Altos Hornos de México, la mayor compañía siderúrgica del país y también conocida como Ahmsa,

apuntó de nueva cuenta a la protección de la justicia como una opción ante sus dificultades financieras, sólo que ahora para su mayor subsidiaria y bajo la legislación de Estados Unidos.

La compañía emblema de Monclova, Coahuila, explora la posibilidad de recurrir a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para su subsidiaria Minera del Norte (Minosa), la empresa que agrupa a todas sus unidades mineras de fierro y carbón, misma que desde el año pasado resultó afectada por la cancelación unilateral de los contratos para el suministro de carbón térmico que mantenía con la empresa eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las operaciones de Minera del Norte “se paralizaron a partir de la cancelación por la Comisión Federal de Electricidad, de los pedidos y contratos de abastecimiento para sus centrales, lo que llevó a la pérdida de cuatro mil empleos directos”, dijo la empresa en un breve comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Para la siderúrgica, es posible que su filial --que produce alrededor de 6.6 millones de toneladas de carbón térmico-- acuda a la protección de la legislación estadounidense debido a que un tercio de sus operaciones se desarrollan en territorio estadounidense.

Los problemas entre la siderúrgica controlada por la familia Ancira Elizondo –que posee de manera indirecta una participación de 55%-- y CFE iniciaron a mediados del año pasado, cuando la empresa del Estado decidió reducir 30% el carbón que utiliza en dos centrales termoeléctricas, al tiempo que solicitó una reducción de precios, lo que derivó posteriormente en la cancelación unilateral de contratos.

Para CFE, los precios acordados antes de que diera inicio la administración del preside Andrés Manuel López Obrador eran desventajosos para su causa.

La decisión representó el fin de un contrato de 27 años y no solo afectó a Minera del Norte, sino que también representó un golpe para la empresa comercializadora de carbón Corporativo Industrial Coahuila (CIC) y su empresa Dos Repúblicas, en Estados Unidos, dijo Ahmsa en aquella ocasión.

Incluso, Ahmsa solicitó el concurso mercantil de Minosa y CIC, pero dio marcha atrás al proceso un mes después tras llegar a un acuerdo con un grupo de inversionistas encabezado por la también acerera Grupo Villacero.

Si bien en ese momento el acuerdo fue visto por muchos como el inicio del fin de los problemas de Ahmsa, a finales de agosto de este año la familia Ancira anunció su decisión de revocar el acuerdo, que de concretarse representaría el final de tres décadas de control sobre la acerera coahuilense.

Horas antes del anuncio de Ahmsa, el diario estadounidense The Wall Street Journal reportó que la empresa analizaba la posibilidad de iniciar un proceso de reestructura en Estados Unidos para evitar cumplir el acuerdo reparatorio que negoció con el gobierno de México por la venta de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados en 2013.

La solicitud de protección bajo las leyes estadounidenses también permitiría a la mayor siderúrgica del país vender una parte o la totalidad de su negocio, dijeron al medio personas con conocimiento del asunto.

La empresa, no obstante, no realizó ningún pronunciamiento al respecto.

Ahmsa comprometió el pago de más de 216 millones de dólares que, a consideración del gobierno mexicano, fueron pagados a sobreprecio por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) por la planta de fertilizantes.

El acuerdo permitió a Alonso Ancira, presidente y principal accionista de la empresa, obtener su libertad luego de un par de meses preso en el Reclusorio Norte, acusado por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero, así como sus vínculos por supuestos sobornos que involucraban a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex durante la administración del ahora expresidente Enrique Peña Nieto.

Como parte del acuerdo, el empresario puso como garantía del pago --que se realizará en tres partes-- 99% de las acciones de Ahmsa, así como algunos activos valuados en más de 170 millones de dólares.

El incumplimiento del acuerdo reactivaría el proceso penal en contra del empresario, quien también perdería el control de la mayor siderúrgica del país, dijo la Fiscalía General de República (FGR) en septiembre.