l presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaría dispuesto a aceptar algunos cambios a la iniciativa de reforma eléctrica para facilitar que ésta sea aprobada en el Congreso de la Unión,

siempre y cuando se respete el propósito esencial de la iniciativa: devolverle al Estado la rectoría del mercado eléctrico y evitar que opere con fines de lucro.

La aparente buena disposición del mandatario llega en un momento donde un número cada vez mayor de voces expresan preocupación por los efectos adversos en materia económica que podría ocasionar la reforma, diseñada para fortalecer a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad.

Quiero “que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y que la generación, la distribución de energía eléctrica no tenga propósito de lucro”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina. “Si eso se sostiene, adelante” con las posibles modificaciones.

López Obrador respondió así al mensaje que le envió el autodenominado Grupo Plural en el Senado de la República --conformado por Alejandra León, Nancy de la Sierra, Germán Martínez, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza--, quien ofreció a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, votar a favor de la reforma eléctrica siempre que sus propuestas sean incluidas en la legislación y se aclaren sus dudas sobre la misma.

Claro que para lograr la aprobación de su reforma el gobierno tendrá que sumar aún más votos, por lo que muchos analistas consideran que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría ser decisivo.



Crece oposición a iniciativa
Mientras el gobierno mueve sus piezas para sacar adelante la reforma, no son pocos los analistas y participantes de la industria que piensan que incluso una versión revisada tendría un costo económico importante para el gobierno y restaría confianza a las empresas particulares que actualmente invierten en el sector, lo que a su vez afectaría la estabilidad del mercado eléctrico.

Por ejemplo, los economistas del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley dijeron que la reforma eléctrica lopezobradorista representa un riesgo de cola que los mercados están subestimando, pues su impacto superaría con creces el efecto que tuvo la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 2019.

En un reporte, los analistas de ese banco dijeron que la iniciativa privada cuenta con inversiones por 55 mil millones de dólares en el sector eléctrico, 10 veces más que los recursos destinados al proyecto de la terminal aérea, que se canceló al inicio del actual gobierno.

Cuando López Obrador anunció la cancelación del fallido aeropuerto de Texcoco en octubre de 2018, antes de tomar posesión del cargo y con base en una cuestionada consulta ciudadana, provocó que el tipo de cambio se depreciara y que la bolsa de valores local cayera.

Por su parte, la International Chamber of Commerce de México advirtió que las empresas afectadas por la revocación de contratos y permisos para operar en la industria eléctrica podrían iniciar litigios internacionales contra el gobierno y la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esa organización que representa los intereses empresariales estadounidenses en el país estimó que el monto solicitado por los particulares como compensación podría ser entre 10 y 20 veces más alto que su inversión actual, misma que calculó en 44 mil millones de dólares.

Frente a las voces de preocupación, algunos funcionarios como Manuel Bartlett, el director de la CFE, insisten que el gobierno no pagará indemnizaciones a ninguna empresa, pues la reforma eléctrica plantea cambios a la Constitución y en esos casos no aplica el principio de irretroactividad (por el que una norma no puede regular hechos anteriores a su publicación).

Para algunos analistas, sin embargo, la nueva ley no solo afectaría los intereses de las empresas particulares, que hoy tienen una participación de 65% en el mercado eléctrico, sino que también entraría en conflicto con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido aquí como T-MEC.

De acuerdo con un reporte del banco BBVA México, la propuesta de reforma contraviene los capítulos 14 (Inversión) y 21 (Política de Competencia) del T-MEC, que es visto por el gobierno de López Obrador como la principal vía de crecimiento económico tras la pandemia de covid-19.

Por esta razón, un grupo de 20 congresistas en Estados Unidos envió una carta a Ken Salazar, el embajador de ese país en México, para pedirle que interceda a favor de los empresarios estadounidenses que participan en la industria energética mexicana.

En la carta, los legisladores dijeron que el gobierno de México ha emprendido acciones como la reforma eléctrica y los cambios a la Ley de Hidrocarburos, que discriminan a los productores de energía estadounidenses para favorecer a empresas estatales mexicanas. Agregaron que estas políticas dañan la relación comercial entre ambos países y representan “una potencial violación” a las cláusulas del T-MEC.

López Obrador negó que la reforma vaya en contra del acuerdo trilateral. “Al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones”, dijo en su conferencia de prensa del 13 de octubre. Incluso agregó que no hay ninguna cláusula en el T-MEC que obligue a proteger negocios abusivos de empresas.

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