A cuatro años del terremoto, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México va a la mitad, pero el colectivo Damnificados Unidos advierte sobre predios aún pendientes de determinar el tipo de intervención o reubicación,

viviendas sacadas del censo, retiro del apoyo de la Fundación Slim e incluso un edificio con daños en acabados tras el reciente sismo del 7 de septiembre.
Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– En el edificio de San Antonio Abad 39 de la colonia Obrera, en la Ciudad de México, vivían alrededor de 80 personas, principalmente adultos mayores, hasta que quedó inhabilitado por el terremoto de hace cuatro años. En 2020 se acordó que la Fundación Slim apoyaría con la reconstrucción, por lo que lo demolieron y en mayo expropiaron el predio para que tuviera certeza jurídica. Pero hace mes y medio les notificaron que se canceló el proyecto al argumentar que el precio del acero estaba caro.

“Tuvimos una reunión con la Comisionada para la Reconstrucción Jabnely [Maldonado Meza] y nos comentó que la Fundación Slim ya no iba a poder realizar nuestro proyecto ya que —la verdad es muy absurdo— el acero estaba muy caro”, dijo la damnificada Maricarmen.

La Comisión para la Reconstrucción se comprometió a encargarse de esta obra, pero no se ha acordado una opción que respete el número de departamentos-locales y que sea viable. “Ya no tenemos una certeza de lo que nos vayan a decir. Nos han traído dando vueltas y vueltas. Estamos en el limbo. No sabemos qué va a suceder con nosotros y ya cumplimos cuatro años fuera de casa”, aseguró quien actualmente vive rentando en el departamento de un amigo.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo detalló el 27 de agosto en gira por Chiapas que ante el daño de 25 mil 581 viviendas aquel 19 de septiembre el total de inversión para la reconstrucción serán 15 mil 755 millones de pesos que entregarán en los próximos dos años. La Comisionada para la Reconstrucción desde julio de este año, Jabnely Maldonado, dijo a SinEmbargo que estiman concluir en 2023.

Cuatro comisionados después —incluyendo uno preso—, la Comisión ha entregado 164 de 370 edificios multifamiliares (54 por ciento), 4 mil 961 de 6 mil 670 casas unifamiliares del primer censo (74 por ciento) y 297 de 7 mil 148 hogares unifamiliares del segundo censo (cuatro por ciento), éstas últimas sobre todo de Iztapalapa que no habían sido detectadas en el padrón previo. Aunque de las 12 unidades habitacionales ninguna se ha entregado.

“Nos parece un verdadero fracaso. En septiembre de 2018 el entonces Comisionado César Cravioto [dejó el cargo para ser Senador] señaló que terminarían el proceso de reconstrucción en dos años, declaración que repitió en 2019 como si no hubiera pasado ya uno. Estamos a tres años de ese momento y apenas alcanzan la mitad de la meta”, dijo Israel Ballesteros, vocero de la organización.

La Comisionada atribuyó el ritmo de avance a la falta de lineamientos para viviendas unifamiliares por parte de la gestión de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), a los contagios de COVID-19 en las obras y, en el caso de las unidades habitacionales, a que requieren procesos especializados de más de 12 meses por particularidades en su tipo de suelo.

El colectivo Damnificados Unidos resaltó del censo actualizado el 14 de septiembre las mil 679 casas aún pendientes de definir su intervención por requerir un previo mejoramiento de suelo y subrayó las 180 viviendas que deben ser reubicadas a un espacio apenas en construcción en la Alcaldía Tláhuac.

Además, la organización vecinal detectó predios que fueron sacados del censo como Apatlaco 10, Oriente 150 y Manuel Payno 186.

Eduardo vivía en una casa ubicada en Apatlaco 10, en la Alcaldía Xochimilco al sur de la Ciudad de México, pero se dañó por el sismo. Desde julio del año pasado su predio fue retirado del padrón porque fue considerado como local comercial al no encontrar la estufa y hallar aparatos eléctricos desarmados.

