“Donde reina la corrupción, los jefes son corruptos.”Jodorowsky En estas semanas el Fiscal General del Estado Cesar Jauregui, está haciendo cambios en los mandos medios y agentes del ministerio públicos, en todas y cada una de las Fiscalías Regionales.

Para la sorpresa de muchos agentes del ministerio público han sido cambiado han muchos de estos, incluyendo desde luego a los coordinadores que desde años han estados en sus puestos, ahora no esperan que de “coordinadores ahora son agentes del ministerio público, es decir volver a la curva del aprendizaje”, Es decir lo sacaron de su zona de confort. Sobre estos cambios, coordinadores y agentes del ministerio públicos se hacían dueños del poder en la procuración de justicia en el estado; “pero se les está acabando el chorrito”. Es interesante como agentes del ministerio público estando un supuesto frente, haciendo campañas mediáticas en contra de quien si trabaja. Ahora resulta que el exigir trabajo con calidad para que los delincuentes sean condenados y se les “levanta poquito la voz, ya es violencia laboral” Con todo respeto para quien realiza actividades comerciales, a los ministerios públicos ineptos, ignorantes, falto de éticas, etc., deben de ser sometidos al Órgano del Control. Pero que pasa en esta área también son agentes del ministerio público, es decir se protegen entre pares, y sus jefes inmediatos con mandos superiores los defienden a capa y espada. Engañando al Fiscal General. Se defienden en lo oscurito. La impunidad por actos de corrupción es la regla. Las leyes no se cumplen. Las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia tienen muy mala reputación por corrupción. Y la solución del gobierno es aumentar los castigos en vez de corregir las causas de la corrupción, lo cual por un lado encarece el soborno y por otro aumenta la impunidad. No es un escenario alentador. “La […] justicia en México es como un coche desvalijado de los años setenta intentando transitar en una autopista moderna del siglo XXI”. Así es como la jurista Ana Laura Magaloni (2009) describe a un sistema descompuesto. Y es que en México, de cada 100 de delitos cometidos solo diez se denucian, seis derivan una capera de investigacion pero tan sólo 3 tienen alguna consecuencia jurídica (INEGI, 2019). Es decir, el restante 97% se traduce en impunidad (Frissard, 2019). (Encuentas más más recientes). La impunidad es un problema estructural. A más de un año de haber iniciado su gestión, en el gobierno federal y los estados no parecen haber encontrado un esbozo de solución que atienda el origen del problema y no sólo busque aumentar los castigos. Preocupa, pues, que las medidas que han impulsado los gobiernso ha impulsado se guiaran más por la popularidad de imponer mayores sanciones a quien se acuse de corrupción – con l a inclusion de dos delitos de corrupcion al catalogo al de delitos que ameritan prision preventiva oficiosa sin un juicio previos (Fernández, 2019)-, en vez de tomar acciones[que resuelvan el origen del problema y no sólo aumenten las sanciones. Por el contrario, para atender el problema de la impunidad en México es importante abarcar todo el espectro desde la prevención y la denuncia, hasta la investigación, la procuración y la impartición de justicia. Por ejemplo, es urgente la depuración y profesionalización de los policías de proximidad y ministerios públicos (Chapa, 2020), así como una mejora sustantiva en la calidad de las investigaciones que realizan, de forma que mejore la articulación con juezas y magistradas. Sin embargo, la popularidad de enfoque punitivo por el cual las personas apoyan que se eleven los castigos por corrupción tiene sentido a la luz de que las mexicanas denuncian cada vez más los hechos de corrupción (29% de las veces) pero la impunidad persiste. La política de seguridad y de procuración e impartición de justicia en México invariablemente se traduce en ineficacia y corrupción. Por un lado, los servicios de seguridad privada tienen una gran participación en funciones de seguridad pública (Silva Forné et al, 2017). Por otro lado, las labores de investigación y de acusación ante un juez, aunque esencialmente distintas, son concentradas en la figura del ministerio público (Magaloni, 2009), pero sin la debida articulación con las policías locales que son quienes resguardan en un primer momento las pruebas de los delitos. En México existe una sensación generalizada de que la ley no se aplica de forma imparcial. Tres de cada cuatro personas opina que sí existe un trato diferenciado y la impunidad por actos de corrupción es casi total. Sólo 2% de los y las ciudadanas opinan que en el país se respetan las leyes y las corporaciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia tienen muy mala reputación. En pocas palabras, en México las normas existen, pero la seguridad y la justicia no. Por otro lado, la solución más popular es incrementar los castigos (8 de cada 10 mexicanos apoyan la medida) y el gobierno está más interesado en ello que en corregir los fallos de origen. Son muchas malas noticias. En el caso del Estado falta mucho que hacer en cuanto a la Fiscalías Regionales, “no se mandan solas” tienen un mando, primero la ley y luego el despliegue diligente de los ministerios públicos. Vuelvo a insistir los agentes deben ocuparse de su trabajo, no andar en chismes de vecindad ante su desafuero, lo cual para estos es “violencia laboral”, si hace lo consideran que renuncien y se vaya a trabajar en lugares que no afecten a la sociedad. Salud y larga vida. Profesor oposición de la Facultad de Derecho de la UACH. X @profesor_F