El presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió una revisión a los contratos para suministro de carbón entre Comisión Federal de Electicidad y empresas de Coahuila.

La revisión deriva del accidente en la mina Micarán, en la zona carbonífera del estado, y que dejó un saldo de siete mineros muertos.

Meses antes, familiares de los mineros de Pasta de Conchos alertaron al director de CFE, Manuel Bartlet, de los riesgos que había en varias minas de la región, incluida la del siniestro.

Tras el accidente ocurrido en la mina de carbón mineral Micarán, localizada en el municipio de Múzquiz, en el estado de Coahuila, el gobierno de México dijo que pondrá en la mira los contratos de suministro de este mineral que mantiene la empresa eléctrica del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la operación de sus termoeléctricas.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que llevará a cabo una revisión sobre la posible existencia de contratos entre la compañía del Estado y la mina que sufrió una inundación el viernes y que costó la vida de siete mineros, cuyos cuerpos ya fueron rescatados.

“No hay contratos, ese es el informe que me dieron, pero de todos modos eso lo vamos a revisar, pero eso es lo que viene”, dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina este viernes al ser cuestionado sobre la relación de CFE y la mina accidentada.

Por ahora, tras el rescate del último de los siete cuerpos, ocurrido la noche del jueves, las autoridades investigarán las condiciones --hasta antes del accidente-- en las que operaba la mina de arrastre localizada en la zona carbonífera del estado de Coahuila, agregó López Obrador.

La posible existencia de contratos entre ambas partes fue denunciada desde octubre de 2020 por la organización Familia Pasta de Conchos, una asociación surgida en 2006 tras el accidente ocurrido en la mina del mismo nombre --y propiedad de Grupo México--, que costó la vida de 65 mineros, en una carta dirigida a Manuel Bartlett, director general de CFE.

En la misiva, la organización entregó fotos de unas de las llamadas “cuevas de arrastre”, las cuales “corresponden a dos empresas que han firmado contratos con CFE y extraen el carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene. . . Dicha situación que se repite a lo largo de la región se debe a que se ha permitido durante décadas que los empresarios operen sin cumplir las leyes, incluso sin tener minas o coyoteando carbón de minas clandestinas”.

CFE negó, en un comunicado publicado el sábado 5 de junio, que esa mina fuera proveedora de la empresa eléctrica estatal y aseguró que el director Bartlett no tenía conocimiento de la situación que ahí se vivía.

No obstante, en un nuevo posicionamiento, la organización minera insistió en que accidentes como el ocurrido en Micarán pueden ser evitables, pero requiere del compromiso de las autoridades, así como de la creación de un Protocolo Nacional de Salvamento Minero que establezca líneas de mando en los tres niveles de gobierno y que se aplique en todo el ámbito minero.

“Más que pronunciamientos o condenas públicas, lo que urge son medidas que eviten más muertes y accidentes: la prohibición legal de las llamadas ‘minitas de arrastre’ o ‘cuevas’ y los pozos de carbón; el compromiso público de CFE de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la revisión de todos los contratos asignados; la cancelación de títulos mineros de todas las áreas que ya han sido explotadas”, dijo la organización. “Por último, una investigación diligente y exhaustiva que alcance a los empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores por no cumplir con las leyes y normas a las que están obligados”.

El año pasado, CFE anunció la adjudicación directa de contratos de compra de carbón a 75 productores del estado de Coahuila, en su mayoría pequeños, como parte de un programa de apoyo y reactivación económica para la región de Sabinas, valuado en dos mil 68 millones de pesos (92 millones de dólares) para el suministro de la central termoeléctrica “José López Portillo”, en el municipio de Nava, Coahuila.

López Obrador, en su conferencia de este viernes, comprometió llevar a cabo una revisión para descartar abusos por parte de las empresas y garantizar la protección de los trabajadores.

También recordó que anteriores administraciones dejaron abandonadas las labores de rescate de los restos de los 65 mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de la mina Pasta de Conchos, y estimó que las tareas para el rescate de los restos costarán dos mil millones de pesos y espera finalizarlas antes de terminar su administración.

Los trabajos de rescate de los cuerpos de estos mineros atrapados hace 15 años son encabezados por la propia CFE.



FUENTE SENTIDO COMÚN