Con el fin de fortalecer medidas de prevención de siniestros viales, priorizando siempre al peatón y los medios de movilidad activa o no motorizados, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, exhortó a los Ayuntamientos de Juárez y Chihuahua para que revisen que sus obras públicas y los proyectos privados de acceso público cumplan con los criterios de movilidad y seguridad vial, tal como lo establece la Ley General de Movilidad, así como al Poder Ejecutivo del Estado para que instale el Observatorio Estatal de Movilidad.

“Las ciudades deben ser para todas las personas, contar con un diseño que privilegie los derechos por encima de los intereses de constructoras”, advirtió.



Y es que, en los municipios de Juárez y Chihuahua se presenta un alto número de muertes viales, en especial de peatones y ciclistas, lo que evidencia la falta de infraestructura vial eficiente, segura y accesible, así como medidas de prevención en materia de seguridad vial, tal y como lo señalan las organizaciones del Plan Estratégico de Juárez, Peatones Heroicos, Fundación Integra, Centro de Estudios para Invidentes A.C., el colectivo ciclista Fixie ?eat, CIMAP (Ciudadanos por una mejor administración pública) y Desiertos Andantes.



Durante la exposición de motivos, la congresista informó que Ciudad Juárez se encuentra en el top 3 nacional de municipios con más fatalidades, mientras que Chihuahua está entre los 15 con mayor siniestralidad, por la cantidad de muertes. Tan solo en el 2023, en el Municipio de Juárez hubo 226 personas fallecidas en incidentes viales, de las cuales el 53 por ciento eran peatones y ciclistas. En el Municipio de Chihuahua hubo, en 2023, 95 fallecidos, siendo el 42 por ciento de víctimas peatones y ciclistas.



"La movilidad urbana en las ciudades del Estado de Chihuahua, especialmente en Juárez y en la capital, enfrenta diversos problemas que afectan tanto la calidad de vida de los ciudadanos como la sostenibilidad del entorno urbano. Entre los principales problemas se destacan la falta de infraestructura adecuada, el abuso de puentes peatonales y la escasa accesibilidad para personas con discapacidad”, enfatizó.



Al respecto, explicó que es necesaria la participación ciudadana para aplicar las prácticas sostenibles que conlleven una mejor calidad de vida, un medio ambiente sano, transporte público funcional, tiempo de esparcimiento en familia, calles y banquetas peatonales y accesibles, entre otros.



Durante la exposición de motivos, argumentó que un componente fundamental del derecho a la ciudad es la movilidad, puesto que el ejercicio de este derecho es esencial para garantizar otros, por ejemplo, poder caminar en las banquetas sin tener que bajar a nivel de calle, o contar con un sistema de transporte público adecuado.



Y es que el primero de enero de este año entró en vigor la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua y una de las atribuciones que confiere a las autoridades municipales es la de diseñar y ejecutar, en materia de movilidad urbana no motorizada, programas de recuperación y habilitación de espacios urbanos para el desplazamiento peatonal, así como la promoción, construcción, mantenimiento y vigilancia de la infraestructura ciclista.



“Con toda la normatividad vigente en la actualidad, es irremisible que sean las asociaciones civiles y colectivos los que tengan, de forma agotadora, que supervisar y denunciar la falta de accesibilidad en las nuevas obras y construcciones”, dijo.



Es por lo anterior que resulta claro que la nueva Ley contempla la creación de un Observatorio Estatal de Movilidad como un espacio de deliberación entre el gobierno, especialistas y organizaciones de la sociedad civil para proponer y evaluar las políticas de movilidad y seguridad vial; el estudio, investigación y propuestas, evaluación de las políticas públicas, programas y acciones, capacitación a la comunidad, difusión de información y conocimientos sobre la problemática de la movilidad, la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad y la inclusión e igualdad y sus implicaciones en el ordenamiento territorial.



Por último, hizo un llamado para que la vía pública de las ciudades sea un espacio destinado al beneficio de todos los ciudadanos, y así evitar que espacios como las banquetas y los puentes peatonales sean utilizados como áreas para colocar publicidad comercial.