Durante la gestión de Irma Eréndira Sandoval, empresas señaladas por la Función Pública lograron evitar las sanciones y continuaron recibiendo contratos millonarios.

La mañana del 15 julio de 2019, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hizo una aparición inusual en el escenario de la conferencia mañanera. Con el rostro sin expresión, se paró en el pódium, que, generalmente, es del presidente, e informó que su dependencia tenía siete investigaciones relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños, el empresario que era delegado del gobierno federal en Jalisco.

“Sobre el caso Lomelí Bolaños se tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan datos de posibles conductas irregulares”, destacó la zar anticorrupción, quien dijo que cuatro de ellas eran con empresas relacionadas con él y eran contratistas del gobierno.

Entre ellas se encontraban Laboratorios Solfrán y Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), dos empresas de productos médicos que, según reveló en su momento Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se encontraban en un predio propiedad de Lomelí y que desde el principio de esta administración recibió contratos públicos.

Sandoval, con voz firme y sin hacer pausas en su discurso, dijo que refrendaba su compromiso con llevar las siete investigaciones hasta las últimas consecuencias. Continuó y aseguró que, desde el principio de la administración, se advirtió que no se tolerarían conflictos de intereses, y quien los tuviera no debería ni podría trabajar en el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’. Ese día anunció la renuncia de Lomelí Bolaños a su cargo en el gobierno federal.

Para septiembre de ese año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó de la inhabilitación de Laboratorios Solfrán y, en julio de 2020, la de Abisalud. A pesar de las sonadas sanciones, esta última empresa continuó recibiendo contratos, según se advierte en Compranet, la página de compras del gobierno de México.

De acuerdo con una base de datos elaborada por Expansión Política (*) a partir del directorio de la propia SFP, las empresas que siguieron recibiendo contratos al dejar sin efecto las inhabilitaciones vía un tribunal son: Transportes y Enlaces Especializados; BBC Transportes, Almacenajes y Logísticas; Laboratorios Solfrán; Urbanizaciones y Mantenimientos Viales JC; Valuación Operativa y Referencias de Mercado, y Servoil.

Mientras que las que lograron evadir las multas gracias al fallo de un tribunal fueron Carimed Equipos; Centro para el Desarrollo Integral y la Competitividad del Turismo en Áreas; Construcción Integral y Estructuras Metálicas, así como Grupo Fármacos Especializados y Laboratorios Solfrán.

Igual que Abisalud, al menos 12 empresas sancionadas por la misma dependencia siguieron obteniendo beneficios por parte del gobierno federal y se mantienen en el padrón de proveedores, a pesar de que la propia SFP las acusó de falsear información durante los procesos de contratación. La razón: han ganado en tribunales amparos para poder seguir en la cancha gubernamental.

Son compañías de distintos ramos que, según el propio portal, falsificaron información y recibieron multas que iban de 100,000 a 1 millón de pesos.

Las farmacéuticas
Entre las empresas que obtuvieron contratos a pesar de “falsear información” están dos del ramo farmacéutico: Laboratorios Solfrán y Abisalud. De acuerdo con el Directorio de Proveedores Sancionados del gobierno federal, la causa fue que proporcionaron información falsa durante el proceso de contratación.

En una revisión a la base de datos de compras públicas Compranet, se pudo comprobar que Abisalud recibió al menos tres contratos después de haberse hecho pública la inhabilitación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del año 2020.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Sandoval anunció, el 27 de julio de 2020, la inhabilitación: Abisalud fue sancionada por su participación en una licitación para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes y, de acuerdo con la información oficial, proporcionó “información falsa”.

Esta empresa ni siquiera aparece en el Directorio de Sancionados, por lo tanto, no es posible ver el historial en la página de la SFP. Sin embargo, esta situación queda clara en la demanda de amparo –a la cual se tuvo acceso– presentada por la empresa en julio de 2020 y que fue promovida por su representante legal, Juan Carlos Tadeo Martínez, esposo de la diputada morenista por Jalisco Érika García, y quien, hasta ese momento, era accionista mayoritario de Abisalud.

