"Demasiados buscan obtener la fama, el poder, el dinero; muy pocos buscan vivir su verdad". Jodorowsky Cuando se da el gran robo por parte de las autoridades, primero dicen que se investigaran hasta las ultimas consecuencias, luego echar la culpa a los anteriores gobiernos. Ahora la presidenta revira y dice que es culpa de anteriores gobiernos, solo falta que demande a Santana y Porfirio Díaz, y como van las cosas hasta de su tumba los saca, les hace juicio sumario y los fusile.

Recuento de los daños de Guadalupe Taddei en el INE y donde salte la liebre. Situación legal e investigaciones recientes Denuncia ante la FGR: El INE formalizó una denuncia penal contra Taddei, exfuncionarios y contratistas para investigar posibles delitos como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones. Bloqueo de cuentas: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei y de decenas de personas y empresas vinculadas como proveedoras del instituto. Auditorías en curso: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre el uso de recursos públicos en el organismo y en los institutos electorales locales. Origen del escándalo Contratos irregulares: Las investigaciones surgieron tras la difusión de videos y reportes periodísticos en medios como Latinus sobre presuntos sobornos ("moches") y adjudicaciones millonarias. Proveedores señalados: Se indagan contratos relacionados con papelería electoral, producción de credenciales para votar, la elección judicial de 2025 y servicios de alimentación otorgados a empresas como Productos Serel y contratistas como los hermanos Hernández Casillas. Contexto institucional del INE Renuncias en cadena: Junto con la salida de Taddei, alrededor de 30 directivos y colaboradores cercanos presentaron su renuncia al instituto. Relevo y elecciones de 2027: Corresponde a la Cámara de Diputados designar a la persona que ocupará definitivamente la presidencia del organismo. Mientras tanto, el INE mantiene en marcha la organización de las elecciones intermedias de junio de 2027. Nadie en el gobierno de Morena está enterando, ni la presidenta. Hasta las fotos que tenían con Taddei están quitando y nadie la conoce. La pregunta: ¿Además de los funcionarios del INE, quien mas estará involucrado? Por su parte quienes forman parte en las redes sociales como que se les un poco el barco. Eso ya empezaron de nuevo que revise el pasado, ellos los culpables de todo. El enriquecimiento ilícito por parte de las autoridades del Estado constituye una de las mayores afrentas a la democracia y al Estado de derecho. Cuando un servidor público desvía recursos destinados al bienestar común para su beneficio personal, no solo comete un delito contra el patrimonio público, sino que fractura profundamente la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la como salud, educación e infraestructura, convirtiéndose en un obstáculo sistémico para el desarrollo de las naciones. El enriquecimiento ilícito se manifiesta cuando el patrimonio de un funcionario público se incrementa notablemente sin que este pueda justificar su procedencia de manera legítima, derivando directamente del uso indebido de su cargo. Para que este dinero público termine en cuentas privadas, las autoridades suelen tejer redes complejas de corrupción que involucran la falsificación de licitaciones, la creación de empresas fantasma, el desvío de partidas presupuestales y el pago de sobornos. A diferencia de otros delitos donde el daño es inmediato y localizable, la malversación de fondos estatales tiene un efecto multiplicador. Cada peso o dólar extraído del erario público representa una escuela sin mantenimiento, un hospital desabastecido o una carretera inconclusa. Así, la corrupción deja de ser un simple problema legal para transformarse en una crisis de derechos humanos, afectando con mayor severidad a los sectores más vulnerables de la población. Mecanismos de Prevención y la Lucha Contra la Opacidad Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende de la autonomía de los órganos de control y de las fiscalías anticorrupción. Cuando el sistema judicial está cooptado por los mismos actores políticos que debe investigar, las leyes se vuelven inoperantes. Por ello, la cooperación internacional, la tipificación estricta de delitos como el cohecho y el peculado, y la implementación de leyes de extinción de dominio —que permiten recuperar los bienes confiscados para devolverlos a la sociedad— son pilares indispensables para romper el ciclo de la impunidad. El enriquecimiento ilícito de las autoridades no es un mal inevitable, sino una falla estructural que requiere una respuesta contundente y coordinada de la sociedad y sus instituciones. La sanción penal y la inhabilitación de los corruptos son necesarias para castigar el delito, pero la verdadera solución radica en la prevención, el fortalecimiento de la transparencia y la participación ciudadana activa a través de la denuncia. Solo mediante una cultura de rendición de cuentas intransigente se podrá garantizar que los recursos del Estado se utilicen exclusivamente para el fin con el que fueron creados: el desarrollo armónico y justo de toda la comunidad. Mucho que decir -mas que entender -. No se escapan los Tribunales Agrarios. De plano desde la creación de los Tribunales Unitarios hasta la fecha en Chihuahua no hemos tenido uno “bueno”. Los Tribunales Agrarios en México enfrentan fuertes críticas por su rezago histórico, la falta de magistrados titulares, los recortes presupuestales y el cierre de sedes, factores que obstaculizan el acceso a una justicia pronta y expedita para ejidatarios y comuneros, además de corrupción al interior falta de capacitación y no se les diga nada en las audiencias, son los dioses del olimpo. Siempre tienen la Razón. Un marcado abuso y dilación por juicios de amparo: Aunque el juicio agrario está diseñado para ser oral y sumarísimo, la interposición constante de juicios de amparo indirecto y directo ante tribunales federales provoca que los expedientes reboten durante años por errores técnicos (como fallas en notificaciones o peritajes incompletos). Rigidez formalista: En la práctica, muchos magistrados aplican criterios excesivamente formalistas propios del derecho civil o administrativo, perdiendo de vista el principio constitucional de suplencia de la queja que debería proteger a los campesinos e indígenas en situación de vulnerabilidad. La mayoría de los magistrados desconocen el proceso que se sigue en cualquier juicio. El magistrado del Tribunal Agrario en Chihuahua, Raúl Eduardo Covarrubias García, fue cesado en sus funciones, se dice que rodaron cerca de doce millones de pesos por los pasillos del Tribunal. Además, entrego la cabeza su secretario JOAQUIN ROMERO GONZALEZ, considero que con esto se salvaría de la guadaña. Por lo pronto el magistrado ya no regreso. Remato, el magistrado agrario suspendido, pero lo mandaron a otro Estado. Así o mas cabron. Así también Tribunales de Control Constitucional le siguen procesos por no acatar suspensiones de actos de autoridad, ya se le están dando vista al ministerio publico federal para que inicie las investigaciones. No sabe si estos ilegales son omisión, acción, corrupción o la mas grave la ignorancia. Salud y larga vida Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH. X profesor_F Instagram profesorf