La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este martes al Gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2 mil detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

En otro marco, la Corte Penal Internacional mantiene investigaciones abiertas contra Maduro y sus colaboradores por delitos de lesa humanidad.
La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó el extenso informe este martes, tres días antes de la investidura del presidente de Venezuela, cuando Maduro espera asumir su tercer mandato.

“A lo largo de sus 65 años de trabajo, la Comisión ha desempeñado un papel clave en colaborar con la región para hacer frente a las dictaduras, golpes militares y graves violaciones de derechos humanos. La situación en Venezuela no es la excepción”, dijo a EFE la relatora del organismo para ese país, Gloria De Mees.
En el informe afirmó que Maduro no solo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.

El informe, que recoge “las violaciones de derechos humanos observadas por la CIDH a lo largo del proceso electoral”, advirtió de que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso preelectoral, la segunda el día de los comicios, y la tercera, la más represiva, tras la consulta.

Fue tras las elecciones que el Gobierno puso en marcha la conocida como “Operación Tun Tun” en respuesta a las cerca de 300 manifestaciones que se desencadenaron en el país por “la percepción de fraude”.
“Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”.

Además, añaden que “se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.

Tras estas observaciones, la Comisión apuntó que la crisis política en el país y la situación de los derechos humanos en Venezuela representan “el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”.
“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, apuntó.

A pesar de ello y de previas acusaciones de fraude electoral, el próximo viernes 10 de enero Nicolás Maduro espera asumir de nuevo la Presidencia, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo diera por ganador.

Sin embargo, como denuncia la Comisión, Venezuela “no ha presentado las actas de votación que respaldan los resultados”.
“El 10 de enero será una fecha de importancia para el pueblo venezolano y la región. Continuaremos monitoreando de cerca la situación y seguimos haciendo el llamado urgente al Estado para que respete, proteja y garantice los derechos humanos de todas las personas venezolanas y restablezca el orden democrático”, avanzó De Mees.

La CIDH instó a la comunidad internacional “a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela y a mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas” y pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que presentara formalmente “un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Al final del documento, la Comisión fijó una lista de recomendaciones en materia democrática, de administración de justicia, de derechos políticos, seguridad ciudadana y libertad de expresión. EFE