Seguimos con la carta que la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU le envió a AMLO;[1] la misiva se centra también en “Estándares internacionales relevantes para la permanencia en el cargo de los jueces”;

éstos “prohíben su remoción arbitraria o sin justa causa”.[2] El documento hace énfasis en que la seguridad en el cargo “es crucial para la protección de la independencia juridicial, en tanto permite que los jueces ejerzan sus funciones de forma libre de amenazas de perder su posición si sus decisiones no complacen a otros poderes estatales”. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos ha expresado reiteradamente su preocupación sobre la falta de seguridad en el cargo judicial, “creada por mandatos judiciales cortos o legislación que permite a destitución de jueces por razones que podrían ser manipuladas políticamente”.[3] La relatora concluye asimismo que la selección de jueces por lapsos cortos “debilita el sistema judicial e impacta negativamente la independencia y desarrollo profesional de los jueces”.16 En cuanto a la remoción anticipada de todos los jueces en funciones una vez que los nuevos jueces sean electos, apunta dos temas centrales: que “sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial”; y que la remoción abrupta de un número tan grande de funcionarios judiciales (se calculan mil 800) “podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales, y podría violar su derecho a un juicio justo reconocido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Destaca también el absurdo de alinear los períodos de duración del cargo judicial con el ciclo electoral presidencial porque constituye un riesgo de politización del sistema de justicia aún mayor: “Durante los períodos electorales, los votantes podrían ser influenciados por la retórica política y la campaña partidista, lo cual podría llevarlos a alinearse con la selección de un juez que comparta su preferencia política en lugar de una selección basada en la competencia e integridad de los candidatos a jueces. Esto constituye un riesgo de degradación de la profesionalización de la judicatura”.[4] El escrito concluye con una declaración contundente; la Relatora Especial expresamente manifiesta: “Me preocupa que la reducción arbitraria de los salarios judiciales y una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria independiente de la judicatura lesionará la independencia judicial en México”.[5] Independencia, inamovilidad, intromisión presupuestaria, etc., son algunos de los aspectos que obligan a la Relatora Especial a exigirle a nuestro país que indique: Las medidas tomadas para asegurar que las reformas legislativas señaladas cumplan con los estándares internacionales y provean un procedimiento de selección judicial no politizado, basado exclusivamente en los méritos y calificaciones de los candidatos; Las medidas adoptadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados en el país, permitiéndoles ejercer sus funciones de forma libre de interferencias de otros poderes, y Las medidas tomadas para asegurar que el Poder Judicial cuenta con los medios necesarios para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, incluyendo las más vulnerables. ¡Toma chango tu banana! Tercer y definitivo nocaut: ONU 3, AMLO 0. Vamos a ver cómo en MORENA salen de ésta sin hacer el tradicional ridículo. Contácteme a través de mi correo electrónico o sígame en los medios que gentilmente me publican, en Facebook o también en mi blog: http://unareflexionpersonal.wordpress.com/ Luis Villegas Montes. [email protected], [email protected] [1] Carta de Margaret Satterthwaite. [En línea] Visible en el sitio: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29251 Consultado el 31 de julio a las 22.00 hrs. [2] Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Principio 2, Principio 18 Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, documento de la OEA, OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 octubre 2002, párr. 229. [3] CCPR/C/BLR/CO/5, párr. 39., CCPR/CO/71/UZB, párr. 14 (expresando una grave preocupación de que “El nombramiento de jueces por un período de solo cinco años, especialmente si se combina con la posibilidad, prevista por la ley, de tomar medidas disciplinarias contra los jueces debido a “fallos incompetentes”, los expone a una amplia presión política y pone en peligro su independencia e imparcialidad.”) 16 A/HRC/11/41 (24 marzo 2009), párr. 54. Énfasis añadido. [4] Énfasis añadido. [5] Énfasis añadido.