Inconformes con la resolución de la SFP, en el sistema de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aparecen 27 procesos judiciales relacionados con amparos promovidos por Abisalud contra el gobierno de México.

Según se puede leer, las resoluciones finales han sido aplazadas debido a la contingencia de COVID-19. Sin embargo, en medio de la disputa legal, Abisalud continúa recibiendo contratos desde que fue anunciada su sanción el pasado 27 de julio de 2020.

En total, esta empresa ha ganado 4 millones 290,000 pesos en contratos con el Instituto Nacional de Perinatología y con la Secretaría de la Defensa Nacional, desde que fue sancionada. En lo que va del actual gobierno, ha acumulado 304 millones 920,774 pesos, según información publicada por la página de Compranet.

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El 3 de febrero, la SFP perdió ante Lomelí. Un tribunal anuló, en definitiva, la inhabilitación en contra de otra de las empresas con las que se encuentra relacionado: Lomedic, que había sido proveedora del sistema de salud en gobiernos pasados. Con este fallo entre las manos, Lomelí se registró como precandidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco.

Lomedic es una empresa que, como se define en su página de internet, se dedica al abasto de medicamentos. Según la modificación que realizó el exdelegado en 2019 en su declaración patrimonial, su participación era ocasional, como administrador de la compañía.

Solfrán es otra de las empresas sancionadas por malas prácticas, fue inhabilitada el 13 de septiembre de 2019. Irma Eréndira Sandoval anunció, a través de sus redes sociales, que esa compañía no podría recibir más contratos durante dos años y seis meses. En diciembre de ese mismo año, la empresa presentó una demanda de nulidad en contra de la resolución, y una sala regional especializada en materia administrativa le concedió la suspensión provisional. De esta manera, Solfrán continuó “con el desempeño de sus actividades regulares”.

Para el 22 de enero de 2020, la SFP publicó en el Directorio de Sanciones que Laboratorios Solfrán podría participar de nuevo en concursos de gobierno, a razón de la decisión de la sala regional.

A partir de entonces, la compañía recibió ocho contratos entre enero y abril de 2020, por más de 14 millones 496,000 pesos con el IMSS, con Prevención y Readaptación Social y Servicios de Atención Psiquiátrica del gobierno federal.

Las transportistas
La empresa Transportes y Enlaces Especializados presentó documentación que no cumplió con los requisitos de las bases de una convocatoria en el año 2019. Según la Función Pública, el 15 de enero de 2020 fue notificada de que debería pagar una multa por 130,959 pesos.

La SFP nunca especificó públicamente si pagó la multa, pero inmediatamente después de que la dependencia detectó las irregularidades que cometió durante el proceso gubernamental, la empresa obtuvo dos contratos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por 642,000 pesos.

Otro transportista, BBC Transportes, Almacenajes y Logísticas, que da servicios de carga, proporcionó información falsa en el procedimiento de una licitación de 2018 para la contratación del servicio de mudanzas para la Secretaría de Cultura. Según la SFP, anexó tres cartas de recomendación a su propuesta técnica que resultaron no verídicas.

La inhabilitación era por un año y medio a partir del 4 de enero de 2019, aun así, para el 1 de marzo de 2020 –tres meses después–, ya había recibido un pequeño contrato de casi 70,000 pesos; mientras que, el 16 de diciembre de 2020, recibió uno por 164,000 pesos, con el gobierno de Jalisco, según se puede leer en Compranet.

Mantenimiento y construcción
Urbanizaciones y Mantenimientos Viales JC es una empresa dedicada a la reparación de caminos. Según la relación de sanciones de la SFP, proporcionó información falsa en una licitación pública en 2018, pues presentó la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social del IMSS, pero, de acuerdo con la autoridad, eso nunca aconteció.

La sanción fue impuesta el 21 de febrero de 2020 y obtuvo una inhabilitación de un año, pero seis meses después, recibió un contrato con Caminos y Puentes Federales, por 11 millones 752,000 pesos.