El vecino se dedica a la reparación de microondas y fue él quien trasladó la estufa al lugar donde ahora está habitando para poder cocinarse, por lo que exige que su hogar sea reconsiderado en la lista de beneficiados.

DAÑOS ESTE 7 SEPTIEMBRE

El vocero del colectivo Damnificados Unidos, Israel Ballesteros, recriminó que “por omisiones del Estado en prevención” primero aparecieron nuevos damnificados y daños por los sismos del 23 de junio de 2020 (Unidad Habitacional Lindavista Vallejo) y del 7 de septiembre pasado (escuelas e Insurgentes 1260) antes de que se terminara de resarcir los del 2017.

Aunque ningún inmueble registra daños estructurales, puntualizó la Comisionada Jabnely Maldonado.

El 21 de septiembre de 2020 se entregó reforzado el edificio en Insurgentes Norte 1260 en la Alcaldía Gustavo A. Madero, cuyos departamentos fueron entregados en 2013-2014 por Vertical Homes, actualmente bajo investigación de la Fiscalía local por fraude.

“Ahora que viene el sismo [del 7 de septiembre de 2021] presentamos fisuras tanto en las juntas frías como en los muros divisorios, donde hay desprendimiento de yeso y pintura. Ya vino el Director Responsable de Obra. Nos dijo que la estructura se encuentra bien y que esto nos estaría sucediendo cada evento sísmico”, aseguró Beatriz, administradora del edificio donde habitaban 165 familias.

Aunque los vecinos siguen endeudados con la hipoteca, ahora deben encargarse del costo de la reparación de los acabados en los 15 pisos y mantenimiento porque la Comisión para la Reconstrucción les notificó que no entran dentro de la garantía de la empresa Remasa que reforzó el inmueble.

Jazmín, la otra administradora del edificio, recriminó la omisión por parte de la Comisión, del DRO y la empresa. “Ellos son los expertos y si sabían que esto nos iba a pasar cada sismo, debieron contemplarlo para que los 165 vecinos no tuviéramos estos daños que son un gasto”, acusó.

SIGUE INVESTIGACIÓN A EMPRESAS

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició carpetas de investigación a las empresas que construyeron los inmuebles seminuevos en Tlalpan 550 (Arquitectoma), Insurgentes Norte 1260 (Vertical Homes) y Zapata 56 (Canadá Building), donde murieron dos personas, los cuales tuvieron afectaciones por el sismo por procesos constructivos “que se hicieron de manera irregular o poco eficiente”, informó entonces la Comisión para la Reconstrucción.

Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General también trabaja en la investigación a compañías que han ejecutado de manera negligente o con sobrecostos el proceso de rehabilitación o reconstrucción de Tlalpan 550, Multifamiliar Tlalpan, Río Lerma 45, Coquimbo 909, Aluminio 166, Vicente Suárez 123 e Insurgentes Norte 476.

“No hay una sola sanción para las que se enriquecieron con la reconstrucción a pesar de ejecutar mal o no terminar los acabados (puertas, clósets, instalaciones eléctricas)”, lamentó el vocero de Damnificados Unidos, Israel Ballesteros. “Las carpetas que han avanzado son contra las empresas que construyeron previo al sismo”.

En Insurgentes Norte 1260 hay una investigación penal contra la empresa que reforzó; en Tlalpan 550 hay dos carpetas de investigación contra la empresa que construyó y contra la de rehabilitación; y Juan Duay Huerta, el Director Responsable de Obra de Zapata 56, fue detenido en 2017 y liberado dos meses después. En 2019 dictaminó viviendas reconstruidas en Iztapalapa, Xochimilco y Magdalena Contreras, por lo que Damnificados Unidos exigió su restitución. La carpeta de Saratoga 714, donde murió una mujer, se cerró porque el DRO ya había muerto.

Además, el excomisionado para la Reconstrucción en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, Edgar Tungüí Rodríguez, fue detenido y extraditado desde España en mayo pasado. La Fiscalía General local lo señala de otorgar apoyos económicos millonarios en septiembre de 2018 a inmuebles que no cumplían los requisitos establecidos.