como Cámara receptora de los votos de las entidades federativas, no ha emitido la declaratoria de constitucionalidad correspondiente, lo cual constituye una anomalía inédita e injustificada.

La bancada naranja ya puso al tanto de esta situación a la Presidenta de la República quien turnó el asunto a la Secretaría de Gobernación, cuya titular informó que lo único que hacía falta es que el Senado les remita el proyecto de decreto.

Para el jefe del grupo parlamentario, "lo que estamos atestiguando es una distorsión de la voluntad popular arbitraria por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y una violación flagrante al proceso legislativo establecido en la Constitución, aunado a que se está impidiendo la posibilidad de incrementar los salarios de millones de servidores y servidoras públicas de México".

"No está de más señalar las implicaciones de esta arbitrariedad de la presidencia del Senado. Sólo por citar un ejemplo, la mayoría de las y los integrantes de la Fuerza Armada Permanente, incluida la Guardia Nacional, perciben, en promedio, 11 mil pesos mensuales, quienes en muchos casos pueden ser objeto de reclutamiento por parte de los grupos de la delincuencia organizada", apuntó.

"No existe una sola justificación para que la Mesa Directiva del Senado de la República no emita, de inmediato, esta declaratoria de reforma constitucional, por lo que una vez más le exigimos a su presidente que lo haga en la próxima sesión ordinaria de esa cámara".