Por su parte, Servoil SA de CV, compañía dedicada al mantenimiento de elevadores, celebró un contrato en 2019 con la Secretaría de Cultura; sin embargo, nunca cumplió con el servicio. Fue inhabilitada el 16 de enero de 2020 por un año, pero el 8 de abril, es decir, tres meses después, recibió un contrato por 225,000 pesos con el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Finalmente, la otra empresa beneficiada a pesar de incumplir las condiciones de un contrato es Valuación Operativa y Referencias, que, según su propia página de internet, ofrece “servicios integrales de cálculo, información, análisis y riesgos”.

El 9 de julio de 2019 se publicó una resolución en la que la SFP la multaba por 30,804 pesos por no formalizar un contrato. Desde enero hasta mayo de 2020 recibió seis contratos con el IMSS, Banobras, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Fideicomiso de Fomento Minero, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por 3 millones 790,000 pesos.

Problema estructural
A decir de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, desde hace años se dieron cuenta de que la SFP tenía un problema estructural que han venido platicando con cada secretario de esta dependencia para saber qué porcentaje de las investigaciones que se abren llegan a una sanción y cuántas de las que aplican quedan activas.

“Hay una gran expectativa de que existan resultados concretos, por lo que imponen las sanciones y multas, pero una vez que los revisa, el Poder Judicial no le da la razón a la SFP y las empresas retoman su derecho de participar en procedimientos de gobierno y las multas no llegan a cobrarse. Es un problema que hemos señalado por muchos años”, señala Bohórquez.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, considera que uno de los problemas radica en que hace falta una plataforma digital de contrataciones, para que los funcionarios no puedan enviar invitaciones a los procesos de licitación a empresas inhabilitadas.

“Como no tenemos una buena plataforma, muchas veces hay errores de gestión. La plataforma permitiría automatizar muchos procesos”, expresa. Campos lamenta que, hasta hoy, todo se haga en papel y sin permitir una gestión efectiva.

NOTA: Se buscó a las compañías a través de sus páginas de internet y vía correos electrónicos. Algunas dijeron que revisarían la petición, sin tener respuesta antes del cierre de esta edición, mientras que otras no pudieron ser contactadas. Por su parte, la secretaria de la Función Pública tampoco dio respuesta a la petición de información a través de su vocería.

“Se partió de falsedades”
Graham Zubia, abogado de Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) y quien también habla en nombre de Laboratorios Solfrán y Lomedic, lamenta que la titular de la ahora extitular de la Función Pública haya basado sus acusaciones en contra de estas empresas en suposiciones que no se pudieron probar en los tribunales.

“Esto que pasó fue únicamente chisme, sobreexposición, lo que estudian los tribunales es si se cumplió con lo que establecen las leyes y se comprobó que los elementos que consideró la Función Pública para iniciar los procedimientos de sanción no eran suficientes. Lo que ellos quisieron dar a entender no era cierto y partieron de falsedades, ese fue su problema”, señala en entrevista.

Zubia subraya que el hecho de que la funcionaria relacionara los tres corporativos con el exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, ha dañado a las empresas, pues asegura que se demostróque, para entonces, el político ya no tenía participación en ellas y que así, “tumbaron”los procesos de la SFP en los tribunales.

En el caso de Abisalud, el abogado señala que se demostró que en el proceso licitatorio de 2015 (por el cual se inició la sanción) no se mintió al presentar una carta donde se manifestaba que ningún socio de la empresa era servidor público, como lo aseguró la dependencia. Zubia explica que la SFP argumentó que la carta no debió firmarse porque Lomelí era administrador de ella.

“La ley de adquisiciones dice que no pueden suscribir contratos si alguien que sea parte de la empresa es funcionario público, pero la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que únicamente son parte de la empresa los socios, no los administradores”, subraya.

Con ello, promovieron un amparo en contra del inicio del procedimiento y les otorgaron una suspensión para efectos de que la SFP no resolviera el procedimiento. Sin embargo, asegura que la SFP violó esta orden y entonces promovieron un incidente de suspensión. Hoy, Abisalud no está inhabilitada oficialmente.

FUENTE EXPANSION POLÍTICA